Estambul. Tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes que causó al menos 265 muertos e instaló un clima de tensión y violencia en las principales ciudades de Turquía, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llevó a cabo una purga de dimensiones excepcionales, con casi 50.000 trabajadores despedidos y más de 8.000 detenidos.

Policías, jueces y profesores, tanto del sector público como privado, fueron apartados de sus puestos de trabajo, mientras que entre los detenidos, además de militares, figuran jueces, fiscales y civiles, según las cifras facilitadas por los medios turcos.

Pese a su magnitud, todas estas cifras "van a cambiar", según el primer ministro turco, Binali Yildirim, dejando claro que la purga no sólo se detendrá si no que continuará.

Las medidas adoptadas por Erdogan alarmaron a los principales líderes de Occidente y a la ONU, que pidió a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos.

En los dos últimos años el Gobierno turco ya había ordenado suspensiones masivas en la policía, dirigidas contra supuestos seguidores del predicador conservador Fethullah Gülen, a quien Erdogan acusa de instigar la fallida asonada militar y por eso redobla esfuerzos para que Estados Unidos, país donde se encuentra exiliado, proceda a extraditarlo.

Según un relevamiento hecho por la agencia de noticias EFE, hasta el momento las cifras de la gigantesca purga son las siguientes:

-Despedidos: el total de trabajadores, públicos o privados, que fueron suspendidos del empleo a consecuencia del golpe llega a 49.337 personas, según el diario Hürriyet.
- 21.000 profesores de centros educativos privados.
- 15.200 profesores y otros funcionarios de Educación fueron suspendidos del servicio y se inició "una investigación respecto a cada una de esas personas", según el Gobierno.
- Orden de dimisión a los 1.577 decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas.
- 8.777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, entre los que figuran 11 generales y 61 coroneles.
- 1.500 funcionarios del Ministerio de Finanzas.
- 257 trabajadores de la Oficina del Primer Ministro.
- 2.745 jueces y fiscales han sido suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos en la Judicatura.
- Un gobernador provincial, 29 ex gobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos cayeron en la depuración.

Detenidos:

- 8.660 "golpistas" detenidos, de los que 990 fueron enviados a prisión preventiva por orden de un juez, según cifras oficiales. Entre los detenidos figuran 6.000 militares, 100 policías, 755 jueces y fiscales, así como 650 civiles.
De los militares arrestados, 118 son generales, lo que supone un tercio de todos los generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas, y los dos pilotos del caza que en noviembre pasado derribaron un avión de combate ruso que generó un enfriamiento de las relaciones con Rusia.
Entre los nombres propios figura el general Akin Oztürk, ex comandante de las Fuerzas Aéreas turcas y señalado como líder del intento de derrocar al Gobierno, aunque según él trató de detenerla, así como los comandantes del 2º y 3º Ejército de las fuerzas terrestres.
También fue arrestado el coronel Ali Yazici, asesor jefe militar de Erdogan, y Erkan Kivrak, un asesor militar del presidente de rango inferior.

Medidas excepcionales:

- Prohibición de viajar al extranjero de todos los empleados públicos, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores.
- Orden de interrupción de las vacaciones y regreso a los puestos de trabajo de los funcionarios
- Retiro de licencia a 24 medios de comunicación, por orden del Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK).

Medida en estudio:

- Restauración de la pena muerte. Es una posibilidad abierta por Erdogan para castigar a los "traidores" que participaron en el golpe. Aparte del AKP, el partido islamista en el poder, sólo el partido ultranacionalista MHP respalda una eventual restauración de la pena capital, abolida definitivamente en 2004 y criticadas por los países que integran la Unión Europea a la que aspira ingresar Turquía.

 

(Télam y EFE)