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El proceso de paz avanzó sustancialmente, pero restan algunos pasos decisivos para alcanzar el objetivo tan ansiado.

Tras cuatro años de negociaciones, el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) arribaron al denominado “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

El documento fue rubricado en La Habana ante los delegados de Cuba y Noruega, países que oficiaron como garantes de las negociaciones. Pero se trata de un paso necesario -aunque no suficiente- en un proceso que aspira a terminar con más de medio siglo de una guerra interna que se cobró entre 45 y 51 mil desaparecidos, más de 250 mil muertos y alrededor de 7 millones de desplazados. 

¿Qué falta para alcanzar la paz?

Tras la firma del presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri -alias Timochenko- será necesaria la ratificación del Congreso colombiano, la cual se descuenta se tramitará velozmente. Posteriormente, deberá realizarse un plebiscito -previsto para el 2 de octubre- mecanismo que ya fue aprobado y regulado por la Corte Constitucional para que el pueblo colombiano ratifique o descarte en las urnas el Acuerdo alcanzado.

El Supremo Tribunal estableció que deberá formularse una pregunta clara respecto del acuerdo de paz que deberá poder responderse de manera clara por sí o por no. La regla que más controversias despertó fue el umbral de aprobación, fijado en el 13 por ciento, cuando habitualmente se requiere una participación del 50 por ciento del padrón electoral y la aprobación de la mayoría. Con esa medida, la Corte persigue el objetivo de incentivar la participación ciudadana en la definición de un tema sustancial. Los pronósticos indican que habrá una gran afluencia de votantes, aunque no queda claro aún qué postura ganará.

Los últimos sondeos arrojan que la intención de voto por el “Sí” lidera con un 32,1 por ciento, frente a un 29,9 por ciento del “No”. La abstención se mantiene en torno al 27 por ciento. Estos datos muestran un virtual empate técnico y, por lo tanto, un final incierto. Más aún si se tiene en cuenta que los sondeos realizados periódicamente entre el 2 y el 16 de agosto muestran que el “No” se ha impuesto sobre el “Sí” en cinco ocasiones.

A partir de ahora, jugará un rol definitorio la campaña que realice tanto el oficialismo que impulsará el “Si”, como la oposición que apostará por el “No”. Estas cifras no hacen más que expresar la polarización que viven los colombianos. Vale decir que quienes no apoyen el Acuerdo no lo harán porque estén en contra de la paz. Lo que sucede es que no están dispuestos a negociar con los guerrilleros y, al mismo tiempo, buscan su castigo. Es tan grande el dolor que ha causado el conflicto a través de la muerte, el secuestro, la pérdida y la violencia en todas sus formas, que muchos colombianos no pueden, no quieren o no saben cómo perdonar y seguir adelante.

La realidad indica que, para llegar al Acuerdo de paz, ambas partes debieron ceder algo para poder ganar algo. También es cierto que tanto el Acuerdo como la paz -si es que se alcanza- no serán ideales. Serán los más realistas y factibles que las condiciones actuales permiten.

¿En qué consiste el Acuerdo?

El documento está compuesto de una serie de acuerdos que constituyen un todo indisoluble, porque están atravesados por un mismo enfoque de derechos, con el objetivo de que las medidas acordadas contribuyan a materializar los derechos constitucionales de los colombianos, contemplando la diversidad de género, étnica y cultural, y que su implementación tenga en cuenta especialmente a las poblaciones y los colectivos más vulnerables, en particular los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas.

También se hizo especial hincapié en un enfoque territorial, que supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, sociales y culturales correspondientes a los distintos territorios y comunidades. Esto es para garantizar la sustentabilidad socioambiental e implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación de las autoridades locales y los diferentes sectores de la sociedad desde las distintas regiones y territorios.

El Acuerdo Final contiene seis puntos con sus correspondientes acuerdos, que aspiran a contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.

El punto 1 se refiere a una reforma rural integral, que contribuirá a la transformación estructural del sector, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, y creando condiciones más favorables para la población rural. Se apunta a integrar a las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

El punto 2 aborda la participación política, y se refiere a una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas del país y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

El punto 3 acuerda el “cese al fuego y de hostilidades bilateral definitivo, y el cese de las armas”. Tiene como objetivo la finalización de las acciones ofensivas entre el Estado y las FARC-EP, el abandono de las armas por parte de la guerrilla y la preparación institucional para su reincorporación a la vida social, económica y política del país. Esa reincorporación cuenta con el compromiso de la guerrilla de cerrar el capítulo del conflicto interno para convertirse en un actor válido dentro de la democracia y contribuir a la consolidación de la convivencia pacífica.

Este punto  incluye un acuerdo que ofrece garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que actúen como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El punto 4 apunta a la solución al problema de las drogas ilícitas. Promueve una nueva visión que ofrezca un tratamiento distinto al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y de salud pública, diferenciado y de género.

El punto 5 aborda a las víctimas, y crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

Por último, el punto 6 ofrece los mecanismos de implementación y verificación y crea una comisión integrada por representantes del Gobierno y de las FARC-EP con el fin de verificar el cumplimiento de lo acordado y servir de instancia para la resolución de diferencias. Adicionalmente, crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final.

¿Qué esperar?

Si en el plebiscito se impone el “No”, la negociación será dada por finalizada y el proceso de paz habrá fracasado. Si, por el contrario, triunfa el “Sí”, la implementación del Acuerdo Final no estará exento de dificultades, pero se habrá ingresado en una espiral de paz y convivencia.

Aún así, no estará sellada la pacificación definitiva del país. Resta una negociación semejante con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fuerza guerrillera más beligerante que las FARC-EP e ideológicamente más radicalizada.

También deberá abordarse la desintegración definitiva de cualquier forma de organización paramilitar. No obstante ello, los colombianos tendrán el 2 de octubre en sus manos una oportunidad única para transformar el sueño de la paz en un hecho.