"Hay abogados, policías y políticos que colaboran con las bandas de tira tiros"

"Hace tiempo que venimos investigando a estas organizaciones. Que no se componen solamente de tira tiros. Hay inversiones inmobiliarias, agropecuarias, en vehículos. Y el dinero, es poder. Si ellos siguen manejando esa cuota de dinero, por más que estén presos, seguirán teniendo poder". La frase es del fiscal Matías Edery, uno de los fiscales que tuvo a su cargo la causa por la que "Guille" Cantero volvió a enfrentarse a un juicio, ahora por balaceras e intimidaciones que se le imputan, cometidas en 2018 contra policías y jueces que investigaban a "Los Monos". Son siete acusados en total, para los que Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo pidieron penas de entre 9 y 24 años de prisión. El primero brindó además detalles sobre la trama del juego ilegal, una investigación por la que está citado este lunes el senador provincial Armando Traferri a una audiencia imputativa. Edery analizó en un reportaje de Rodrigo Miró, por Radio Universidad, el inicio de la instancia judicial que puso a Rosario en el centro de la agenda nacional, tras la nueva balacera contra el Centro de Justicia Penal a mitad de semana y el inicio fuerte del juicio, con las declaraciones de Cantero. 

—¿Lo sorprendió la declaración de Cantero al inicio del juicio, cuando dijo de sí mismo que 'contrata sicarios para tirar tiros a los jueces"?

—No. Es parte del show que está acostumbrado a montar. Cantero siempre hace lo mismo. Busca estar en la tapa de los diarios, intimidar, que haya consternación en la gente o que los periodistas hablen de él. Es un desafío a la autoridad. Pero en otros juicios, otros integrantes de su familia han hecho cosas parecidas. 

—¿Y cómo se explica que aún estando detenidos hace tiempo, estos líderes de bandas mafiosas sigan teniendo poder para actuar?

—Porque no sólo son los tira tiros. Estas bandas tienen abogados, contadores, escribanos, policías y políticos que los ayudan afuera. Por eso es importante avanzar contra todas las estructuras económicas, no sólo contra el que tira tiros en la calle, sino también sobre quienes les lavan el dinero y les prestan apoyo.  

—En este marco, ustedes empezaron investigando un asesinato en el Casino y terminaron desnudando una red de corrupción vinculada al juego clandestino, que llegó a varios fiscales que fueron destituidos y hasta al senador provincial Armando Traferri, que debe comparecer este próximo lunes en una audiencia imputativa. ¿Qué puede pasar?

—No sabemos. Nosotros esperamos que se presente. Pero este es un caso muy paradigmático. Porque ayer a la tarde, hubo una audiencia en la que se le imputó, también a Guille Cantero, el homicidio a esa persona en el casino, de enero de 2020. Y la investigación, que es también por extorsión, porque en realidad eso se trataba de que estaban extorsionando al casino, termina con la imputación a Traferri. Y desentrañando una red de corrupción, con policías, fiscales y políticos. 

—Resulta inadmisible para la ciudadanía que los presos de alto perfil sigan comandando bandas delictivas desde adentro de las cárceles, por teléfono. El ministro Jorge Lagna, de Seguridad, dijo que la explicación hay que pedírsela a Roberto Sukerman, de Gobierno, que controla al Servicio Penitenciario. ¿Usted como fiscal qué opina?

—Por supuesto que hay competencias que corresponden a los ministerios, pero estamos en la problemática porque permanentemente investigamos delitos que se cometen afuera de los penales, que parten de órdenes dadas desde adentro de las cárceles. Estamos en diálogo con Sukerman, que sé que está trabajando en el tema, sobre todo luego de lo que pasó con la fuga de Piñero. Son situaciones que vienen de diez años para atrás, no sólo de esta gestión, creo que no hay que politizarlo. Una de las investigaciones que hacemos es como ingresan los celulares a una cárcel. Y entran porque hay corrupción dentro del servicio penitenciario. Esperamos que esto se pueda modificar, porque es generadora de mucha violencia. Si prestan atención a las audiencias por hechos violentos, más del 50 por ciento tienen que ver con organizaciones desde adentro de una cárcel.

—Los teléfonos entran a la prisión por corrupción del Servicio Penitenciario. Y desde adentro, no sólo se arman balaceras, sino que se organiza el delito de "guante blanco" que a veces se visibiliza con allanamientos en Puerto Norte u oficinas de estudios contables, pero que parece tener muchas ramificaciones más. ¿Hay abiertas más causas que puedan ir por estos negocios, seguramente con apellidos pesados en la economía de la ciudad?

—Sí. Hace poco, por ejemplo, imputamos a Oscar Larrauri por lavado de activos. Hemos avanzado en la Causa Alvarado contra varios abogados. Hay una política criminal desde el MPA que avanza sobre estos temas. Por el homicidio de "Coto" Medrano (N. de la R, narco asesinado en Granadero Baigorria) allanamos a dos financieras, que les vendían dólares a esa banda. Siempre intentamos ir por la pata económica de estas organizaciones delictivas.

—¿Las huellas de estos delitos cómo se encuentran? ¿En conversaciones de WhatsApp cuando cae alguno de sus integrantes? ¿Cómo hacen para ir por las redes de las bandas?     

—Hoy en día, buena parte de la vida de una persona queda en el celular, sí. Hay muchísimos medios para investigar. Pero si uno da con un teléfono, puede encontrar huellas de casi todo. Hay que pensar que la gente que está en estas organizaciones, trabaja todo el día para borrar los registros también. Pero hacemos análisis contables, movimientos de bienes, hay varias vías para llegar hacia arriba.

—David Perona era uno de los "zares del juego ilegal", que controlaba garitos en Rafaela. Murió por coronavirus en noviembre de 2020. Y ahora su viuda, al comparecer ante la Justicia, declaró que Armando Traferri le había pedido a su marido nueve millones de pesos "para colaborar con la campaña". ¿Qué pasó con ese tema?

—Así es, dijo eso. Y cuando los fiscales de Rafaela le preguntaron qué había hecho su marido, dijo que los había juntado y se los había dado. Creo que es interesante investigar más, porque el juego clandestino y otras cuestiones anexas, son parte del financiamiento ilegal de las campañas y de la política. 

—¿Hay manera de conocer cómo se financian las campañas políticas?

—Nos interesa poder hacerlo, sí. Hay mucho oscurantismo, no tenemos en el país una regulación muy sólida. Una parte de la política se financia con los dineros del Estado, mediante los votos obtenidos en las elecciones anteriores. Pero otra parte es muy desprolija y ahí pueden entrar otras cuestiones, como el dinero del juego clandestino.