Este lunes, el juez federal Marcelo Bailaque se declaró incompetente en la causa por desaparición forzada de persona de Gerardo Escobar, el joven cuyo cuerpo fue encontrado en el río luego de una semana de búsqueda, tras haber sido visto por última vez en el after La Tienda.

La decisión del magistrado generó malestar en los abogados querellantes, ya que la actitud del juez retrasa aún más la investigación del caso. Sin embargo, el anuncio de Bailaque no sorprendió a los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, porque el año pasado el mismo juez se negó a hacerse cargo de la desaparición y el homicidio del joven Franco Casco.

Además de las negativas en los casos de Escobar y Casco, denuncian que el juez federal acumula un extenso historial de polémicas actuaciones en casos vinculados a trata de persona, narcotráfico y condena a represores de la última dictadura cívico-militar.

"Muchos lo conocen por su comportamiento como tortuga en las causas de lesa humanidad", aseguró el defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, en diálogo con Rosarioplus.com. Agregó: "Los querellantes han tenido muchísimos problemas con la tramitación de las causas ante él".

"Se dedica solamente a los pibes que bajo trata están adentro de los búnker", señaló el militante por los Derechos Humanos y concluyó: "Ni hizo ningún procesamiento de grandes o importantes narcotraficantes en la ciudad de Rosario".

Los fiscales contra Su Señoría

En febrero de 2013, el diputado nacional Jorge Mario Álvarez presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, solicitando que se investigue al juez federal Marcelo Bailaque. El motivo del reclamo del legislador radical fue el malestar de los fiscales federales Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari, quienes cuestionaron en duros términos el accionar del magistrado. Los funcionarios judiciales habían criticado al juez por negar medidas procesales requeridas en distintas causas penales relacionadas con la investigación del narcotráfico, desconociendo, aparentemente, atribuciones de la fiscalía para investigar en la esfera de su competencia.

“La denuncia fue archivada por falta de pruebas, pero respondieron dos años después de la solicitud”, afirmó el ahora ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, en diálogo con Rosarioplus.com.

En aquel entonces, los fiscales había manifestado su disconformidad con Bailaque a través de un escrito donde se rechazaba el accionar del juez. "Pareciera que Su Señoría no toma cabal dimensión de la problemática existente en nuestra provincia, y particularmente en la ciudad de Rosario acerca del crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalizacíon del territorio por parte de las mismas, la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencias de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del estado”,  señalaron los fiscales en 2013.

La cocaína que era harina

"Es paradigmático el hecho de cómo falla en causas como la de Ascaini", dijo Ganón. "Al auto que se le secuestró, inmediatamente Bailaque se lo devolvió, diciendo que no tenía que ver con la decomisión del delito", sostuvo.

El 8 de mayo de 2012, Carlos El Vasco Ascaíni fue detenido cerca de la localidad de Villa Cañás con aproximadamente 1.168 gramos de cocaína. Además, fue secuestrada una pistola marca Browning calibre 9 mm con ocho cartuchos y uno en la recámara. Cuatro meses después la droga que había sido secuestrada en el procedimiento se convirtió en azúcar según una pericia oficial.

En noviembre de ese año, el Vasco recuperó su libertad tras pagar una fianza fijada por el mencionado juez Bailaque. Entre los elementos que tuvo en cuenta el magistrado para tomar la medida está la valoración de que Ascaíni no entorpecerá la investigación ni intentará fugarse mientras se instruye la causa.

El excarcelado aparece mencionado en las escuchas telefónicas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la causa del ex jefe de la policía snatafesina, Hugo Tognoli.

El represor que volvió a casa y se portó mal

En mayo de 2013, el juez Bailaque volvió sobre sus pasos y revocó la prisión domiciliaria del coronel retirado José Javier de la Torre, procesado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Además, el militar había sido denunciado en 2012 por un presunto caso de abuso sexual de una menor, ocurrido en una chacra de la provincia de Buenos Aires donde cumplía la detención.

Álvaro Baella, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, le había comentado a Télam que el titular de juzgado federal 4 de Rosario había otorgado la prisión domiciliaria del genocida a partir de certificados médicos presentados por la defensa del imputado, sin exámenes oficiales.

Otro caso similar fue el del el ex general Alcidez López Aufranc, quien murió en abril del 2015, impune y sin que nadie pudiera someterlo a juicio por su presunta participación en el terrorismo de Estado. Algunos sostienen que el caso jamás avanzó por las demoras procesales impuestas por el juez federal de Rosario. El militar fue pieza fundamental en la represión del Cordobazo y sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la dirección de la metalúrgica Acindar.

No era trata para el juez

En septiembre de 2015, la Policía Federal allanó un galpón ubicado en la ruta provincial 16, a pocos kilómetros de Alvear, y se rescataron a 15 mujeres argentinas que, según denunció la Procuraduría de Trata y Explotación (Protex), eran vendidas por una organización que integra un suboficial de la Fuerza Aérea.

En el operativo detuvieron a tres personas: dos hombres y una mujer. Sin embargo, pocas horas después de su captura, el juez federal Marcelo Martín Bailaque los liberó sin tomar declaración, por no encontrar pruebas en contra de los detenidos.