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El Ministerio Público de la Acusación incorporó de manera directa y sin concurso de idoneidad ni antecedentes a 195 empleados a su Organismo de Investigaciones, desde el Poder Ejecutivo. La maniobra, rubricada por su titular, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, causó el repudio del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, cuyo secretario general, Jorge Perlo, afirmó que la resolución "atenta contra los derechos y dignidad los empleados de ese poder".

Por su parte, desde el MPA señalaron "que todas las actuaciones se ajustan a lo establecido en la ley provincial número 13.459 aprobada por unanimidad por la Legislatura provincial".

“El dictado de dicha resolución se apartó de las normas constitucionales que rigen el desenvolvimiento del Poder Judicial en la Provincia de Santa Fe, por las cuales la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de proponer el nombramiento de funcionarios y empleados previo concurso, como cabeza del Poder Judicial y es responsable absoluto del manejo presupuestario asignado a este poder”, indicó Perlo.

De manera extraoficial, en los pasillos de Tribunales se comenta el vínculo de algunos ingresantes con el poder político, por parentesco con funcionarios o militancia directa, y con miembros del Poder Judicial.

Desde el gremio recordaron que “se han dictado acordadas” donde se dispusieron que los organismos del Nuevo Código Procesal Penal (Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa), debían armonizar los reglamentos dictados por ellos en concordancia con los vigentes de la Corte Suprema de Justicia. "Y a su vez, , la mismísima ley orgánica del Poder Judicial, prevé en su artículo 207 y siguientes y concordantes, que todos los empleados ingresarán por la categoría inferior del escalafón, sea administrativo, de mantenimiento, de producción y de servicios, creados o a crearse y que estos estarán automáticamente incorporados al escalafón de cargos respectivo", remarcaron desde el sindicato.

El gremio presentó un escrito ante el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Fiscal General Jorge Baclini, para dar marcha atrás con la resolución 0023/19, “solicitando se deje íntegramente sin efecto la decisión impugnada, pidiéndose copia de las actuaciones y la suspensión de términos”. Además, le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia "su avocación y/o se adopten las medidas que constitucionalmente correspondan para subsanar las graves irregularidades indicadas en el recurso presentado ante el Ministerio Público de la Acusación".

“Siempre acompañamos la implementación del nuevo código procesal penal, pero que dicho acompañamiento supone el respeto de la normativa legal vigente”, manifestó Perlo y afirmó que “sigue trabajando en defensa de la carrera judicial con la utilización de los recursos legales a partir de una resolución que atenta contra los derechos y dignidad de los trabajadores y trabajadoras judiciales”.

Luego de la crítica del sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, desde el MPA indicaron "que todas las actuaciones se ajustan a lo establecido en la ley provincial número 13.459 aprobada por unanimidad por la Legislatura provincial".

A través de un comunicado, el organismo explicó que dicha norma, en su artículo 35, establece que "durante el plazo de cuatro años (se sancionó en 2015) de entrada en vigencia de la presente ley, el Fiscal General podrá incorporar al Organismo de Investigaciones a personal que se encuentre actualmente prestando funciones en alguno de los Poderes del Estado, entes descentralizados, empresas o sociedades del Estado, previo proceso de selección y conformidad de la autoridad superior que correspondiera y del propio agente. El agente trasladado ingresará al escalafón del Organismo de Investigaciones considerando su antigüedad, nivel jerárquico y régimen previsional de acuerdo a las disposiciones que establezca la reglamentación a dictar por el Fiscal General”.

En tanto, el MPA aclaró que el Organismo de Investigaciones es "un órgano técnico policial que realiza un conjunto de actividades policiales de investigación dentro del ámbito judicial, que requiere de sus integrantes una serie de capacidades específicas".

Asimismo, el ingreso del personal de traspaso aún se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, expediente que fue enviado al Máximo Tribunal el mismo día del dictado de la Resolución 23.