El último domingo ambos países asistieron a las urnas. Mediante un ballotage en Ecuador se  concretó la victoria del conservador Guillermo Lasso sobre Andrés Arauz, candidato impulsado por Rafael Correa. En Perú, se realizaron las elecciones generales que determinaron la nueva composición del Congreso y los candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta electoral fijada para el 6 de junio: Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Cada caso tiene desde luego sus particularidades, pero en el futuro político de ambos países pueden vislumbrarse trazos de un futuro semejante.

Ecuador

La notable remontada de Guillermo Lasso desde menos del 20 por ciento de los sufragios en la primera vuelta hasta superar el 52 por ciento en la segunda, tiene una explicación multicausal.

Las movilizaciones de octubre del 2019 contra las medidas del gobierno de Lenín Moreno y los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) dejaron una huella imborrable. Una de las consecuencias más notorias fue que el movimiento indígena cobró protagonismo político y, por ende, electoral. Pese a su heterogeneidad y a las divergencias existentes en su dirigencia, logró constituirse en la segunda fuerza en la Asamblea Legislativa y su candidato presidencial, Yaku Pérez, se quedó afuera del ballotage por sólo 30 mil votos. Eso tuvo su correlato en la segunda vuelta: llamaron al voto blanco o nulo y llegaron a sumar casi dos millones. Ya no hay lugar en Ecuador para ignorar al movimiento indígena.

La campaña para el ballotage influyó y mucho. También el debate presidencial. Con el sello de Jaime Durán Barba, Guillermo Lasso logró mostrar una campaña ágil, pegadiza y sin contenido. Logró esmerilar la credibilidad de Arauz y, por sobre todas las cosas, captó a la mayoría del electorado de Xavier Hervas -quien había obtenido 16 puntos en primera vuelta- además de 13 puntos correspondientes a votantes de otros candidatos. La épica de la remontada fue muy similar a la que utilizó Mauricio Macri en 2015 frente a Daniel Scioli. Y todos esos factores contrastaron con una campaña más plana por parte de Arauz, que confió en que obtendría muchos más votos en la primera vuelta (alcanzó el 32 por ciento) y luego se paralizó ante la evidencia de que estaba muy lejos de llegar al 50 por ciento necesario.

Un factor relevante es que el correísmo hizo enemigos por derecha y por izquierda. De ese modo se volvió prácticamente imposible articular un frente progresista para presentar en la segunda vuelta. Para colmo, la traición de Lenín Moreno a su mentor Correa, dejó en muchos la sensación de que si no fue bueno el primer delfín ¿por qué sería bueno el segundo? Otros responsabilizaron a Correa directamente por haber dejado el país en manos de Moreno. El progresismo ecuatoriano adolece del mismo problema que el de toda Latinoamérica: depende demasiado del personalismo y le cuesta generar élites de relevo.

El lawfare demostró su poder de daño. Correa no pudo presentarse como candidato y le iniciaron  numerosas causas judiciales con y sin sentencia, en su mayoría con bases dudosas. La mayoría de la dirigencia de su partido fue perseguida judicialmente. El problema con el lawfare es que todo lo ensucia y es difícil delimitar los procesos judiciales legítimos de la mera persecución. Y así como hay quienes prefieren ver a la víctima de un lado de la ecuación, otros prefieren verla del otro. De ese modo, los espacios para que se haga efectivamente justicia, son escasos.

Por último, buena parte del electorado ecuatoriano pareció hastiada con la polarización correísmo-anticorreísmo. En ese contexto, la fuga se produjo hacia el conservadurismo y no hacia un progresismo distinto al ofrecido por Correa.

Perú

Independientemente de quien gane en la segunda vuelta electoral el 6 de junio, Perú también tendrá un presidente conservador. Si bien los candidatos de derecha, Keiko Fujimori, y de izquierda, Pedro Castillo, se encuentran en extremos ideológicamente opuestos, sus diferencias se refieren específicamente a cuestiones económicas. En materia social, ambos se manifiestan abiertamente en contra de la igualdad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Algo similar sucede en el Congreso, que por primera vez tendrá una bancada de la ultraderecha católica.

El docente y sindicalista rural Castillo obtuvo el 19 por ciento de los votos, mientras que la hija de Alberto Fujimori logró el 13 por ciento, 26 puntos menos que los alcanzados en 2016. El 12 por ciento votó en blanco y hubo un 28 por ciento de inasistencia pese a que el voto es obligatorio.

Castillo defiende desde posiciones de izquierda radical un Estado fuerte, el fin de los monopolios privados y el fin de la explotación laboral, pero es conservador ante los cambios sociales. El maestro apareció en la escena nacional en 2017 durante una huelga de docentes de dos meses en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales.

Fujimori por su parte, promete mano dura contra la delincuencia y el indulto a su padre en torno a quien gira la polarización política o grieta de los peruanos. Alberto Fujimori purga una condena de 25 años de cárcel por delitos de corrupción, robo y homicidio cometidos durante su gobierno en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

A la hija no le va mejor: hace un mes, un fiscal pidió 30 años de prisión para ella y la disolución de su partido tras una investigación iniciada en 2018 por lavado de activos y por recibir supuestamente aportes millonarios de la constructora brasileña Odebrecht y de un grupo financiero peruano para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Ante la segunda vuelta, el escenario de crisis de la política peruana, golpeada con fuerza desde 2016 por la inestabilidad institucional parece empeorar. Perú ha tenido cuatro presidentes desde entonces, y muchos legisladores usan el cargo para bloquear investigaciones y juicios, la mayoría por casos de corrupción. El Congreso elegido el domingo es mucho más conservador y fragmentado que antes. Debe recordarse que el Poder Legislativo peruano es unicameral y cuenta con 130 bancas. Con la nueva conformación, el bloque con más legisladores sumaría apenas entre 32 y 35 bancas. Esto augura inestabilidad para los próximos cinco años y, sea quien fuere presidente, oscilará entre la negociación y el juicio político, tal como sucedió en el último lustro.

Un futuro

Pese a que los procesos electorales en los dos países obedecen a realidades y a sociedades diferentes, la polarización estuvo presente en ambos, el desencanto con la dirigencia política también y los emergentes de ello fueron el desencanto y -más notoriamente en el caso peruano- la dispersión en el sufragio.

Lamentablemente existe una tendencia global y acentuada en Latinoamérica a mimetizar el fracaso de la dirigencia política con el fracaso de la democracia como sistema político. Esto lleva a concluir que el margen de error de las distintas dirigencias políticas en la región sea cada vez menor, de manera directamente proporcional a la paciencia popular.

Lasso ganó el ballotage, pero su futuro estará supeditado al efecto Macri, es decir, suponer que su fuerza política es proporcional a los votos obtenidos en segunda vuelta. Confundir los votos prestados con los propios puede conducir al espejismo de querer gobernar como si se tuviera una mayoría que en realidad no es tal. La bancada del partido de Lasso en la Asamblea Legislativa es la quinta en número. Va a resultarle complicado -como mínimo- implementar ajustes y medidas  neoliberales. Mucho más si pretende desconocer al movimiento indígena.

Perú tiene por delante su propio ballotage. El presidente que resulte elegido estará sujeto a condiciones muy similares a las de Lasso en Ecuador. Pero con los antecedentes propios: cuatro presidentes en cinco años, una disolución del Congreso y varios expresidentes caídos en desgracia.

Con o sin pandemia, el futuro político de Perú y Ecuador es peligrosamente parecido.