Las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas que integran el espacio Juicio y Castigo celebraron la expropiación de la Quinta de Funes pero criticaron al Ministerio de Justicia por lo que, interpretan, ha sido "ningunear" la participación de sectores ajenos al gobierno provincial.

"No podemos quedarnos callados ante el vergonzoso uso que hace el Ministerio de Justicia de la provincia del mismo (expropiación de la Quinta), bajo el cual se esconde un ninguneo permanente a las organizaciones de derechos humanos y, peor aún, un vaciamiento y feroz recorte en la Secretaría de Derechos Humanos", señalaron desde la agrupación que integran APDH, HIJOS, y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.

Este lunes, el gobierno provincial firmó el convenio para expropiar el ex centro clandestino de detención donde se elaboró el Plan de Inteligencia conocido como Operación México. La propiedad fue adquirida por el Ejecutivo santafesino, tras una iniciativa aprobada en la Legislatura santafesina.

"Lo que acaba de anunciar el ministro Ricardo Silberstein no es más que el estricto cumplimiento de una ley que fue sancionada por la Legislatura. Pero debemos decir, con fundados argumentos, que tememos que este nuevo espacio de memoria caiga en el mismo vacío que los otros, sobre los cuales además se está ocultando información a las organizaciones de derechos humanos", indicaron desde el espacio Juicio y Castigo.

Además, las organizaciones de derechos humanos remarcaron que hace mas de un año y medio que no se implementa la Ley de Memoria, sancionada en marzo de 2016, pero que aún no fue reglamentada, que regula cómo se deben trabajar los sitios que son testimonio del terrorismo de Estado.

"Desde febrero de este año, cuando nos reunimos con el ministro Silberstein, venimos pidiendo la información del convenio firmado con los propietarios del terreno de La Calamita, el ex centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en Granadero Baigorria, y por el cual también se había sancionado una ley de expropiación en la legislatura provincial. Seis meses le ha tomado al ministro responder a los sobrevivientes de ese lugar y las organizaciones de derechos humanos los detalles de ese convenio y aún sigue sin contestar", agregaron.

También, las agrupaciones volvieron a remarcar "el feroz vaciamiento y recorte que se está produciendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, signado por la reducción y conversión del Programa de Protección de Testigos, la desarticulación de la Dirección de Memoria, la salida de empleados que no son reemplazados en diferentes áreas y la ausencia de asistencia a víctimas de la violencia institucional y de género".