Tras las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno provincial este domingo, que implican la suspensión de las clases presenciales en Rosario y San Lorenzo por ser consideradas zonas de alto riesgo epidemiológico, el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, anunció que presentará un amparo ante el Poder Judicial que permita revertir esta determinación del Ejecutivo. 

“Hay que dar la batalla para que las escuelas no se sigan cerrando y para eso, voy a agotar todos los recursos que estén a mi alcance como diputado y como papá. Porque, lamentablemente, ni el gobernador ni el intendente de Rosario se ponen firmes en este tema, que es crucial para el futuro de nuestros chicos, como tampoco han defendido a Santa Fe a partir de otras medidas anunciadas por Nación y que nos afectan directamente a los santafesinos”, manifestó Angelini.

El diputado destacó que el amparo que presentará esta semana “ya cuenta con el aval de profesionales jurídicos, así como también con el acompañamiento de una enorme cantidad de padres y médicos pediatras, que están muy preocupados por el cierre de las escuelas”.

“Hoy, la presencialidad que hay en el interior del país es muy relativa, porque solamente el 5% está yendo todos los días a la escuela. El 95% va una semana sí y una o dos no. Entonces, no tiene sentido cerrar las escuelas, que claramente no representan los principales focos de propagación del virus”, argumentó el edil macrista.

Clases presenciales: Larreta vs. Fernández, un precedente

La jugada de Juntos por el Cambio es muy similar a la que encabezó Horacio Rodríguez Larreta contra la suspensión de clases dispuesta por el presidente Alberto Fernández para contener el avance de la segunda ola de coronavirus. 

Este martes fallará la Corte Suprema de Justicia sobre la disputa entre Caba y Nación y puede sentar un precedente para las demás jurisdicciones. Todo parece indicar que el fallo avalaría la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.

Como antecedente, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó la semana pasada que era inconstitucional el DNU que suspendió entre el 19 al 30 de abril las clases presenciales en el AMBA. En su dictamen, sostuvo que el decreto no estaba fundamentado para tomar una medida como la suspensión de las clases que dependen de la ciudad de Buenos Aires por la autonomía que tiene sobre la educación como todas las provincias del país.

El procurador señaló que el gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en ese caso no ocurrió.

Tras resaltar que los DNU tienen que ser ratificados por el Congreso, el dictamen agregó que no está demostrado epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas afecte a la salud, en línea con la postura del gobierno porteño. El Ejecutivo le había pedido a la Corte que rechazara la demanda.