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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado mayo, comparecerá este lunes en el Senado que la acusa por un "delito de responsabilidad", donde se defenderá en persona en un último intento de evitar su inminente destitución.

Esta será la primera vez en la que Rousseff acude al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra el pasado diciembre para refutar los cargos de los que se le acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales de 2015.

La mayoría de los 81 senadores ya ha manifestado su convicción de que Rousseff incurrió en las irregularidades que se le imputan y, de hecho, en las dos votaciones anteriores que se realizaron en la Cámara Alta en fases anteriores del proceso, se superaron los dos tercios, con 55 votos en la primera y 59 en la segunda.

La sesión en la que comparecerá Rousseff se prevé larga, comenzará por la mañana con una declaración de la mandataria, que durará media hora y podría alargarse otra media con la venia del presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, que preside el juicio político como garante constitucional.

Después se iniciará un turno de preguntas, en el que todos los senadores tienen derecho a intervenir por cinco minutos y en el que Rousseff no tiene límite para exponer sus argumentos.

A continuación se celebrará un debate en el que todos los senadores podrán hablar por diez minutos y en el que la acusación y defensa presentarán sus alegatos finales durante una hora y media, antes de realizar la votación final, que podría tener lugar entre el martes y el miércoles.

Esas supuestas irregularidades que le endilgan, se refieren a tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública, lo que, según la acusación, equivale a la concesión de créditos al Gobierno, algo que está vedado por la Constitución brasileña.

La acusación considera que esas operaciones suponen un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla como un motivo para la destitución de un jefe de Estado, pero la defensa niega cualquier irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares.