Después de muchas indefiniciones, el Estado Nacional administrará la Hidrovía por un plazo de doce meses a través de la Administración General de Puertos (AGP), una vez que termine la prórroga en agosto otorgada a la actual operadora que realiza las tareas de mantenimiento del río por donde pasa el 75% de las exportaciones.

Por ese lapso, "el sistema va a estar bajo control estatal, en cabeza de la AGP", afirmó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, lo que significa que terciarizará las obras de dragado y balizamiento a un privado, dado que el Estado no tiene los recursos ni la expertise del tema. Así lo había adelantado Rosarioplus como una de las opciones.

Pero además, la AGP tendrá a su cuenta el cobro del peaje a los buques que transitan la vía navegable.  Hasta ahora el concesionario privado era el que cobraba la tarifa, pero con el nuevo DNU “se le otorga a Transporte la facultad para establecer la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje”. 

Esto definiría de una vez por todas un asunto delicado que tiene intereses cruzados, no sólo de privados, sino también dentro del gobierno nacional. Mientras el kirchnerismo referenciado en el Instituto Patria pedía por una estatización y manejo del peaje, desde Transporte, donde predomina el massismo, pretendía mantener el actual esquema y mejorar la licitación. 

De esta manera AGP será una suerte de híbrido para contentar a todos: tendrá una pata estatal al administrar y controlar el negocio, pero las obras de dragado y balizamiento seguirán en mano de un privado a través de concesión por obra pública.