La Mac de Medina: siete años de un narco escándalo impune

Por Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada

Basados en los testimonios brindados por los protagonistas en sede judicial y en la comisión investigadora que se creó en la cámara de diputados de Santa Fe, esta investigación recrea minuto a minuto lo ocurrido a fines de 2013. Las presiones constantes del poder sobre los policías que investigaban el homicidio de Luis Medina, las reuniones políticas y judiciales. Las llamadas telefónicas. La adulteración del material probatorio. La renuncia del jefe de Pericias Informáticas y del jefe de Homicidios. El asesinato del comisario a cargo de la investigación días antes de prestar declaración.

Una llamada al 911 alteró los planes de relax del mundo policial, judicial y político de la provincia de Santa Fe. Apenas amagaba a salir el sol del 29 de diciembre de 2013, acribillaban a balazos a Luis Medina y a su novia en la circunvalación de Rosario, muy cerca del hotel City Center en donde se hospedaban. El empresario narco, a quien Miguel Lifschitz le había habilitado el boliche Esperanto en el último día al frente de la municipalidad de Rosario, fue encontrado muerto, en un charco de sangre dentro de su Citroen DC3 rojo, tras recibir 18 balazos a quemarropa. Su pareja, Justina Pérez Castelli, ultimada a tiros luego de lograr descender del vehículo, fue encontrada a pocos metros.

En esta investigación se van a develar las frenéticas actuaciones de las máximas autoridades políticas, judiciales y policiales tras conocerse el sangriento desenlace del empresario que desde hacía varios años era sindicado como uno de los titiriteros del negocio narco en el sur provincial. El día más largo del año terminó con dos funcionarios que respondían al ministro de gobierno Rubén Galazzi, metiendo sus manos en la computadora de Medina, secuestrada en la habitación del hotel, sin ninguna autorización de la Justicia.

“Cuando llegué vi a estos dos hombres, manipulando la prueba que yo había colectado, tenían enchufado un disco rígido extraíble. Yo le dije a mi jefe que no quería tener nada que ver con lo que se estaba haciendo”. La cita corresponde al testimonio que la perito informática, Pamela Acosta, brindó meses más tarde a la comisión investigadora presidida por el diputado Héctor Acuña. Ningún legislador del oficialismo aceptó ser parte de la misma.

Pero las gestiones del gobierno de Antonio Bonfatti comenzaron mucho antes de la medianoche. Ya desde las primeras horas de conocida la noticia un actor clave del Frente Progresista se encargó de monitorear personalmente los hechos. El doctor Jorge Barraguire hacía ya un tiempo que ostentaba uno de los cargos más importantes del poder Judicial: Procurador de la Corte. Básicamente, el jefe de todos los fiscales provinciales. El trabajo inmediatamente anterior de Barraguirre había sido en el poder Ejecutivo. También en un rol clave; Fiscal de Estado, o dicho coloquialmente, el abogado del gobierno del fallecido Hermes Binner.

La reconstrucción

Domingo 29 de diciembre

6 AM. Avenida Circunvalación. Una llamado al 911 alerta sobre una brutal balacera en la Circunvalación. Un Citroen DC3 rojo, con un masculino muerto en su interior y una femenina sin vida a unos metros del vehículo. El Comando Radioeléctrico es el primer en llegar al lugar y da aviso a la Comisaría XVI a cargo de la zona. Rápidamente llegaban al lugar las autoridades de esa comisaría, el Jefe de la Unidad Ragional rosarina, el Jefe de Homicidios y dos fiscales. Entre las pertenencias de los asesinados se encontró documentación que permitió acreditar sus identidades. Se trataba de Luis Medina y de Justina Pérez Castelli. Ambos llevaban celulares, que fueron enviados a la Comisaría XVI junto a dos tarjetas magnéticas de una habitación del hotel City Center.

9 AM. Alertas y expectantes. La por entonces fiscal de cámara María Eugenia Iribarren dio cuenta ante la Justicia de cómo todas las alarmas se encendieron desde temprano: “....la mañana del domingo que fue el homicidio, tanto el doctor Covani que era el Fiscal de turno, el doctor Vienna que era el Fiscal de NN, y el doctor Baraguirre que es el Procurador de la Corte, se comunicaron conmigo para informarme que habría habido un doble homicidio del cual podía ser una de las víctimas Luis Medina, que era una persona que ya se mencionaba hacia un tiempo en lo que era el mundo del narcotráfico en la ciudad de Rosario”. La cita corresponde a la causa que se inició por la denuncia de un grupo de legisladores encabezado por el diputado Eduardo Toniolli.

Cuesta imaginar por qué dos fiscales y el mismísimo Jefe de todos los fiscales se pusieron en contacto con una Fiscal de Cámara por un homicidio. Los fiscales de cámara son quienes revisan, ante una apelación, las decisiones tomadas por fiscales de primera instancia. No existen precedentes en la historia judicial de Santa Fe de una fiscal de tribunal revisor, moviéndose de inmediato en el territorio, haciendo la tarea que corresponde a fiscales de primer grado.

La doctora Iribarren cuenta: “el Procurador me pidió que estuviera al tanto personalmente de lo que ocurría”. Cuando habla del procurador, como anticipamos, se refiere a Jorge Barraguirre, quien se convirtiera en el primer funcionario del gobierno del Frente Progresista en dar un salto directo del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.

3 PM. Allanamiento. Salteándose el inconveniente que significó que la jueza de turno, María Luisa Pérez Vara, se había ido anticipadamente de vacaciones, toda la plana judicial y política detrás del caso lograron que un juez firme una orden de allanamiento para la habitación del Hotel City Center en busca de algún indicio.

En la caja fuerte de la habitación aparece el elemento clave que pondría los pelos de punta al gobierno: una computadora portátil Mac. La perito informática Pamela Costa, presente en el lugar, recolecta la prueba, la precinta, hace firmar la faja por los testigos presentes y la deposita en la sección Pericias Informáticas. Por entonces ya eran más de las 18 horas del domingo 29 y descubrir los misterios que escondía la computadora del narco sería tarea para el día siguiente a las 7 de la mañana.

6 PM. Las presiones. Desde ese momento el celular del subcomisario Nicolás Llanes, jefe de Pericias Informáticas, no paró de sonar. “Estaba la presión que continuamente me llamaban y me preguntaban si ya estaba la pericia. “Queremos saber el contenido de la máquina”. “¿Ya se peritó?” “¿cuándo?”, explicó Llanes en su declaración. “A las ocho de la noche la Jefa de Criminalística me seguía preguntando por el resultado de la pericia de la computadora”, agregó. “Me vuelve a llamar el comisario (Guillermo) Morgans que era el Jefe de la AUE, y me dice '¿Cuál es el resultado de la pericia, cómo está eso?'.

El subcomisario Llanes les explicaba a todos sus jefes que la computadora tenía una clave de ingreso y que tratarían de desbloquearla al otro día. “En este momento el resultado de la pericia es que está bloqueada”, le respondía a todos los llamados.

Lo que Llanes desconocía era que las presiones de sus superiores venían directamente de las planas mayores de la política. Tanto de quienes ocupaban los máximos sillones en el Poder Ejecutivo como en el Judicial.

7.30 PM. Sede de Gobierno. Según surge del relato de los protagonistas en sus declaraciones ante la comisión investigadora de Diputados, como ante la tramitación judicial posterior, a las 19.30 horas tiene lugar una inédita reunión. En la sede rosarina de la Casa de Gobierno provincial, el ministro de seguridad Raúl Lamberto y otros funcionarios políticos mandan a llamar a toda la plana mayor de la policía, incluidos el Jefe de Unidades Especiales comisario Guillermo Morgans y el Jefe de Homicidios Héctor Lanche. Ambos tuvieron que dar explicaciones de todo lo actuado y fueron avisados del profundo interés del gobierno en conocer los resultados de las pericias de la Mac de Medina.”Era la primera vez en mi vida que participaba en una reunión así, con todos mis jefes el ministro y otros funcionarios”, declaró luego Lanche.

8.30 PM. Palacio de Tribunales. Terminada la reunión, Morgans y Lanche parten directamente a tribunales. Otro encuentro similar los esperaba. El jefe de todos los fiscales y ex abogado del gobierno de Hermes Binner, Jorge Barraguirre había viajado los 150 kilómetros que separan a Santa Fe de Rosario para monitorear personalmente los hechos. Junto a él, la Fiscal de Cámara Iribarren y otros integrantes del poder Judicial escucharon las explicaciones de Morgans y Lanche, quienes a su vez insistían al teléfono del jefe de Pericias Informáticas para conocer detalles de lo que todos querían: los resultados de las pericias de la Mac.

10.30 PM. El asado frustrado. El jefe de Pericias Informáticas Nicolás Llanes picaba las sobras de la noche del 24 en la casa de su cuñado mientras esperaban que se cocine el asado que iban a compartir. Una vez más sonó su celular. El comisario Morgans le daba una orden que alteraría sus planes domingueros. Debía volver a convocar a sus peritos y reabrir la oficina inmediatamente. Si no lograban desbloquear la Mac y revisar el contenido el ministro Lamberto le enviaría dos especialistas a hacer el trabajo.

11.30 PM. Reabrir la oficina a medianoche. Una vez en la oficina llegan con el comisario Morgans dos funcionarios del ministerio de gobierno de la provincia de Santa Fe. Los dos expertos informáticos eran el secretario de Tecnologías, Javier Echaniz y su segundo Martín Degrati, ambos pertenecientes a la cartera del por entonces ministro de Gobierno (y actual jefe del bloque socialista en Diputados) Rubén Galassi.

Rompiendo no sólo la regla básica y republicana de la división de poderes, sino el más mínimo apego a los procedimientos judiciales, los funcionarios rompieron la faja que precintaba la Mac y trabajaron media hora en ella. El desbloqueo fue instantáneo porque la clave que daba automáticamente la máquina ante la falta de contraseña era “Mi nombre al revés”. SIUL fueron las letras que ingresaron (Luis al revés) y que le abrieron paso no sólo al contenido de la misma (del cual hicieron un back up y crearon gran cantidad de archivos tal consta en las pericias de la PSA) sino también acceso a las redes sociales y correos electrónicos de Luis Medina.

12.30 PM. Fiscales en la medianoche. Media hora más tarde llegaron a la sección de Pericias Informáticas Jorge Barraguirre y la fiscal de cámara María Eugenia Iribarren. Ante el cuadro de situación llamaron al secretario del juzgado para buscar barnizar con algo de legalidad lo que ya había ocurrido. En las declaraciones ante la Justicia los dos se cuidan mucho a la hora de precisar su participación: “Me llama (Raúl) Lamberto (ministro de seguridad) y me dice que había personal del Poder Ejecutivo trabajando con las pruebas. La llamo a la fiscal Iribarren para que vea lo que estaban haciendo. Con su presencia formalizó la situación”, sostiene Barraguirre para justificar que funcionarios de otro poder alteraron prueba judicial sin orden ni autorización de ningún juzgado.

Si bien la doctora Iribarren atestigua que “cuando llegué la Mac estaba desbloqueada y estaban haciendo un backup”, luego cuenta que llamó al secretario del juzgado a cargo para que le pida a la jueza actuante autorización para que la computadora sea desbloqueada. En su relato agrega que cuando le dan el OK le pasa el teléfono al comisario Morgans para que el secretario del juzgado Ríos Artacho le comunique las medidas resueltas.

Ríos Artacho y la jueza Raquel Cosgaya declaran que tal como se lo habían pedido y ante la presencia de las máximas autoridades de la fiscalía en el lugar autorizan que los funcionarios del Poder Ejecutivo destraben la máquina. Ambos desconocían que eso ya lo habían logrado hacer mucho más de media hora antes y sin la presencia de un sólo representante judicial.

Renuncias, muerte, ilegalidades

El testimonio del comisario Morgans hubiera sido relevante en la investigación. No llegó a brindarlo. Dos días antes de declarar ante la comisión de Diputados, Morgans fue asesinado a sangre fría en un hecho que fue calificado como intento de robo al local de su hijo.

“Me sentí muy incómodo con toda esta situación. Muy incómodo. Nunca me imaginé que me iba a chocar con una situación así, después de toda una carrera de no tener ningún problema, encontrarme involucrado en un hecho como éste, me incomodó muchísimo, me molestó”, explicó posteriormente el subcomisario Llanes, quien renunció al cargo de jefe de Pericias Informáticas como consecuencia de estos hechos.

“Yo no quiero problemas con esto que están haciendo”, le dijo aquella noche a Llanes la perito Pamela Acosta cuando llegó a la oficina y vio a extraños manipulando la prueba que ella había colectado y conservado la cadena de custodia. “No quería que me metieran en algo ilegal”, declaró posteriormente Pamela Acosta.

La perito se encargó de testificar ante la comisión de Diputados: “Yo nunca dije que no podía desbloquear la máquina. Porque nunca intenté hacerlo. Nunca pedía ayuda a nadie”, declaró Acosta. Es evidente que “Mi nombre al revés”, conociendo el nombre del dueño de la máquina, no requiere que ningún experto sea convocado.

“Mi jefe se sintió desbordado. Nunca lo había visto así”, explica Acosta sobre Llanes. “Vino gente del Ministerio de Gobierno y se vio desbordado. Nunca antes había pasado esto. Nosotros siempre trabajamos solos en la oficina. Nunca antes habían estado funcionarios del gobierno y de la Justicia”.

Un fallo épico

A pesar de la abundancia de pruebas que confirmar el manoseo al que fue sometido el concepto republicano de la división de poderes aquel domingo, la Justicia santafesina resolvió que no existe elemento alguno para sospechar de la honorabilidad de todos los protagonistas.

“Nada podemos reprochar a funcionario alguno más que la buena voluntad y ánimo de cooperación con el que actuaron aquel 29 diciembre de 2013 ante un hecho de la gravedad y transcendencia como el que ocurrió donde la carencia de los recursos esenciales con lo que se debe dotar a quién se les encargue investigar delitos con una pretensión de eficacia en su resultado, fueron suplidas con éxito por la colaboración conjunta y responsable por parte de los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones, por los Sres. Jueces de Primera Instancia, por Fiscales de Cámara y Fiscales de Primera Instancia, por el Procurador General de la Corte, por el Ministro de Seguridad, el Ministro de Gobierno y por numeroso personal policial de distintos rangos y jerarquías que lograron palear tanto las dificultades circunstanciales, como las estructurales, en un día domingo y de fin de año; trabajando largas horas intentando buscar algún indicio que permita rápidamente fijar una línea de investigación”.

La “Mac de Medina” es una más de las tantas causas en las que se vio involucrado el poder político de Santa Fe y terminó sin resolverse nada. Una causa que debería, como otras, poder reabrirse para un tratamiento más cercano al concepto de justicia.

(fuente: www.sinese.info)