La postergada designación por concurso de los jueces del Tribunal Municipal de Faltas es el nuevo tema de batalla entre el socialismo y Cambiemos, pero la disputa por la herramienta de designación de magistrados viene desde hace tiempo.

"El socialismo primero vetó la ordenanza, y el Concejo Municipal insistió con los dos tercios para sostener la norma", afirmó el ex concejal Diego Giuliano, en diálogo con Rosarioplus.com.

Hace casi tres años y medio, el Concejo aprobó un proyecto del ex edil que determinaba que los jueces de faltas debían ser nombrados tras un concurso público que cuente con el acuerdo del Palacio Vasallo.

Sin embargo, la intendenta Mónica Fein decidió vetar la ordenanza, a la que catalogó de “inconstitucional”. El Concejo, rápidamente, rechazó el veto de la jefa del Ejecutivo y la disputa se volvió judicial, pero la Justicia provincial rechazó el planteo de inconstitucionalidad que planteó el municipio. La ordenanza quedó vigente, pero sin implementación.

"Ahora, los jueces de falta son elegidos a dedo, sin concurso y sin otra opinión que no sea la de la intendenta", observó el abogado y remarcó: "Hay muchos jueces buenos, pero en el fondo el sistema es antiguo, conservador y a dedo".

El ex concejal remarcó que el Ejecutivo "entiende a la Justicia de Faltas como una dependencia de la intendenta" y por eso no implementa la ordenanza.

"El juez de falta es muy importante en Rosario, porque no solo se ocupa del tránsito, sino del transporte, de los ruidos molestos, de la nocturnidad", explicó el Giuliano e insistió: "Utilizar el sistema de concurso es darle imparcialidad al juez porque no depende del humor de la intendenta, sino de todo el arco político de la ciudad".

Cuando en septiembre de 2016 el Concejo declaró la emergencia en seguridad, uno de los tantos ítems que se determinaron en la medida excepcional fue la designación, por única vez, de ocho nuevos jueces de Faltas, que deberían ser seleccionados de la planta de empleados municipales y cuyo mandato tendría vigencia sólo por un año, desde el primero de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018. 

"El socialismo quiere controlar la Justicia de Falta como política, de acuerdo con la conveniencia del partido que gobierna y no de la ciudad", concluyó.