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El ex gobernador Carlos Reutemann (que todavía es senador por Santa Fe), y sus pares Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja) y Lucila Crexell (Neuquén), que conforman un interbloque aliado a Cambiemos, se manifestaron este martes en contra de la creación de un impuesto extraordinario a la riqueza.

Según los legisladores opositores, los sectores de mayores fortunas "lejos de ser atacados tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones".

Además, los integrantes de la Cámara Alta solicitaron un mayor funcionamiento del Congreso "para trabajar en todos los temas que preocupan a la sociedad y no sólo en iniciativas que acrecientan la grieta".

En medio de la emergencia mundial por la pandemia de coronavirus, los legisladores evaluaron que los sectores de mayores riquezas de la Argentina, "lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones y contribuir a poner al país de pie nuevamente, luego de una crisis que ya existía y se terminó de profundizar por esta emergencia global".

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, pidió este martes a la Corte Suprema de Justicia una declaración de "certeza de constitucionalidad" para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus.

"Fue solicitada a la Corte una declaración de certeza de constitucionalidad, mediante la cual se expida acerca de si es legal una sesión on line en aquellas materias que no puedan ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como impuestos", dijeron los voceros a Télam.

Los senadores opositores también rechazaron esta sesión virtual y advirtieron: "Repentinamente quieren forzar una sesión por teleconferencia sólo para evitar presentaciones futuras en contra del impuesto a los grandes capitales ideado por Máximo Kirchner".

Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.

Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parecería difícil.