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En el Concejo rosarino se cocina un “enérgico repudio” a la decisión del Gobierno nacional de quitar pensiones no contributivas a personas con discapacidad, "en claro perjuicio de garantías constitucionales y derechos obtenidos por parte de un colectivo vulnerable". El texto fue elaborado por la presidenta del Legislativo, Daniela León, quien lo pondrá a consideración de las diferentes bancadas en la reunión parlamentaria del jueves, previa a la sesión. Además, la edila prepara presentaciones judiciales para que se les restituyan las pensiones caídas a los afectados.

En el texto, se pide a Nación que "revea la decisión tomada en función de que las pensiones por discapacidad garantizan derechos indiscutibles". Según el mensaje que podría aprobarse este jueves, "es un grave error está situación, puesto a que se invocan una resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de 'extrema indigencia', lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde el año 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo".

Por otra parte, León comenzó a entablar contactos con diferentes afectados por la decisión del Gobierno nacional, a fin de asistirlos para realizar presentaciones judiciales. "Estamos contactando a cada persona física que se vio afectada en forma directa, hay que estudiar caso por caso porque cada presentación es individual", le explicó a Rosarioplus.com. En ese sentido, la edila mencionó una medida cautelar en un tribunal de Río Negro que logró restituir a un afectado la pensión caída por la aplciación del decreto.

Su par justicialista, Eduardo Toniolli, también elaboró un proyecto al respecto. La iniciativa del joven edil pide que se exija “al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que revea la decisión de dar de baja pensiones no contributivas por discapacidad por aplicación del decreto Nº 432 del año 1997”. Asevera el concejal del PJ que “desde principio del 2017 a la fecha, unilateralmente y sin derecho a defensa, se dieron de baja 83.000 pensiones (por invalidez, a la vejez y a madres de 7 hijos). Las bajas y suspensiones se dieron sin previo aviso: cuando los beneficiarios fueron a cobrar se encontraron con que el dinero no estaba. No fueron notificados ni tampoco se les solicitaron antecedentes para aclarar la situación patrimonial”.

En Santa Fe, también

El defensor del pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, pidió este martes a Nación que suspenda el recorte de pensiones a discapacitados, al tiempo que planteó que se revean los fundamentos y el procedimiento para darlas de baja. “Ante la duda siempre hay que estar a favor de mantener la pensión no contributiva”, expresó. Según detalló, en la provincia hay hasta el momento 240 denuncias de personas que perdieron el beneficio sin recibir alguna explicación oficial.

La propuesta de Lamberto apunta a que “se garantice el debido proceso mediante tres pasos previos a la quita del beneficio”, y le apunta al Ministerio de Desarrollo Social pidiéndole que “evalúe cada situación en particular, notifique al beneficiario y antes de quitar la pensión abra la posibilidad de un descargo administrativo”. También solicitó que se incorporen los dados de baja hasta tanto se modifique el procedimiento.

Como reveló Rosarioplus.com, en Santa Fe los recortes en las pensiones no contributivas se sienten desde principios de año. “Comenzaron a solicitar asesoramiento en la Defensoría personas a quienes les quitaron las pensiones no contributivas sin mediar un aviso previo o una posibilidad de aclarar la situación”, advirtió Lamberto. “En el norte y centro de la provincia son alrededor de 40 las personas que han acudido en busca de ayuda a la Defensoría, mientras que en el sur de la provincia superan los 200 casos”, agregó.

Finalmente Lamberto solicitó que aquellos que han sido dados de baja sean reincorporados: “El ministerio de Desarrollo Social debería reincorporar a aquellas personas que han sido excluidas del beneficio y someterlos al procedimiento descripto, y si luego de atravesar las tres instancias solicitadas no corresponde que la pensión siga vigente entonces proceder a dar de baja el beneficio”, culminó.