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El Senado de Santa Fe tiene en sus manos la aprobación o el rechazo del proyecto que busca aumentar algunos impuestos a los bancos y las cerealeras exportadoras para compensar así la quita de subsidios al transporte de pasajeros.

El proyecto pasó la Cámara de Diputados con bastante holgura. Fueron 33 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones. En el otro recinto, sin embargo, los rechazos le ganarían a las adhesiones.   

La Cámara de Senadores tiene 19 representantes, uno por cada departamento. Hay once legisladores del Partido Justicialista y ocho del Frente Progresista, entre socialistas y radicales.  Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) es el único de este interbloque que mutó en el último tiempo para el sector de Cambiemos, sin representación pura en el recinto.

Por identidad partidaria, el proyecto debería ser ratificado. El peronismo y el Frente Progresista, los dos grandes bloques del Senado, acompañaron y apoyaron la iniciativa en Diputados.

Pero por lo visto, la aprobación o el rechazo dividen aguas en el seno de ambos espacios políticos. Hay pocos senadores que están totalmente convencidos en avalar este proyecto de ley. La mayoría, según pudo averiguar Rosarioplus.com, duda. “Cuando hay dudas, por lo general, los debates no avanzan”, resumió un portavoz con muchos años en los pasillos de la legislatura.   

La presión del sector agroexportador también influye a la hora de las decisiones finales. La mayoría de las entidades o cámaras involucradas pidieron cita con los senadores para argumentar en contra de esta propuesta legislativa.

Armando Traferri (PJ), senador por San Lorenzo, ciudad que respira al compás del polo industrial y agroexportador, ya se sentó a dialogar con la Bolsa de Comercio y con la Cámara Aceitera.

Admitió en sus últimas declaraciones públicas que es muy difícil que apoye un proyecto que “deja gente en la calle”. Traferri es uno de los dirigentes del peronismo con más peso dentro de su bloque.

“Estas entidades plantean que corren riesgos puestos de trabajo y que ante más presión tributaria la variable de ajuste va a ser el empleo. Meter mano rápidamente a veces puede desencadenar en algún acto de injusticia”, afirmó.

El senador propuso analizar la posibilidad que “los casinos y los bingos se hagan cargo si hay que incrementar algunos impuestos para solventar el transporte público”. “El sector productivo ya tiene demasiada carga”, planteó.

El socialista Miguel Cappiello (senador por Rosario) fue el único que adelantó su postura en favor del proyecto. En su lógica, y ante un presupuesto tan recesivo como presentó el gobierno nacional, “los que más tienen deben pagar para solventar a los que menos que tienen”.

“Esta es una forma de que la quita de subsidios no repercuta tanto en el bolsillo del trabajador, que es el que va a sufrir el aumento si es que hay que pagar al costo que hoy tiene el boleto”, analizó en diálogo con Rosarioplus.com.

Respecto a las posturas puertas para dentro, Cappiello habló de “tejer acuerdos” con los otros senadores del Frente Progresista para luego tratar de convencer al peronismo, al “bloque mayoritario”. “La semana que viene arrancan las comisiones. Veremos con qué posturas nos encontramos”, señaló.

Minimizó el lobby de las entidades del agro y pidió “responsabilidad social” a quienes tienen “facturaciones millonarias”. “Está claro que estos sectores no quieren perder sus enormes ganancias. De todas formas, no creo que ningún senador se deje apretar. Lo que se decida será por convicción de cada uno”, afirmó.

Los números 

En juego está la posibilidad de aumentar la alícuota de Ingresos Brutos a 18 empresas agroexportadoras que operan en suelo santafesino. La comercialización de granos pasaría de un 0,25% a un 1%, mientras que para el comercio al por menor y mayor de agroquímicos, semillas y fertilizantes el aumento sería de un 0,5% (de 2% a 2,5%).

En el caso de los bancos y las entidades financieras, el proyecto contempla triplicar el impuesto Inmobiliario, incremento que también alcanzaría a aquellos terrenos que son utilizados en el desarrollo de actividades de comercialización y acopio de productos agrícolas.

Los diputados que le dieron luz verde a la iniciativa –presentada por Rubén Galassi, legislador del Frente Progresista Cívico y Social-- justificaron el aval en la abulta rentabilidad de ambos sectores, muy beneficiados por la brusca devualuación del peso y por la mayoría de las políticas económicas de la Casa Rosada.

Las cuentas contables de estas empresas avalan estos dichos. De las 15 firmas exportadoras con mayor rentabilidad, diez son cerealeras, de las cuales la mayoría opera en suelo santafesino. En 2017, solo este grupo de empresas facturó un total de 18.170 millones de dólares. La utilidad fue de 363.400 millones de pesos con un dólar a 20. En agosto, con el abrupto salto cambiario, las ganancias ascendieron a 726.800 millones de pesos.

Las ganancias fueron aún más exorbitantes en el caso de los bancos. En agosto, por dar solo un ejemplo, registraron ganancias por 26.143 millones de pesos, un 263% de incremento respecto al mismo mes del año pasado.

El mayor rechazo, por el momento, llegó del sector agroexportador. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Sociedad Rural salieron con los tapones de punta. Las tres entidades utilizaron el mismo argumento: falta de debate, el traslado de este impuesto a los productores, posibles pérdidas de fuentes laborales y un sector que ya está dando “lo máximo” a nivel tributario.

La negativa al proyecto también encontró eco en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Su presidente, Gerardo Díaz Beltrán, planteó que “la medida va en sentido contrario a la baja de los costos que las pymes tanto necesitamos para ganar rentabilidad y competitividad”.

“Es por eso que solicitamos al gobierno de Santa Fe que frene este nuevo golpe al campo que no soporta más impuestos. No hay dudas de que si prospera esta iniciativa todo el peso de los mayores impuestos recaerá sobre la rentabilidad de los productores y de las pymes provinciales y, en definitiva, sobre los consumidores", reprochó.