La violencia económica de género está tipificada por la legislación argentina, aunque son escasos los fallos en los que se castigan situaciones donde los varones impiden el trabajo de las mujeres, esconden el patrimonio de la pareja, retienen el sueldo de ellas o no pagan la cuota alimentaria de los hijos, resumieron abogadas que trabajan la temática.

Para la abogada Carolina Ramírez, la violencia económica "es la primera prisión para las mujeres que las lleva a sufrir otras violencias" porque "es la más representativa de la pérdida de autonomía de ellas".

En un informe redactado por Télam, la profesional que trabaja en el fuero de Familia de la Justicia de Córdoba, en el área donde se reciben denuncias por violencia de género, dijo que "el rol del Estado es fundamental para facilitarle educación y trabajo a las mujeres que están en peligro y deben salir de situaciones violentas".

En tanto, Helena Estrada, abogada a cargo del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (Cedem) del Ministerio de Producción y Trabajo nacional, consideró que "es difícil para una mujer tener libertad, si no tiene libertad financiera".

El organismo realizó el año pasado dos encuentros sobre violencia económica y patrimonial junto a las Cortes Supremas nacional y bonaerense "ya que es una de las violencias menos explorada y visibilizada, incluso, dentro del Poder Judicial y entre las y los abogados", dijo la funcionaria.

La tarea de Estrada fue destacada en Twitter por Mariana Zuvic, diputada del Parlasur y dirigente de la Coalición Cívica (CC)-ARI, quien se separó de su pareja, el senador radical por Santa Cruz, Eduardo Costa, a quien dijo en redes sociales que demandó por violencia económica.

Zuvic no quiso hacer declaraciones, y a través del jefe de prensa de la CC envió un mensaje a esta agencia: "Me separé hace muchos meses en silencio. Efectivamente hay una demanda por violencia económica que espero sirva de antecedente para miles de mujeres que sufren lo mismo y no saben que hay jurisprudencia al respecto", dijo.

Su testimonio puso nuevamente en agenda pública la violencia económica que "va desde no dejar trabajar a la mujer, romperle sus elementos de trabajo, no dejarle abrir una cuenta bancaria, controlarle los gastos o retenerle el sueldo. Y hay más. Todos son comportamientos violentos", enumeró Estrada.

También "el ocultar el patrimonio de la pareja, que en general administra el hombre, quien no rinde cuentas sobre la planificación, las deudas; dónde se guardan los papeles importantes, los títulos, ni brinda detalles de las cuentas bancarias", añadió.

Por su parte, la abogada Soledad Pujó resaltó que "es violencia económica cuando los varones suspenden el pago de la cuota de alimentos, de los gastos de la vivienda, de la escuela de las hijas e hiios. Ellos dejan de pagar el alquiler, la mujer no tiene ingresos o tiene pocos y se dan procesos de desalojos donde ellas y los chicos quedan en la calle".

Agregó que hay procesos donde "los padres dejan de pagar las cuotas de las escuelas o el club donde hacen actividades los chicos, lo que va en detrimento de la calidad de vida de los niños. Las madres se endeudan para tratar de sostener la escuela y actividades que ordenan el día de sus hijos y que les permiten a ellas hacer actividades remuneradas".

Otro dato que aportó la profesional es que "en contextos de violencia de género muchas mujeres firman acuerdos en desmedro de sus derechos para terminar con los procedimientos litigiosos, con las discusiones y los contactos con el violento, donde él sigue ejerciendo violencia psicológica y emocional".

Las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y de la línea telefónica 144 de asistencia en violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres del año pasado y del primer trimestre de este año, muestran que las denuncias por violencia económica se ubican en un 30%.

En Argentina, la ley 26.485 en su artículo 5, inciso 4 define a la violencia económica y patrimonial y sus manifestaciones.