Este miércoles en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación se puso en debate la reforma a Ley de Alquileres. Si bien no hubo consenso, el Frente de Todos impuso un dictamen de mayoría que lleva a mantener algunas de las disposiciones existentes, resistidas por el sector inmobiliario, como es el plazo de duración de contratos y la fórmula de indexación anual.

Ariel D’Orazio, integrante del Consejo de Vivienda de la Oficina del Consumidor del Concejo Municipal, sostuvo a Rosarioplus: “Es lógico que no haya habido consenso porque hay una posición bien marcada: los inquilinos son los que peor la pasan. Pero por suerte, hubo una gran mayoría de legisladores que mostraron una mirada más cercana a los más de 9 millones de inquilinos”.

“Se mantuvieron los derechos logrados con la legislación actual y se atacó con mirada propositiva la falta de oferta en el marcado de alquiler, a través de las acciones impositivas para quienes vuelquen al mercado locativo un inmueble“, detalló

Y prosiguió: “Sobre todo, los pequeños tenedores de viviendas, porque los monotributistas que declaraban tres inmuebles, inmediatamente eran subidos de categoría y obviamente tenían perjuicio fiscal. Por eso, es lógico que se quiera aliviar esa carga. También hay una promoción fiscal para la construcción, siempre y cuando esas construcciones sean destinadas al alquiler. Veremos cuándo se logran los 129 votos necesarios para cerrar el proceso del debate”.

Según el especialista en temas de vivienda, la incertidumbre sobre qué va a pasar con la ley “debe cerrarse aprobándolo en Diputados. Eso dará respaldo y certezas a inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios”.

“Se legisló y se sigue legislando con un desconocimiento total de la cantidad de alquileres y de inquilinos”, cuestionó D’Orazio. “Y pensar en establecer libremente entre las partes las actualizaciones semestrales de contrato es encarecer el costo de vida del inquilino. Lo mismo, que se fije el precio inicial cada dos años (en lugar de cada tres). No hay relación pareja de fuerzas; los propietarios tiene ventaja sobre los inquilinos, y el Estado debe tutelar un derecho básico y humano como es el acceso a la vivienda“.

Por su parte, Sebastián Artola, referente de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, dijo: “Frenamos la avanzada del mercado inmobiliario sobre el Congreso. Logramos un dictamen de mayoría del FDT que protege los derechos de los inquilinos que incorporó la nueva ley”.

“Las propuestas de modificación regresivas de la ley, según lo que quería el mercado inmobiliario, quedaron en minoría”, agregó Artola, en referencia a los 14 votos que tuvo el dictamen de Juntos por el Cambio que plantea la reducción del contrato mínimo a 2 años y la liberación de los aumentos.

“La enorme militancia de todas las agrupaciones de inquilinos del país durante estas semanas puso un freno a la presión del lobby inmobiliario y permitió que muchos diputados entendieran que estaba en disputa en esta discusión”, afirmó Artola.

“Por supuesto que falta y muchísimo, vamos a seguir luchando para la regulación del precio inicial de los alquileres y para que de una vez por todas exista en nuestro país una política integral de acceso a la vivienda, donde el Estado tiene que tener un rol fundamental”, concluyó.