Autopista: hay un solo oferente y levanta polémica y malos recuerdos
El Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia recibió, este martes, una sola propuesta en la primera apertura de sobres licitatorios para la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe "Brigadier Estanislao López". Se trata de una unión transitoria de empresas (UTE) entre las constructoras Edeca y Supercemento, que en 2010 había sido objetada por el Tribunal de Cuentas santafesino debido a una adjudicación directa irregular.
Ahora que recibieron dicha oferta, los funcionarios analizarán las cuestiones técnicas en un plazo de 20 días y pasarán a abrir el segundo sobre con la oferta económica si cumple con los requisitos.
En 2010, Binner, como gobernador en ese momento, había firmado la concesión directa y por seis meses de la autopista a las firmas Edeca y Supercemento. Tal decisión fue objetada por el Tribunal de Cuentas de la provincia que no veía la “urgencia” para que en dicho caso se hubiera sorteado la licitación que fija la ley.
En aquel entonces, la diputada provincial reutemista -hoy alineada a Unión PRO Federal- Alejandra Vucasovich consideró al portal La Política Online: "El registro de contratistas de obra pública de la provincia tiene 30 firmas y para esta concesión, la administración de Binner pidió ofertas sólo a cuatro firmas y terminó adjudicando a dos que crearon una sociedad al sólo efecto de operar la autopista”.
En tanto, Miguel Lifschitz ordenó una marcha atrás con la decisión de liquidar la concesión de Arssa sin revisar lo actuado. Fue el efecto de una denuncia de legisladores del PJ que divulgaron una lista de incumplimientos contractuales cometidos por la última concesionaria de la autopista, y atribuyeron a los órganos de control del Estado provincial una actitud pasiva ante ello, a pesar de los reiterados pedidos de informe surgidos desde el Poder Legislativo.
Según la enumeración del informe, las obras que Arssa debía hacer y no hizo superan los 1500 millones de pesos. Todo en concepto de obras de repavimentación y mantenimiento que, ahora que el Ejecutivo rescindió la concesión, correrá por cuenta del erario público.