Todo lo que sucede en Brasil repercute en Argentina. El vecino país intenta salir de la recesión más ardua de su historia, pero atraviesa una crisis política e institucional que mantiene en vilo a toda su dirigencia. Una conocida cita de Lenin sostiene que “cuando el problema es económico, la solución es política”. Desde esa mirada, la inestabilidad política que Brasil padece desde hace unos años no hace más que dificultar la salida del estancamiento económico. Argentina, cuya sociedad con Brasil es íntima e indispensable, también sufre la falta de recuperación del país vecino.

La inestabilidad política es producto de la explosión del escándalo del petróleo, destapado por la investigación denominada “Lava Jato”, que reveló un entramado de corrupción sin antecedentes que involucra a políticos, funcionarios y empresarios en Brasil y en toda Latinoamérica. Cientos de políticos recibieron sobornos para facilitarle a determinadas empresas el acceso a la obra pública, especialmente aquella contratada por la empresa petrolera estatal Petrobras. El caso de la constructora Odebrecht es el más destacado debido a su alcance internacional. Es en este contexto que cobró especial importancia el fallo en segunda instancia contra el ex presidente brasileño.

¿Que pasa con Lula?

El pasado jueves un tribunal en segunda instancia de Porto Alegre, ratificó por unanimidad la sentencia contra Luis Inazio Lula Da Silva, dictada en julio de 2017 por el juez en primera instancia Sergio Moro. Los tres miembros del tribunal fueron aún más allá y ampliaron la condena original -que contemplaba nueve años y seis meses de prisión- a doce años y un mes.

La condena por corrupción y lavado de dinero que recae sobre el expresidente es por recibir un departamento tríplex en la localidad balnearia de Guarujá como soborno de la empresa constructora OAS. Sin embargo, no existe ningún documento que vincule a Lula con ese departamento, el cual hasta la fecha, figura en el catastro como propiedad de OAS. Solamente existe el testimonio del propio exmandatario de haber visitado en una oportunidad el inmueble con intención de adquirirlo. Es decir que tanto el juez en primera instancia como los tres jueces del tribunal en segunda instancia condenaron a Lula sobre la base de inferencias.

A pesar de lo dicho e independientemente de que Da Silva hubiera o no recibido sobornos, de que hubiera o no conocido los circuitos de corrupción -o de que los hubiera propiciado-, más allá de que hubiera o no encubierto a dirigentes o funcionarios corrompidos, lo cierto es que aún es el candidato  con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. Las consultoras de opinión pública le otorgan márgenes que oscilan entre el 34 y el 42 por ciento de intención de voto, muy por encima del 18 por ciento que ostenta quien está segundo en los sondeos, Jair Messias Bolsonaro.

Es probable que Lula sea finalmente inhabilitado y no pueda ser candidato presidencial debido a una ley que impide que los condenados por un tribunal colegiado como el de Porto Alegre se presenten a elecciones para ocupar cargos públicos. Eso lo resolverá el Tribunal Superior Electoral brasileño y se espera que Lula, quien rechaza los cargos en su contra, continúe la batalla legal para poder competir en las urnas. Más aún, se presume que sus abogados presentarán una acción de amparo que le permita ser candidato hasta tanto un tribunal superior no dicte una sentencia definitiva. Mientras tanto el expresidente permanecerá en libertad hasta que se juzguen los recursos presentados por su defensa al tribunal de apelaciones y, casi con seguridad, ante las instancias superiores del Poder Judicial para intentar revertir la condena.

Sin embargo, el apoyo al exmandatario está lejos de mermar y hasta parece incrementarse. Cabe preguntarse entonces ¿por qué a pesar de los cuestionamientos y los reveses judiciales que recaen sobre él, Lula continúa aglutinando tantos seguidores?

En primer lugar porque durante su presidencia (2003-2010) más de 30 millones de brasileños salieron de la pobreza y se sumaron a la clase media. La mejora se hizo sentir en todo Brasil y llegó a rincones que antes quedaban al margen de esos beneficios, mediante programas sociales que fueron reconocidos internacionalmente. También se mejoró el sistema educativo y se crearon becas para asegurar que los estudiantes más humildes tuvieran acceso a la educación superior.

En segundo lugar, porque al concluir su mandato, Lula dejó una economía en auge, una tasa de desempleo inferior a la de los Estados Unidos o Alemania y optimismo sobre el futuro del país. La nueva clase media accedía a mejores trabajos y salarios, alimentando el consumo. Todo eso sucedió en medio de un boom en los precios de las materias primas que impulsó la producción en Brasil y toda Latinoamérica, con crecientes exportaciones, ingresos e inversiones. Durante su gobierno se descubrieron además importantes reservas de petróleo que aumentaron el optimismo económico y el valor de Petrobras. La recesión y caída de los precios de las materias primas llegaron cuando ya gobernaba su sucesora y correligionaria, Dilma Rousseff. Fue ella quien recibió las críticas por esos problemas y otros que Brasil arrastraba desde antes, como la falta de inversión en infraestructura o los altos niveles de deuda pública. Producto de las políticas de ajuste que comenzó a implementar, Dilma sufrió un desplome de su popularidad hasta que finalmente fue destituida en 2016 por manipulación de las cuentas públicas, algo que, paradójicamente, provocó que muchos brasileños extrañaran a Lula.

En tercer lugar, porque su propia historia de vida enamoró a millones de brasileños. Lula pasó de vivir en extrema pobreza en el norte rural de Brasil a gobernar el mayor país de Latinoamérica. La historia de superación personal del simple obrero metalúrgico que llegó a presidente inspiró a su país y proyectó una imagen internacional coincidente con el ideal de "orden y progreso" inscripta en la bandera brasileña. El nuevo protagonismo global de Brasil quedó ejemplificado en su elección como sede de la Copa Mundial de fútbol 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016. Finalmente, esos proyectos demostraron estar llenos de problemas, incluidas acusaciones de corrupción.

En cuarto lugar, porque los escándalos de corrupción y el desencanto general no afectan solamente a Lula, sino que mancharon a todo el sistema político brasileño. Hasta el actual presidente, Michel Temer, fue acusado de corrupción y obstrucción de la justicia por la fiscalía de su país, pese a lo cual el Congreso evitó que pudiera ser juzgado y separado del cargo. Temer logró el respaldo legislativo repartiendo cientos de millones de dólares del presupuesto federal para aprobar proyectos y demandas del Congreso, donde buena parte de sus miembros también tiene o ha tenido problemas judiciales.

Según la encuesta Latinobarómetro 2017, Brasil es el país de la región donde el gobierno tiene la aprobación más baja y la democracia reúne el menor nivel de satisfacción popular. Sin el surgimiento de líderes políticos nuevos y honestos, muchos ciudadanos consideran a Lula una opción aún atractiva.

Poder y justicia

La sentencia del último jueves coincidió con una nueva edición del foro de Davos. Mientras Lula  anunciaba que seguiría luchando “hasta la muerte” para “devolver la dignidad perdida” a los brasileños, en Davos el presidente Temer anunciaba que Brasil, después de haber sufrido con el gobierno de Dilma la mayor recesión de su historia, “estaba volviendo a crecer”, y que los inversores extranjeros estaban deseosos de volver al país. Mientras el Poder Judicial condenaba al principal candidato de la izquierda, el actual y antipopular presidente de derecha tocaba la música que más le gusta al sector financiero.

La derecha que ahora gobierna en Brasil y que muchas veces negoció con Lula no hace ni hará nada para salvarlo de su condena, dado que cada vez que el Poder Judicial avanza contra él, los mercados reaccionan al alza. Mientras tanto, los corruptos de la derecha o bien siguen en libertad o bien demoran mucho más en recibir una condena.

Es posible pensar que Lula, con su inagotable genio político y si la condena le impide disputar las elecciones, se vea llamado a ser el constructor de un frente de izquierda que ya no gire en torno a su liderazgo, sino a un programa político. Una izquierda inclusiva, menos beligerante y necesaria como opción de recambio frente a las fuerzas de una derecha conservadora que no dejará de envalentonarse ante un Lula caído en desgracia.

Brasil, entre la cleptocracia y la critarquía

La cleptocracia es el gobierno de los ladrones (del griego “klepto”, que quiere decir robo, y “kratos” que significa “poder” o “gobierno”). La critarquía es el gobierno de los jueces (también del griego “kritès” que quiere decir “juzgado”, o “krito” que significa “juzgar”, y “archè” que puede traducirse como gobierno). Brasil oscila peligrosamente entre esos dos polos, el gobierno de corruptos independientemente de su extracción político partidaria, o el gobierno de jueces que parecen gustosos de decidirlo todo. Curiosamente ambos coinciden en un punto: terminan por complacer a los sectores más concentrados del poder económico y financiero del país.

Entre esos dos extremos está la maltrecha democracia -el gobierno del pueblo- tan desprestigiada en estos tiempos y tergiversada con los fracasos de quienes conducen. Un estudio de Latinobarómetro señala el deterioro de la institucionalidad democrática latinoamericana en los últimos cinco años. Será también cuestión de que las sociedades maduren y asuman que ladrones y jueces emanan del propio pueblo. Pero la capacidad autocrítica es tan necesaria como la capacidad de ponerle límites a aquellos sectores que se muestran deseosos de acaparar todo el poder.

Volviendo a la metáfora del título, es cierto que Pandora al abrir la caja liberó todos los males del mundo. Sin embargo, la caja contenía también lo que le daría ánimo al ser humano para levantarse luego de cada caída: la esperanza.