La comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que preside el oficialista Rodolfo Tailhade recibió a jueces, fiscales y especialistas para analizar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, en el marco de la situación que afecta a esa provincia.

El diputado Roberto Mirabella (Frente de Todos) explicó que los legisladores de la provincia de Santa Fe comenzaron un trabajo en conjunto “para encontrar propuestas en lo que hace a la temática de la narco-criminalidad y la política de seguridad en la provincia”.

El texto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe fue acompañado por los otros 18 diputados de Santa Fe y busca la implementación del sistema acusatorio.

“Hace 30 o 40 años que la estructura de Santa Fe y Rosario está igual, en ese tiempo avanzó un delito que tiene un nivel de complejidad sumamente grave y que estamos sufriendo las consecuencias”, explicó Mirabella.

“Las situaciones de narcotráfico, contrabando, trata o lavado han proliferado y tenido una dimensión internacional”, añadió el rafaelino.

“De los 34 cargos que posee la jurisdicción, nueve están vacantes. De los diez juzgados de primera instancia, sólo seis tienen titulares. Hace seis años que tenemos dos vacantes en la Cámara Federal. Hace siete años que está vacante el Juzgado Federal 1 y hace cuatro que está vacante el Juzgado Federal 2 de Rosario”, detalló.

El texto propone la creación de 13 fiscalías, 6 jueces de garantías en distintas ciudades, agrega un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, crea 6 jueces de revisión -tres para Santa Fe y tres para Rosario- y 2 jueces de ejecución.

El diputado Juan Martín (UCR) agregó datos sobre el panorama: “Según un informe de 2020, el 21% de las causas ligadas a drogas en el país son en Santa Fe, la tasa de homicidios en 2021 es de 18,5% en el departamento de Rosario y la media provincial es de 10,05%, que duplica la nacional. Llegamos tarde, es un problema que debe la política y las instituciones de la democracia en general, pero enhorabuena que lo estemos tratando”.

En tanto, la diputada Ximena García (UCR) manifestó: "No tenemos ninguna especulación política, estamos trabajando en este proyecto común, debido a la compleja situación que atraviesa nuestra provincia. Esto es una contribución más para mitigar y perseguir el crimen organizado del narcotráfico, pero no alcanza, es un paso más en ese sentido, son políticas que generan claridad a mediano y largo plazo”.

Por su parte, el diputado Eduardo Toniolli (Frente de Todos) también recordó que “hace 43 años que no se crea una fiscalía en la ciudad de Rosario, en esos años el delito mutó de una manera considerable”.

En tanto, la diputada Mónica Fein (Socialista) aclaró que el delito generado por el narcotráfico “no está instalado exclusivamente en nuestra provincia, excede los términos de ciudad y provincia, y la articulación de los distintos niveles del Estado es muy débil en Argentina”.

El senador Dionisio Fernando Scarpin (Unión Cívica Radical) -invitado a la reunión de la Comisión- explicó que se conformó “una mesa de trabajo para fortalecer, apuntalar y tratar de lograr este objetivo tan importante para los santafecinos: que la justicia federal pueda realmente fortalecerse. Ante un objetivo común no hubo diferencias políticas, todos los partidos han estado detrás de ese objetivo”.

Homicidios, al triple

En cuanto a los expositores, el primer orador fue Aníbal Pineda, juez federal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y subrogante del Tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario.

“Hoy lo que está en discusión son las reglas del juego, de la democracia y el Estado de derecho. Si hoy no actuamos con fortaleza y de forma coordinada entre todos los poderes, lo que está en discusión en Rosario son esas reglas de juego”, remarcó.

“Desde hace diez años, se triplica la media nacional de homicidios. Este año hasta se podría cuadruplicar, lo que significa que hay una constante de 20 o 21 homicidios cada 100 mil habitantes en la zona de Rosario; y el 75% de estos homicidios se generan en disputas territoriales del narcotráfico”, completó.

A continuación, el juez titular a cargo del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con competencia múltiple, Aurelio Cuello Murua, sostuvo que “la legislación penal asumió el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad organizada, responde a compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a la aparición de nuevos fenómenos criminales de alta relevancia social”.

“El fundamento establece que la organización de los recursos apunta a tener investigaciones más dinámicas. Ese es un punto central, porque con la instauración del sistema acusatorio, quien tiene la dirección de la investigación es el fiscal federal”, aseveró.

Ricardo Moisés Vásquez, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, explicó que “si los jueces federales vamos a andar paseando por todas las jurisdicciones y no contamos con todo a disposición para realizar audiencias con celeridad y regularidad; si no completamos el sistema con los cargos mencionados de forma rápida, esto no funcionará”.

“Esta ley es necesaria, pero no creamos que será la solución al problema (del narcotráfico) en Rosario”, alertó.

Federico Reynares Solari, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, manifestó que “nos hace falta fundamentalmente músculo investigativo, laboratorio de investigación y expertos investigadores”.

Por otra parte, agregó que, desde el Ministerio Público Fiscal, “los cuadros que nosotros podemos elegir tienen una certificación institucional que el Poder Judicial no tiene. En el Ministerio Público Fiscal, hay un mecanismo institucional que garantiza el piso de idoneidad”.