Advierten que puede haber más denuncias contra senadores provinciales
El senador provincial del departamento Iriondo, Hugo Rasetto, fue denunciado por un abogado de Cañada de Gómez por el presunto delito de desviación de fondos a una fundación radicada en Villa Gobernador Gálvez. Luis Rossini, el letrado que advirtió la supuesta defraudación a la administración pública, contó que para iniciar la investigación se basó en los dichos de Jorge Boasso en el programa PPT de Jorge Lanata. El concejal, que en televisión puso la lupa sobre las asignaciones mensuales que reciben los legisladores, advirtió que pronto pueden saltar a la luz otros casos similares.
“Me están llegando denuncias contra otros senadores en donde también habría asignados fondos de subsidios a determinadas fundaciones generadas por ellos para financiamiento político”, reveló el edil radical a Rosarioplus.com.
Boasso adelantó que próximamente pueden conocerse denuncias similares a la que recibió Rasetto y pidió “hacer una auditoría muy profunda ordenada judicialmente”. A su entender, lo que hace falta es “seguir la ruta del dinero para saber a dónde fue, cuánto fue y si se recibió lo que se dice” porque son esos los controles que permiten una verdadera fiscalización y no los pos acto, que suelen llegar demasiado tarde.
El concejal que semanas atrás denunció públicamente al Senado por reparto arbitario de subsidios, llamó a la participación ciudadana para que ayuden en las investigaciones. “Nos viene bien la ayuda de la gente de los departamentos, como el abogado que denunció a Rasetto. Los tienen más a mano que nosotros, en la lejanía”, dijo.
Boasso concluyó que sobre los senadores “no hay control, en absoluto. Aunque digan que el Tribunal de Cuentas controla, no es el control que tiene que haber, por eso soy proclive a la creación de auditorías generales, que controlan antes, durante y después, no solamente cuando el acto administrativo está finiquitado. Son controles tardíos”.
La denuncia contra Rasetto parece haber destapado la olla. La misma fue presentada en la oficina Anticorrupción de Rosario y en la fiscalía de Delitos Económicos Complejos, pero según advirtió Boasso, se trata de apenas la punta del iceberg.