El caso Sain sigue levantando polémica como cuando era ministro
La Junta de Fiscales dispuso revisar el regreso del funcionario al MPA, pero que lo haga el fiscal general Jorge Baclini. El fiscal regional de Santa Fe y los diputados opositores denunciaron al ex ministro y piden su destitución también como funcionario judicial.
Marcelo Sain volvió este lunes al frente del Organismo de Investigación, dependiente del Ministerio Público de la Acusación, luego de que encontrara el camino libre de obstáculos para recuperar ese cargo al que había accedido por concurso, pero que desde un sector de la oposición se lo intenta detener. La ofensiva contra el ex ministro de Seguridad sumó una grave imputación por parte del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, quien lo acusó de faltas graves y pidió que sea suspendido. Eso obligó a la Junta de Fiscales a reunirse ayer y considerar la situación. Este plenario concluyó en que la apelación de Arietti es procedente, pero estableció que sea el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, quien resuelva si Sain debe seguir como director del O.I., o esperar afuera.
El fiscal Arietti había pedido días atrás a la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, que se suspenda la asunción de Sain al frente del O.I. y se lo sancione. Le achacó responsabilidad en la realización de escuchas telefónicas no autorizadas a miembros de los tres poderes del Estado, posibles irregularidades en una licitación de 1400 millones de pesos para comprar armas para la Policía, y también el hacinamiento de detenidos en comisarías.
Arietti es el jefe del MPA en la 1° circunscripción, es decir, de la persecución penal de las investigaciones en la capital provincial. Sain, cuando era ministro, tenía serios reparos sobre su gestión desde algunas irregularidades que quedaron al descubierto –la desparición de una fuerte suma de dinero– en la pesquisa del homicidio del empresario y prestamista Hugo Oldani, en febrero del año pasado, en su oficina del microcentro santafesino.
Vranicich se declaró incompetente como autoridad disciplinaria para resolver ese planteo de Arietti y así activó el regreso de Sain como director del O.I. Pero Arietti apeló esa resolución de Vranicich y eso fue lo que discutió ayer el plenario de fiscales regionales con Baclini.
Los fiscales resolvieron por unanimidad que “es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”. En sencillo, esto implica que la apelación de Arietti es válida, pero es el fiscal general quien deberá resolver el planteo.
Incluso, la Junta reconoció que en este entuerto no hay una regulación expresa y que "así se genera un posible escenario de vacío legal". Y para que el MPA no pierda capacidad de revisar actos administrativos y sancionar a quien cometa faltas, los fiscales en jefe ratificaron la facultad de Baclini como fiscal general para hacer ese trabajo.
“Las funciones asignadas por ley al Fiscal General reconocen expresamente atribuciones propias de la autoridad máxima del MPA, quien en consecuencia, ejerce aspectos de la superintendencia de la institución que habilitan a conocer en el recurso en cuestión”, finalizó el comunicado de la Junta de Fiscales.
A la vez, diputados del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio acudieron también al fiscal Baclini para que impugne la decisión de Vranicich de correrse de escena y no impedir que Sain asuma como director del O.I. En un escrito de 37 páginas le pidieron al fiscal general que obligue a la auditora a suspender el regreso del ex ministro al cargo que concursó y obtuvo en diciembre de 2018. En el mismo sentido se pronunció la Comisión de Juicio Político de Diputados. Hablan de "gravedad institucional" y de que Sain ya no puede volver a ser funcionario del MPA.
Los legisladores plantearon que debe responder a las denuncias formuladas antes de asumir. Insistieron en acusarlo de no ser compatible ahora su arribo al O.I., y exigieron que se lo someta a un "procedimiento disciplinario". Se suma esta ofensiva a la del fiscal Arietti. Y califican la resolución de Vranicich como "ilegal e inválido".
"La reincorporación y eventual permanencia del nombrado Sain en el cargo de director del OI durante la tramitación del procedimiento disciplinario constituiría un verdadero obstáculo tanto para el desarrollo normal de la investigación como para la concreción de las medidas que se adopten al efecto", apuntó el pronunciamiento de los diputados opositores.