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Cámaras empresarias, sectores productivos y organizaciones de responsabilidad empresarial dieron el visto bueno al proyecto de ley que promueve la inclusión laboral de personas que han cumplido condenas en el sistema penal, a partir de beneficios impositivos para los empresarios que decidan emplearlos.

Dejando de lado los prejuicios, los empresarios coinciden en que se trata de un proyecto de buenas intenciones hacia la sociedad en general y no sólo por el beneficio impositivo que ofrecen a las empresas. “Hay que entender que esto busca un beneficio para todos, porque deriva en varios aspectos de la sociedad. No se debe reducir a un beneficio económico”, explicó a Rosarioplus.com Jorge Figueroa, presidente de MoveRSE, organización de responsabilidad empresarial.

Construcción

La oferta laboral que más emplea a personas con antecedentes penales es la construcción, por eso el proyecto de ley propone que todas las licitaciones del Estado provincial deben guardar un porcentaje para estas personas. Desde la Cámara de la Construcción de Rosario, explicaron que están de acuerdo con la iniciativa ya que “han trabajado desde siempre con sectores vulnerables”.

Sin embargo, a los dirigentes no los convence el porcentaje fijo del 5 por ciento exigido. “Lo hemos debatido en comisión y nos pareció muy positivo, sólo que no nos parece bien un piso fijo. Porque  se puede dar que no se consiga personal para una determinada obra, o al revés, quizás haya obras que podamos emplear más. Debemos buscar un mecanismo que sea un incentivo y no una imposición”, explicó el presidente de la cámara, Gagliardo.

Desde Fisfe, la federación que nuclea a los industriales santafesinos, presidente Guillermo Moretti prefirió no opinar hasta leer en profundidad el proyecto pero recordó que las industrias santafesinas están exentas de Ingresos Brutos, que es el tributo que se propone para computar como crédito fiscal a las empresas que empleen personas en antecedentes.

Comerciantes

Por su parte, desde la Asociación Empresaria de Rosario, su titular Ricardo Diab, se mostró interesado con la iniciativa del diputado socialista Joaquín Blanco. “Lógicamente hay que ver si las condiciones son suficientes, muchas veces el empresario tiene su prevención en este aspecto”. Y aclaró que la oferta no provendría de comercios pero sí de sectores más productivos como fabricantes de muebles, de pasta, panaderos, de indumentaria, plástico.

Capacitación y reinserción

Aquí se dispara un tema no menor que el propio ministro de Justicia Ricardo Silberstein apuntó en la Sí 98.9 que es la capacitación que se le da a la persona en el Servicio Penitenciario en consonancia con la real oferta de trabajo.

Desde MoveRSE, Figueroa compartió la idea y entiende que se deben proyectar capacitaciones no sólo en herrería, carpintería, panadería, sino en un futuro hasta abrir  la capacitación a nuevas tecnologías que son los “nuevos oficios” y hasta permiten trabajar de manera freelance.

A su vez, marcó una diferencia entre la conexión de la oferta laboral y la real inserción de una persona que ha estado en un ambiente particular como es un penal o con códigos diferentes al que se puede encontrar en el ámbito laboral. “Hay que trabajar en la etapa previa al inicio al trabajo, es decir, para que vayan adquiriendo habilidades, no sólo en la capacitación, sino respecto a las interrelaciones, a la incorporación dentro de una organización, para que la persona con antecedentes logre sentirse útil, acogido sepan ensamblarse. El ‘cómo entrar a la cancha’”, graficó.