Los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Bloque Igualdad) solicitaron al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Infraestructura y Transporte, que deje sin efecto el incremento en la tarifa de Aguas Santafesinas SA dispuesto mediante Resolución N.º 806 y gestione ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) la realización de las audiencias públicas pertinentes a los fines de garantizar un derecho humano al agua y el acceso por parte de todos los santafesinos y santafesinas al servicio público de agua potable y saneamiento.  

Giustiniani marcó que ese incremento autorizado hasta el 32%, a pedido de Assa, la Casa Gris lo dispuso sin la realización de audiencias públicas previas y sin la intervención del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS). "Esto significa la vulneración del art. 42 de la Constitución Nacional y de la Ley Provincial N.º 11.220 (art. 66 inc. k y otros). La empresa sostiene, a los fines de justificar las omisiones referidas en el párrafo precedente, que estamos ante un aumento tarifario que fue dispuesto en el año 2018 conforme a la normativa vigente y aún no fue concretado", señaló el legislador.

En este marco, Giustiniani rememoró: "En el año 2018 Aguas Santafesinas SA solicitó un aumento tarifario del 60% para el año 2019. El pedido fue aceptado por el Gobierno y dispuesto mediante Resolución N.º 955 del Ministerio de Infraestructura y Transporte. En ese entonces, la empresa propuso la aprobación de un esquema de ajuste escalonado en dos etapas. La primera etapa se concretaría con la aplicación de un 30% de aumento en el Bimestre 01/2019; por su parte, la segunda etapa significaría un incremento del 30% en el bimestre 03/2019, el cual se facturaría en abril de 2019. En esta ocasión se celebraron las correspondientes audiencias públicas en las ciudades de Rosario y Santa Fe, en los días 28 y 29 de noviembre de 2018 respectivamente".

De acuerdo con aquello, el legislador del bloque Igualdad señaló que "el ENRESS emitió la Resolución N.º 1048/2018 en la que sostuvo que se encontraban cumplimentados los extremos de procedencia que habilitan la instancia de revisión tarifaria y estableció algunos lineamientos que se debían considerar en la determinación del nuevo cuadro tarifario. Entre ellos se destaca el carácter   de 'servicio público emparentado con un derecho humano que debe ser asequible para la población' que presenta la prestación que realiza la empresa. La citada Resolución N.º 955 emitida por el Ministerio de Infraestructura y Transporte el 6 de diciembre de 2018 declaró procedente la revisión tarifaria requerida por Aguas Santafesinas SA en su artículo 1 y aplicó un ajuste de la tarifa vigente de un 28% para ser dispuesto en la facturación del bimestre 01/2019, 'sin perjuicio de la eventual consideración de incrementos para los bimestres subsiguientes, en un todo de acuerdo al déficit económico acreditado en este proceso' (art. 2)", citó. 


Por su parte, la diputada Donnet manifestó que "en los considerandos de la resolución se establece que el Ministerio “evaluará, de así considerarlo, la escala de incrementos aplicable a los bimestre subsiguientes en un todo de acuerdo al déficit económico acreditado en este proceso, según los criterios y fundamentos de las partes intervinientes que dieran origen al presente decisorio”. De lo antedicho se desprenden dos cuestiones. La primera está vinculada al ámbito temporal de aplicación de la Resolución N.º 955. Conforme a lo dispuesto tanto en los considerandos como en la parte resolutiva, los incrementos aprobados en dicha resolución corresponden al año 2019. A su vez, el artículo 2 de la resolución refiere a un aumento del 28% —no del 60%, tal y como lo solicitó la empresa—, y compensa esta diferencia con la posibilidad de determinar otros incrementos en los bimestres subsiguientes del respectivo año, lo cual no fue dispuesto por la Autoridad de Aplicación en el transcurso del 2019. En ese sentido, Giustiniani remarcó que la segunda cuestión a tener en cuenta se relaciona con el contexto político, social y económico que justificó los incrementos dispuestos para el año 2019 en relación a la actual coyuntura que está atravesando la provincia, el país y el mundo. La pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV-2 tiene efectos devastadores en el entramado económico y social. 

El diputado de Igualdad aseguró: "Estamos ante un servicio público que garantiza un derecho humano. La inflación interanual del corriente año supera el 36%, afectando gravemente el bolsillo de los trabajadores y trabajadores, quienes, en su mayoría, han sobrellevado con serias dificultades un 2020 sin actualizaciones salariales. En este sentido, los “criterios y fundamentos” a los que refiere el artículo 2 de la Resolución N.º 955 perdieron absoluta vigencia en este contexto particular que exige otro tipo de respuestas. Esto se profundiza al tener en presente que el agua se torna un recurso aún más imprescindible en virtud de la necesidad de garantizar medidas de higiene y saneamiento básicas para disminuir el riesgo de contagio, principalmente en las poblaciones más vulnerabilizadas. Los gobiernos, en sus distintos niveles, recomiendan a la ciudadanía la adopción de un conjunto de conductas higiénicas que exigen la utilización de agua segura tendientes a evitar la expansión del coronavirus. Como contrapartida, la limitación del acceso al agua potable implica una sobreexposición al virus y, por lo tanto, una mayor vulneración de derechos". 

Donnet indicó que "los parámetros que han cambiado están íntimamente relacionado con la situación de pandemia que estamos atravesando: inflación, falta de actualizaciones salariales, inexistencia de incrementos en la tarifa de energía eléctrica —la cual influye en los costos de ASSA—, congelamiento de alquileres, entre otras cuestiones de coyuntura y medidas dispuestas por los gobiernos para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia".