La Ley de Tierras Rurales delimita una “zona núcleo” conformada por el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. Las tres provincias configuran una “gran área estratégica” por la alta productividad de sus suelos. La normativa establece un límite de 1000 hectáreas para capitales extranjeros que pretendan invertir en este perímetro y su equivalente en el resto de las tierras del país. El tope máximo para la extranjerización de los campos está fijado en un 15% del total de la superficie nacional.

En la actualidad, el territorio controlado por inversores externos no supera el 6%, lo que equivale a 16 millones de hectáreas, de las cuales medio millón están en Santa Fe. El porcentaje en la provincia es aún más bajo que el promedio nacional: 4,2%.

Días atrás, el gobierno dio el primer paso para abrir las tranqueras a empresarios y sociedades foráneas que operan en el negocio inmobiliario rural. No modificó los límites, pero sí desarticuló una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para adecuarse a la norma. La Ley de Tierras Rurales fue sancionada por el Congreso en diciembre de 2011 por amplia mayoría.

El nuevo decreto (820/2016) ofrece alternativas para eludir, a través de sencillas maniobras contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas hasta ahora. Por un lado, define que se considera titular extranjero a quien sea titular de más del 51% del capital. En el anterior texto alcanzaba con el 25% para entregar en la categoría de inversión externa.

Otra modificación elimina la exigencia de obtener la habilitación del Registro Nacional de Tierras Rurales en el caso de modificaciones accionarias de estos capitales. Los extranjeros que compren acciones deberán comunicarlo al Registro sin necesidad de requerir el certificado previo que controle el cumplimiento de las limitaciones legales.

Lo llamativo es que la norma explica en su artículo 6 cómo deben hacer los inversores para sortear las restricciones vendiendo o transfiriendo aquella porción de tierras rurales que exceda el límite legal. De este modo, un capital extranjero podría simular una adecuación a la ley a partir una transferencia a una empresa propia, lo que les garantiza mantener el control de las tierras.

El decreto además presiona a las provincias para que definan en breve sus "equivalencias", en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito (la referencia son las 1000 hectáreas de la zona núcleo). En caso contrario, la resolución del gobierno advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales "fijará las equivalencias".

Este consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.

Como si fuera poco, el nuevo marco regulatorio otorga mayor laxitud respecto de la protección de los cursos de agua en las tierras que puedan adquirirse, dejando sin efecto el bloqueo directo a las adquisiciones de terrenos que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

Las provincias deberán ahora confeccionar un mapa que contenga todos los cursos de agua y que servirá como registro para inhabilitar la compra de aquellas tierras que cuenten con estos recursos hídricos. Pero, hasta tanto ese mapa no esté terminado, permite a los compradores presentar una nota confeccionada por un "profesional idoneo en la materia" y obliga a las autoridades provinciales a emitir un dictamen dentro de los diez días hábiles siguientes, caso contrario, la compra queda "autorizada".

"La nueva reglamentación busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país, que hoy es muy baja”, explicó Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, una vez que el decreto se publicó en el Boletín Oficial.

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) adelantó que los cambios “ayudan” pero “no son suficientes”. La entidad habló de un “primer paso” para modificar toda la ley. El objetivo es extender los límites a 2000 o 3000 hectáreas, según adelantaron sus voceros.

El mapa de tierras extranjeras en Santa Fe

La provincia está ubicada en el 15º lugar a nivel nacional en porcentaje de hectáreas en manos foráneas con un 4,2 del total de su superficie rural. Esto significa que de las 12.832.375 hectáreas, 536.000 están en manos de propietarios no nacidos en el país.

De ese total, 141 mil hectáreas pertenecen a personas jurídicas y 395 mil a sociedades empresariales, según se desprende del último relevamiento realizado por el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) de Santa Fe.

Los datos se publicaron a fines del 2013, tal como exigía la ley sancionada tiempo atrás. “El Estado le ordenó a los extranjeros, a través de los escribanos, que declararen sus propiedades. Lo que apareció fue que muchos de ellos estaban dentro de sociedades, por lo que sus nombres estaban ocultos y ahora, a raíz de este relevamiento que se dio a conocer en la Casa Rosada, se vieron obligados a declarar la cantidad de tierras que poseían”, explicó en su día Horacio Palavecino, a cargo del organismo.

El funcionario detalló “tres grandes manchas” con campos en poder de extranjeros. El primero, en la zona de San Javier y Garay. La información recolectada da cuenta de emprendimientos vinculados a cotos de caza, negocios turísticos y de pesca. El segundo punto está ubicado en el extremo norte (Vera y General Obligado). Las tierras están en manos de propietarios italianos y españoles vinculados al negocio de la leña y la ganadería.

La última mancha hay que buscarla en el polo sojero del sur provincial, principalmente en el departamento General López. Empresas como Cargil y Dreyfus explotan cientos de hectáreas para cosechar soja, la estrella del sector agropecuario en la última década.

Críticas y temor

Son muchas las voces que en Santa Fe cuestionan la modificación por decreto de una la ley debatida y sancionada en el Congreso. El denominador común es el temor a un desembarco de capitales extranjeros en los campos de la provincia, situación que esta el momento estaba “contralada”, según explican desde la Casa Gris.

El ministro de la Producción, Luis Contigiani, advirtió que se trata de una “clara señal en favor de que crezca la participación de la compra extranjera de la tierra con un bien que es estratégico”.

"Argentina sigue siendo productora de alimentos en el tablero mundial. Actualmente, la frontera agrícola global llegó a su techo y, para proucir más alimentos, será necesario un crecimiento vertical y no horizontal. Por tal motivo es indispensable regular la participación externa", aseguró.

Contigiani admitió que el poder Ejecutivo provincial está evaluando los “pasos a seguir” ante un decreto que no cayó nada bien. “Es negativo por donde se lo mire”, sintetizó.

Por su parte, la diputada nacional Silvina Frana (FpV) pidió que, en primer lugar, se “respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del presidente”.

 “Con el argumento del gobierno nacional de abrirnos a la búsqueda de inversiones extranjeras, se está atentando contra los pequeños productores, que desde hace tiempo esperan la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar. Resulta llamativo que en el momento en el que se aprueba la ley de blanqueo se facilite a través de este decreto la compra de tierras por parte de extranjeros", se quejó

La legisladora denunció que en la actualidad hay más de 1,1 millón de hectáreas que  se encuentra en manos de empresas registradas en paraísos fiscales. “Estos son datos que ameritan la atención e intervención de la Afip y la Uif y deben investigarse. Sin embargo, el decreto va en la dirección opuesta”, criticó.

A su vez, el Secretario Gremial Federación Agraria Argentina (FAA), Orlando Marino, denunció que el gobierno pretende poner un “cartel de remate a los campos con los productores adentro”. “Necesitamos políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, las economías regionales, los pueblos del interior. En lugar de eso, nos encontramos con un decreto que el propio gobierno presenta como facilitador de las inversiones externas y de la expansión del negocio agroindustrial”, subrayó.