El día después de la caliente jornada vivida tanto fuera como dentro del Congreso, legisladores acudieron a la Justicia para que analice lo ocurrido allí. Diputados nacionales de la oposición presentaron en los Tribunales Federales denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “la violencia” desplegada en los operativos montados por las fuerzas federales en torno del edificio del Congreso Nacional durante el jueves pasado mientras dentro del recinto se intentaba debatir la reforma previsional que impulsa el gobierno nacional. Por su parte, legisladores aliados al presidente Mauricio Macri pidieron a la Justicia que investigara posibles delitos dentro del recinto. 

Las denuncias de la oposición

Hay dos presentaciones opositoras. Una de las denuncias fue presentada por un grupo de diputados kirchneristas encabezado por el jefe de ese bloque, Agustín Rossi, y recayó en el despacho de María Romilda Servini, mientras la otra fue radicada por la legisladora Victoria Donda, quien el miércoles fue golpeada en las inmediaciones del Congreso, ante el juzgado de Sergio Torres.

La denuncia de los diputados kirchneristas ingresada este viernes apuntó también contra el presidente Macri, a quien se señaló como uno de los responsables del operativo de seguridad dispuesto este jueves en torno al Parlamento "para evitar que un conjunto de legisladores ejerciera su mandato".

Rossi, junto a los también diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, sostuvo en su denuncia que el operativo de seguridad en torno del Congreso tuvo por objetivo que los legisladores opositores no participaran del eventual debate de la reforma previsional impulsada por el gobierno nacional. "La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia referidos, así como sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales", sostuvieron los diputados en su denuncia.

Rossi, Tailhade y Doñate enumeraron además los episodios atravesados por distintos diputados nacionales el miércoles y el jueves, jornadas en las que fueron "agredidos" por las fuerzas de seguridad. "Algunos diputados de nuestro bloque FPV-PJ, como de otros bloques, nos encontrábamos afuera del Congreso siendo víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich, y por esta razón no pudimos acceder a la referida sesión", dijeron los denunciantes en alusión a lo ocurrido este jueves.

“La diputada Mayra Mendoza fue salvajemente atacada por miembros de las fuerzas de seguridad", sostuvieron los legisladores, quienes remarcaron que "dispararon contra ella balas de goma que impactaron en sus piernas y le arrojaron gas pimienta a pocos centímetros". "También podemos referir los golpes que Gendarmería le propinó al diputado por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, quien a causa de aquellos perdió el conocimiento y fue atendido por un equipo médico", sostuvieron.

"Los diputados Horacio Pietragalla y Juan Manuel Huss fueron rociados con gas pimienta en sus rostros a pocos centímetros de distancia. Las imágenes también fueron transmitidas en vivo por distintos medios de comunicación", remarcaron los denunciantes.

Los legisladores denunciantes también recordaron que el "13 de diciembre el diputado Leonardo Grosso fue atacado con un can de Gendarmería, que le produjo serias lesiones en su cuerpo", y que el mismo día "la diputada Victoria Donda fue golpeada por otro gendarme, motivo por el cual tuvo que asistir a la sesión del día 14 con muletas".

La denuncia presentada por Rossi, Tailhade y Doñate cayó en el juzgado de Servini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, y la de Donda, ante el juez Torres, con intervención de la fiscal Alejandra Mangano.

El pedido a la Justicia de los aliados

Por su parte, los diputados nacionales de Cambiemos presentaron una denuncia para que investigue la posible comisión de delitos durante la sesión de este jueves en Diputados. "Venimos a interponer formal denuncia a fin de determinar posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación de fecha 14 de diciembre de 2017, y que podrían implicar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 211 y 241 del Código Penal de la Nación", señalaron en el escrito.

Firmado por Elisa Carrió, Nicolás Massot, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Paula Oliveto y Juan López, en el texto se plantea además: "Queremos poner en conocimiento de la Justicia los hechos ocurridos en el día de ayer en el Congreso de la Nación que, a nuestro juicio, revisten de extrema gravedad institucional y, además, podrían eventualmente derivar en responsabilidades penales por parte de quienes los han llevado a cabo", indicaron en la presentación, que también se refiere al clima de violencia y a la presencia de personas no acreditadas en las reuniones de las Comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, "cuya presencia habría sido permitida por parte de algunos de los legisladores de la oposición, con el fin de impedir el normal funcionamiento de la reunión".

"El jueves 14 de diciembre de 2017, pasadas las 14 horas en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, se vivieron hechos violentos llevados a cabo por diputados nacionales con el solo fin de impedir que se llegue a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión y así obstaculizar el normal funcionamiento del Cuerpo", plantearon. "Se agredió verbalmente al Presidente de la Cámara, Emilio Monzó , a tal punto que casi se llega a la violencia física. Muchos diputados se acercaron a su banca con el fin de increparlo, en un marco de violencia y agresiones nunca antes visto en nuestro Parlamento. Un ejemplo de ello fue la agresión perpetrada por el diputado Leopoldo Moreau", sostuvieron.

"Insistimos: el objetivo principal de dichos hechos era el de impedir que la sesión transcurra en un marco de normalidad, y puedan debatirse los proyectos de ley que figuraban en la citación", subrayaron. "Resulta evidente que estuvimos frente a un plan organizado para atentar contra las instituciones públicas y el normal funcionamiento del Congreso y, por ende, de las instituciones democráticas y el orden constitucional. A los efectos de tomar dimensión de la gravedad institucional denunciada, no se puede desconocer el hecho de que al mismo tiempo se violentó la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y el Congreso de la Nación por parte del mismo grupo político, lo que evidencia que se trató de un plan orquestado. Asimismo, hemos asistido a un espectáculo tan triste como autoritario de con el solo fin de evitar el normal funcionamiento del Parlamento", agregaron.

"Cabe destacar que los hechos violentos en el recinto comenzaron aún antes de que se logre alcanzar el quórum. Todo lo que podrá probarse con los videos y demás constancias de la sesión de la Cámara de Diputados. En consecuencia, es a todas luces evidente que el objetivo de las agresiones era impedir que el Congreso funcione y debata. En efecto, una vez alcanzado el quórum -a pesar de la violencia-, las agresiones continuaron para evitar que el quórum se mantenga y, de esta forma, se debiera levantar la sesión", afirmaron.

"Consideramos que los hechos anteriormente descriptos podrían encuadrar en la acción típica descripta por el artículo 241 de nuestro Código Penal, puesto que quienes los llevaron a cabo habrían perturbado el ´orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales´, al impedir a través de la violencia que el Congreso Nacional pueda funcionar normalmente. Por otra parte, algunos de los dichos proferidos también podrían encuadrar en la conducta típica de intimidación pública prevista en el artículo 211 del mismo cuerpo normativo toda vez que se hayan realizado agresiones para ´infundir un temor público o suscitar tumultos o desorden´", concluyeron.