En la víspera de un paro docente a nivel nacional, y de una nueva Marcha Federal Universitaria por la educación pública, el sindicato Amsafé instaló la resistencia a la reforma del régimen previsional que aprobó la Legislatura santafesina en el fuero laboral de la Justicia. 

Con un recurso de amparo ingresado este martes por el secretario general, Rodrigo Alonso, el gremio de los docentes de enseñanza pública espera que el juzgado laboral en turno declare la inconstitucionalidad de la Ley 14.283, que introduce los cambios al sistema, a instancias del gobierno de Maximiliano Pullaro. 

El planteo ingresó por mesa de entradas y recayó en el juzgado laboral nº 5 de Santa Fe, a cargo de Patricia De Petre. 

“Porque vulnera y restringe los derechos de los activos y pasivos, que están establecidos en la Constitución nacional y provincial también. La acción de amparo tiene dos partes: una en las formas, por la falta de debate previo, porque no se convocó a los trabajadores a discutir la reforma. Y la otra parte es una objeción de fondo: los distintos artículos que lesionan nuestros derechos, como el que impone nuestros descuentos de haberes. Tuvimos por paritaria un incremento de 2,45% respecto del sueldo de junio, pero con el descuento jubilatorio eso no se percibe. También en el cálculo del haber hay un vericueto por el cual una vez que se fija el haber jubilatorio el sistema detrae por otro lado, por lo que al 82% de jubilación no vamos a llegar. Es decir, te dan por un lado, pero te sacan por otro”, expuso Alonso en conferencia de prensa luego de concluir el trámite judicial. 

Alonso agregó más argumentos para el rechazo a la ley que Legislatura le concedió al Ejecutivo: “Los pasivos cobrarán a los 60 días, luego de los activos, o sea que verán demorados los aumentos salariales conseguidos. También se modifica el régimen opcional docente. Y además, está discrecionalidad del Ejecutivo de modificar las edades jubilatorias”, enumeró el dirigente sindical. 

Luego, la crítica con trasfondo político. “La sanción de la ley fue un trámite exprés y eso es preocupante. Este gobierno habla tanto de los consensos, pero en la Cámara de Senadores la comisión de Labor Parlamentaria sesionó una hora y luego, a votar. Lo mismo en Diputados. Y el fondo de la ley lesiona derechos. Es una ley de ajuste, y los funcionarios y legisladores deben hacerse cargo. Ellos dicen que mentimos, pero el tiempo nos va dando la razón. Ahora estamos comprobando que estamos teniendo menos salario”, señaló. 

En ese sentido, el titular de Amsafé exigió “que el gobierno cumpla su contrato electoral: queremos cláusula gatillo, que paguen la deuda de 2023, que nuestro salario iguale a la inflación y no perder sistemáticamente”. “La calidad educativa que el gobierno dice querer mejorar no lo hará con docentes por debajo de la línea de pobreza, ni con una reforma jubilatoria que nos obliga a seguir trabajando más allá de los 60 años, ni con el presentismo que nos hará ir a trabajar enfermos”, concluyó.