La represión indiscriminada es la respuesta de los gobiernos que no tienen respuesta. Es exactamente eso de lo que carece el gobierno del conservador Iván Duque, de respuesta. A una gestión caracterizada por la mediocridad se le agregó la pandemia, algo que se tradujo en una caída histórica del 6,8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Esa caída se explica en buena medida por la contracción del consumo en los hogares colombianos y el desempleo que ya supera el 20 por ciento. Carente de ideas, el gobierno no encontró mejor manera de paliar la crisis económica que mediante la fórmula ortodoxa de un ajuste fiscal -avalado por varios espacios opositores- que recayó donde siempre lo hace: los sectores vulnerables y medios de la población. La reacción popular no se hizo esperar.

Ajuste y protesta social

Bajo el irónico nombre de Ley Solidaridad Sostenible, el gobierno de Duque dispuso un ajuste fiscal respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya finalidad era recaudar cerca de 6300 millones de dólares para enfrentar la crisis económica en la que está sumido el país, muy afectado por la pandemia de Covid-19. El ajuste contemplaba, por ejemplo, el aumento de impuestos como el IVA y de los combustibles, medidas claramente perjudiciales para los sectores populares. Sin embargo, la reforma tributaria no proponía nada en materia contribuciones por parte de las grandes fortunas.

Tras la reacción social y las protestas iniciadas el 28 de abril, el gobierno sólo atinó a reprimir y la situación se fue tornando cada vez más violenta.

La renuncia el pasado lunes del artífice de la medida, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, llegó demasiado tarde, al igual que la marcha atrás con la reforma fiscal. El presidente entregó la cabeza de su ministro, pero eso ya no sirvió para aplacar los ánimos, especialmente cuando ya se cuentan al menos 19 muertes, más de 800 heridos y 87 personas desaparecidas.

Las protestas se extendieron primero por las grandes ciudades como Medellín, Bogotá y -sobre todo- Cali, donde se han producido bloqueos que provocaron desabastecimiento, dado que las entradas y salidas al núcleo urbano han permanecido inaccesibles durante los últimos días. Pero al cabo de pocos días estallaron también en municipios medianos y pequeños.

La movilización no da señales de cesar. Las organizaciones sindicales y estudiantiles reclaman la  desmilitarización de las ciudades y apuntan a la negociación de un plan de emergencia que incluye aumento del salario mínimo y que el gobierno abandone una reforma en curso sobre el área salud.

Represión

La brutalidad con que las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes recibió la condena de la comunidad internacional. Mientras tanto en el interior del país, los reportes de los fallecidos, los heridos y las personas que continúan desaparecidas profundizaron la indignación popular que se transformó en un reclamo generalizado contra la pobreza y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.

Responsables de la Oficina de la Organización d las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Cali, fueron testigos de que las autoridades "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y realizaron detenciones".

Desde la Unión Europea (UE) y organismos internacionales como la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (RINDHCA) y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo (ILO), se hace un seguimiento contante de la situación y se ha exhortado al gobierno a garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos de las colombianas y los colombianos. Los actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad han atentado contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión.

Jaque al Duque

La impopular reforma fiscal ya abortada tenía por finalidad mejorar la recaudación del Estado para paliar la grave crisis económica que afronta el país. Ahora el gobierno de Duque se encuentra jaqueado entre la falta de recaudación y el padecimiento de la ciudadanía. En el camino, erosionó su propia legitimidad.

En palabras del propio Carrasquilla: "de un lado, es indispensable que se dé continuidad a los programas de protección social y económica que empezaron a expirar desde el pasado marzo. De otra parte, en ausencia de una reforma gradual y ordenada de la tributación, la estabilidad macroeconómica del país se vería seriamente comprometida". Mientras busca la manera de evitar el jaque mate, Duque también debe encontrar la forma de contener una ola de protestas cada vez más fuera de control. Pero el problema es que en el gobierno no parecen aflorar ideas tampoco en este ámbito.

El argumento utilizado para justificar la brutalidad de las fuerzas de seguridad fue que los manifestantes las habían atacado. La policía asegura que en muchos casos sus agentes fueron víctimas de ataque al intentar evitar el saqueo de comercios o el incendio de vehículos, y las autoridades nacionales afirman que más de la mitad de los heridos a raíz de las protestas son agentes de seguridad. El ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que "grupos armados ilegales" se han infiltrado en las manifestaciones y que son los responsables del caos y el vandalismo. Sin embargo, en el país hay un reclamo generalizado hacia Molano por las graves denuncias que recaen sobre agentes a los que se ha visto incluso disparar a quemarropa contra manifestantes. La policía es objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias. Además, es señalada como la responsable directa de la muerte de los manifestantes, en su mayoría jóvenes.

Las autoridades colombianas se muestran reticentes a brindar información clara y contundente. Son pocos los organismos gubernamentales que se arriesgan a ofrecer datos concretos. Es posible que se hayan cometido delitos comunes en el seno de las manifestaciones pero, en ese caso, deben ser combatidos desde el estado de Derecho de la única manera aceptable en una democracia, que es mediante la aplicación de la ley. El Estado es quien debe ejercer el monopolio de la violencia física legítima. Cuando lo hace sin legitimidad, se convierte en un grupo criminal más, pero no en cualquiera, sino en el más poderoso.

La autoridad radica en el ejercicio de poder político con legitimidad. En esa ecuación, cuando un gobierno pierde su legitimidad y se queda solamente con el ejercicio del poder, pierde su autoridad.  Es entonces cuando el autoritarismo asoma a la vuelta de la esquina.