Según las distribuidoras, los usuarios se perjudican si no hay tarifazo
Desde la asociación de distribuidoras de energía, entidad de la que participa la EPE, no es competencia de la jueza dictar la suspensión en todo el país
El revés judicial que las distribuidoras de energía eléctrica recibieron la semana pasada cuando una jueza federal ordenó no aplicar los aumentos, impulsó a la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) a enviar un comunicado público para dar su postura: rechazan las audiencias públicas y argumentan que un freno al aumento comprometería la calidad del servicio.
Según la asociación, de la cual forma parte la Empresa Provincial Energía (EPE), el objetivo del comunicado es demostrar la “necesidad de informar al público las inconsistencias y potenciales riesgos de la medida dictada por la Jueza Federal Martina Forns”.
En primer lugar sostienen que “los cuadros tarifarios ya sancionados en las distintas provincias no deben verse afectados por disposiciones de la Justicia Federal, que resulta incompetente en la materia” ya que “cada jurisdicción define forma independiente la tarifa que debe aplicar la distribuidora de su ámbito de injerencia”.
“Asimismo la medida judicial genera el quiebre de la cadena de pagos en la que se sustenta el sector eléctrico en su conjunto. De no revertirse esta situación se verán comprometidas, en el corto plazo, la prestación del servicio público y su calidad en todo el país, perjudicando directamente a quienes se pretende proteger”, apunta.
Audiencias públicas
El fundamento de los juristas que primó tanto en los fallos de gas como de energía eléctrica es la falta de una audiencia pública que analice la situación puntual, y que eso fue reemplazo por el tarifazo arbitrario del gobierno.
La asociación relativizó el mencionado derecho constitucional al calificarlo como “supuesta necesidad de realizar audiencias para el traslado a tarifas”, que, a su entender, “este valor es definido por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, se actualiza cada tres meses y se incluye en la factura sin necesidad de audiencias públicas que lo validen”.
La semana pasada, la jueza federal de primera instancia de San Martín, Martina Forns, les ordenó al Ministerio de Energía y a Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que suspendan los aumentos de las tarifas de electricidad que aplicaron en febrero.