Este lunes se vence el plazo para que la intendenta Mónica Fein vete o promulgue la ordenanza que prohíbe el uso de glifosato tanto en campos como en jardines particulares en toda la ciudad. Luego de que sectores ligados al agro iniciaran una fuerte avanzada pidiendo que la norma, que fuera aprobada por todos los concejales, no fuera reglamentada, es una incógnita qué resolverá la mandataria local. 

Por eso, este domingo la multisectorial Paren de Fumigarnos publicó una carta abierta a la jefa del Ejecutivo donde le pide que promulgue la ordenanza que prohíbe el herbicida en toda Rosario. En la misiva pública, también critican fuertemente a las entidades relacionadas con el mundo del agro, que hicieron un intenso lobby para voltear la norma.

“Queremos expresarle todo nuestro apoyo, para que sostenga una actitud firme, en defensa de las decisiones democráticas y los derechos de los ciudadanos comunes, y no ceder a las pretensiones de los sectores concentrados del agronegocio”, reza la carta pública dirigida a Fein.

Y sigue: “En su carácter de trabajadora de la salud y conocedora de la problemática socioambiental, le pedimos que no olvide el compromiso ejercido ante la población, por usted y el partido al que pertenece, de gestionar en defensa de los derechos más elementales como son la vida y al ambiente sano”. 

El colectivo Paren de Fumigarnos, que está compuesto por más de 160 instituciones públicas y privadas sin fines de lucro y por miles de vecinos y vecinas autoconvocados en pueblos fumigados a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, se encargó también de “repudiar las declaraciones públicas y los aprietes esgrimidos desde entidades del agronegocio como la Bolsa de Comercio, ACSOJA y AAPRESID”.

Según los ambientalistas, en las expresiones de estas entidades “se ejerce una presión abierta e impúdica sobre su propia persona, para que vete la normativa aludida precedentemente”. “Claramente, la actitud corporativa de este sector inescrupulosamente intentó también, a través de diferentes maniobras, derogar la ordenanza introduciendo para su debate en el Concejo otro proyecto de manera absolutamente irregular, violando el debido proceso parlamentario”, agregaron.

En la carta abierta a Fein, los ambientalistas destacan que la ordenanza “ha sido sancionada luego de una votación que reunió la adhesión de los 28 ediles del Concejo”. “Como usted sabe, la relevancia de semejante nivel de consenso político e institucional es un motivo esencial para decir en favor de su promulgación y consiguiente vigencia como derecho local”, cierran.