Cómo sigue el calendario de juicios por crímenes de lesa humanidad en la región

Octubre terminó con importantes avances en materia de derechos humanos y juicios por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe. Mientras que en la capital provincial tres represores fueron condenados a nueve años de prisión en la Causa Requena, el Juzgado Federal IV de Rosario rechazó la reclusión domiciliaria del represor Juan Daniel Amelong, cinco veces condenado (tres a cadena perpetua), y ordenó su traslado inmediato a la Unidad 34 “Campo de Mayo” del Servicio Penitenciario.

Todavía, sin embargo, queda un largo tramo por recorrer en Rosario, en la provincia y en todo el país, en el camino por Memoria, Verdad y Justicia. Pese a que todavía hay juicios pendientes de fecha o en proceso de instrucción, entre finales de este año y principios del próximo darán comienzo dos nuevos procesos orales en la región.

El lunes 13 de noviembre comenzará en Rosario el juicio oral por la causa “Villazo”, de características históricas como que será la primera vez en la región que se juzgue a civiles responsables dentro de los imputados, o el hecho de que se juzguen como crímenes del terrorismo de estado sucesos previos al 24 de marzo de 1976, en este caso, en Villa Constitución.

El 22 de febrero de 2024 comenzará en Pergamino el juicio por la causa Saint Amant IV, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que sería el último de la mega causa que lleva dicho nombre y que tiene un total de 73 víctimas de distintas localidades del sur santafesino y el norte bonaerense.

Además, se encuentran a la espera de elevación a juicio causas como Laguna Paiva II (histórica por ser la primera vez que se incluye el abandono de persona de niños y niñas como delito de lesa humanidad), como así también el avance de otras como Membrive, Guerrieri V o Feced V.

Carcel común

La semana que acaba de finalizar arrancó con la noticia de que el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Juan Daniel Amelong para que el represor transite su condena en prisión domiciliaria, ordenando su inmediato traslado a la Unidad 34. Para Nadia Schujman, abogada querellante, la prisión de Campo de Mayo es el lugar “desde donde nunca se debería haber ido” el integrante de “la patota” del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario.

“En el juicio y en la audiencia quedó claro que está en perfecto estado de salud”, señaló la abogada de HIJOS Rosario en diálogo con RosarioPlus.com.

Amelong fue condenado a cadena perpetua en tres causas distintas y a 14 años en otra, mientras que se encuentra en etapa de instrucción el juicio en el que también está culpado por el secuestro y la desaparición de Miguel Membrive, trasladado a La Calamita.

Si bien el represor volverá a estar preso en el penal de Campo de Mayo, es una realidad que la mayoría de los represores condenados todavía están con prisión domiciliaria.

“Esa ha sido la válvula que Casación ha encontrado. Después de lo que fue la enorme movilización del 2x1, a la Corte y al Poder Judicial Federal de la Argentina les quedó claro que la impunidad absoluta para los genocidas no era una opción, porque el pueblo no se lo iba a permitir. Entonces, la válvula es mandarlos a su casa, cuando las patologías que muchas veces se denuncian son propias de la edad que tienen pero que no le impiden estar detenidos”, explicó la abogada.

En el caso de Amelong, por ejemplo, resultaba incluso más difícil que pudiera recibir atención médica rápida estando en su hogar en Fisherton que en la Unidad 34, que cuenta con servicio de salud permanente y un hospital a siete minutos. Por esto, el recurso que le permitía transitar la condena en su hogar no tenía sentido.

Causa “Villazo”

El 13 de noviembre, comenzará el juicio por la causa “Villazo”, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Acindar y ciudadanos de Villa Constitución, como parte del plan sistemático que aplicarían a lo largo de la cruel última dictadura cívico militar.

En este proceso judicial, que estuvo en instrucción más de diez años, tiene 69 víctimas y más de 400 testigos, se destaca como una de las características más llamativas que de los 22 imputados que hay en la causa se encuentran dos civiles, que eran jefes de personal de la empresa. Junto a ellos, se juzgará a miembros del Ejército argentino, de la Policía Federal, de Prefectura, de la Policía de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas.

Federico Pagliero, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario y representante de la querella en el juicio por delitos de lesa humanidad, remarcó en diálogo con RosarioPlus.com que los juzgamientos de Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo darán cuenta de “la participación empresarial en el terrorismo de estado”.

En ese sentido, destacó como otra característica única que en la causa tendrán que acreditar “la existencia del plan sistemático”, es decir, “del terrorismo de Estado previo a la dictadura”.

“Con la causa de Villa Constitución se perfora el piso de lo que fue el terrorismo de Estado, ya que los crímenes de lesa humanidad son cometidos en este caso a partir del 20 de marzo de 1975, bajo el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Entonces, con este caso obviamente y con otros casos como el de Tucumán, queda acreditado que el terrorismo de Estado comienza un año antes”, describió,

Otra característica única de la causa es que “es plenamente obrera”, ya que “la invasión a Villa Constitución, el ataque genocida, se da en respuesta a una gran gesta obrera que fue el ‘Villazo’, que fue el triunfo de los trabajadores metalúrgicos encabezados por la Lista Marrón, en conjunto con el pueblo, que apoyando a los trabajadores vuelve a tener elecciones libres a partir de tomas de fábrica y de toda una resistencia popular”.

Finalmente, así como también transforma en paradigmática a la causa el hecho de que se dé en una ciudad muy pequeña, foco de resistencia de los trabajadores, Pagliero resaltó que “es gracias a la tenacidad de los sobrevivientes, de los familiares y de los organismos de derechos humanos que podemos llegar al debate oral y público que de una vez por todas debe romper la impunidad en relación a este caso”.

Por si le faltaran alicientes a esta importante causa, el inicio se dará apenas seis días antes del próximo balotaje presidencial, en donde una de las fórmulas que se presenta realizó campaña abiertamente reivindicando las atrocidades de la dictadura y el negacionismo, a través de la teoría de los dos demonios.

Los peligros de una fórmula presidencial que reivindica el terrorismo de Estado

Victoria Villarruel (hija de Eduardo Villarruel, militar en Campo de Mayo, donde funcionaban cuatro centros clandestinos de detención), la candidata a vicepresidenta de la fórmula de La Libertad Avanza que encabeza Javier Milei, fue quien más se expresó abiertamente en defensa del accionar de los genocidas.

Una investigación llevada a cabo por El Destape reveló que, además de las visitas a Jorge Rafael Videla que la propia Villarruel reconoció, la actual diputada también visitó y mantuvo reuniones privadas entre 2014 y 2016 con al menos otros diez militares torturadores, siendo uno de ellos el mencionado Juan Daniel Amelong.

“Los riesgos que se corren son terribles, porque está en juego la democracia, porque todo el planteo electoral de Milei es absolutamente autoritario y antidemocrático”, dijo Schujman al ser consultada al respecto por este medio.

En ese sentido, manifestó que la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de LLA “apunta no solo a garantizar impunidad para los genocidas, sino más que nada para volver a legitimar el rol de las fuerzas de seguridad en la Argentina de manera represiva”.

“Como el modelo económico que Milei plantea es el mismo modelo económico que en su momento trajo la dictadura de Martínez de Hoz, la única manera en que ese modelo de hambre cierra en nuestro país, donde tenemos una historia de lucha, de resistencia y de defensa de nuestros derechos, es sacando a las fuerzas de seguridad a la calle y aplicando una feroz represión”, culminó.

Un ejemplo de esta búsqueda de legitimar el negacionismo y las fuerzas militares también se dio con las expresiones de Cecilia Pando, abogada de los represores, que le pidió a Milei que si llega al gobierno libere a los genocidas con condenas a cadena perpetua.

En un video publicado en redes sociales, le pidió al referente libertario "una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales", y hasta confirmó lo señalado por Schujman al recordarle que necesitará de los militares para aplicar su gobierno.

“La Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden", precisó Pando, que luego agregó que las fuerzas no podrán ejecutar órdenes "si no se resuelve el tema" porque "en la década del '70 los militares si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales terminaron todos presos, ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?"