Corta duración, precios altos, aumentos constantes, ajustes sin relación con salarios, mayor incidencia sobre el sueldo y deudas crecientes. Los resultados de la Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2024 dieron muestra de los efectos que tuvo en los inquilinos el DNU 70/23 -en particular con la derogación de la Ley de Alquileres- desde su aplicación: un combo fatal que conduce hacia una crisis habitacional sin precedentes.

Mientras el Gobierno nacional se jacta de que la oferta de departamentos en alquiler no para de crecer (en Rosario fue del 130% en tres meses), lo cierto es que la misma sube también porque a los inquilinos les cuesta cada vez más acceder a una nueva vivienda en alquiler o renovar sus contratos actuales.

Algunos de los principales aspectos que crecieron desde la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei y sumaron inestabilidad y precarización a los inquilinos tienen que ver con las condiciones contractuales impuestas por los propietarios.

Mientras que antes de la derogación de la Ley de Alquileres la duración del contrato era por tres años en el 72% de los casos, desde la puesta en marcha del DNU el 41% de los contratos son por menos de un año, y el 42% entre un año y dos.

Lo mismo ocurre con las actualizaciones de los precios, ya que así como antes el 69% de los contratos tenían estipulado un plazo de 1 año para renovar los valores, en los contratos celebrados con el DNU el 91,5% actualiza cada 6 meses o menos, siendo lo más habitual que se actualice cada tres meses (35,7%).

Asimismo, la gran problemática en esto es que los mecanismos de ajuste que se acuerdan actualmente no se guían ni contemplan relación con los aumentos de salarios, lo que lleva a que la incidencia de los gastos sobre el sueldo sea cada vez mayor.

Desde la puesta en marcha del DNU de Milei, las personas gastan un 41% del ingreso total del hogar en cubrir el alquiler y las expensas, mientras que con la Ley de Alquileres era el 31%.

Asimismo, el 97% de los encuestados indicó que se vio en la necesidad de realizar recortes de gastos en este año para llegar a fin de mes.

A su vez, esta incidencia termina conduciendo a otro indicador preocupante, que es que el 60,1% de los inquilinos de los hogares encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente, cuando en enero ese número era del 53,1%.

Mientras que los destinos de la deuda están protagonizados principalmente por el pago de alimentos y de tarjetas de crédito, más del 60% de las personas recurrieron a pedir dinero prestado para poder pagar el alquiler y el 18,5% lo tuvieron como el principal motivo de deuda.

Estas cifras surgen a partir del relevamiento llevado adelante por la Federación de Inquilinos Nacional y Ni Una Menos, que se realiza trimestralmente (toma enero, febrero y marzo) y se basa en más 4.000 casos de inquilinos e inquilinas de todo el país.

En cuanto a Santa Fe, el relevamiento informó la variación de los precios promedio de alquiler en este trimestre. Con la Ley de Alquileres vigente, el precio para un inmueble de un ambiente era de $85.438, de dos ambientes $101.575 y de tres ambientes $140.641. Con el DNU, el precio es de $128.077 por un ambiente, $144.126 por dos ambientes y $191.742 por tres ambientes.

En el 36,8% de los hogares encuestados en la provincia vive una sola persona, mientras que en el 63,2% viven dos o más.

Sebastián Artola, responsable de Inquilinos Agrupados Rosario y referente de la Federación de Inquilinos Nacional, señaló que “si bien el problema no es nuevo”, nunca vieron “una situación tan crítica como la que se está viviendo”, y “de seguir vigente el DNU vamos a una crisis habitacional con pocos antecedentes en el país”.

“El fenómeno que estamos viendo es de jóvenes que no pueden renovar el contrato y se vuelven a vivir con sus familias, o al revés, adultos mayores que no pueden pagar el alquiler y se van a vivir con los hijos. Otros se van a lugares más chicos o alejados, o directamente van a vivir a pensiones o alquilan habitaciones compartidas”, señaló Artola en diálogo con RosarioPlus.com, respecto de algunos de los primeros factores que ya se perciben de esta crisis habitacional.

Si bien hubo algunos puntos del DNU de los que el Gobierno tuvo que arrepentirse y dar marcha atrás, como con las prepagas, el referente de los inquilinos no tiene expectativa de que algo beneficioso pueda ocurrir en este aspecto: “Desde el primer día Milei dejó muy en claro que considera que todo el acceso a la vivienda en alquiler tiene que estar en mano del mercado y el Estado no tiene que estar presente”.

““Por eso, seguimos insistiendo en que Diputados trate a la brevedad el DNU y lo rechace, lo que viene muy demorado. Por supuesto que eso no soluciona el problema, pero por lo menos ayudaría a descomprimir la situación crítica que están atravesando muchas familias que alquilan”, completó Artola.