El secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, junto al fiscal de Estado, Rubén Weder, convocaron este miércoles a diputados y senadores provinciales para ratificarles la postura oficial de que "el Poder Ejecutivo está facultado constitucionalmente para llevar adelante la negociación" por la deuda que Nación mantiene con Santa Fe por fondos coparticipables. Y de esa manera, rechazar la pretensión de bloques opositores de que tal compulsa pase por Legislatura para su correspondiente respaldo político y jurídico.

Por eso casi ningún legislador de la oposición asistió al llamado del Gobierno para este pronunciamiento.

La discusión está centrada en si el acuerdo debe recibir el aval legislativo antes de hacerse efectivo, postura que chocó con las intenciones gubernamentales de saldarlo sin la necesidad de una nueva instancia burocrático-política. Por cierto, Omar Perotti se encuentra hoy en Buenos Aires y, según anticipó Somaglia, "seguramente hará una gestión en este sentido".

"La sentencia fue dictada el 24 de noviembre de 2015 y condenó a Nación a saldar la deuda en los plazos que se convengan. No fijó un monto específico y, por Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la facultad única de llevar adelante el acuerdo en los términos y plazos que se acuerden", precisó Somaglia para eliminar del asunto las cifras diversas que se han barajado en torno a cuánto asciende esa deuda por fondos coparticipables mal detraídos desde 2006.

Esta postura viene siendo resistida por la oposición legislativa, donde entienden que este poder tiene la potestad y obligación de avalar el acuerdo. Por ello, al convite no asistieron radicales, socialistas, celestes ni cambiemitas.

De los bloques no peronistas solo estuvo presente la diputada Agustina Donnet (Igualdad), quien se sentó junto a sus pares Oscar Martínez y Ricardo Olivera, y a los senadores Alcides Calvo y Armando Traferri.

Poca respuesta legislativa al llamado del Ejecutivo.


"No hay incumplimiento de Santa Fe ni del Ejecutivo. Estamos dentro de los plazos, que se vencen en julio, y si así se vencieran tampoco hay consecuencias negativas para el erario público porque queda abierto hasta que la Corte lo valide", aclaró Somaglia.

Sobre los argumentos de los legisladores que no concurrieron al encuentro, Somaglia reconoció que "seguramente los pueden tener, pero nuestra conclusión es diferente y en materia jurídica hay cuestiones que son opinables".

Además recordó que "en San Luis las partes acordaron un pago en bonos".

Para finalizar, completó: "No hay quitas ni resignación de ninguna posición jurídica y económica por parte de la provincia. Una vez que se acuerde le forma de pago, la Corte misma avalará ese acuerdo para que se complete".