La videovigilancia en San Lorenzo estaba enganchada de la luz
La distribuidora eléctrica planteó al intendente Raimundo que las cámaras de videovigilancia del municipio funcionaban con una conexión irregular a la línea de energía. Eso obligó al Ejecutivo a declararlas y normalizar la situación para evitar una denuncia por hurto de electricidad. Además, en la oposición apuntan que la mayoría no funciona. Un ataque a puñaladas contra un joven disparó la revelación.
La Empresa Provincial de la Energía descubrió que las cámaras de videovigilancia municipal en San Lorenzo estaban conectadas de manera directa e irregular a la línea de energía eléctrica, y que el gobierno local no había gestionado esas conexiones. Eso activó un reclamo por parte de la distribuidora eléctrica ante la situación que ameritaba una denuncia penal por hurto de energía. La sangre no llegó al río, y la Municipalidad finalmente blanqueó la situación y la normalizó.
Es que el asunto se le venía encima al intendente radical Leonardo Raimundo como un nuevo escándalo con costo político. La oposición en el Concejo denuncia que el Ejecutivo no cumple en brindar información precisa sobre la licitación con la que se adquirieron 103 cámaras. Los ediles tienen dudas acerca del funcionamiento del sistema. Según uno de ellos, Marcelo Remondino, de las 103 cámaras que el municipio adquirió se colocaron 78. Y no pudo saber qué ha sido del resto.
La situación emergió a partir de una situación que dejó en evidencia el servicio deficiente de transporte público, al menos en el norte de la ciudad, sobre el límite con Puerto San Martín. Una noche de setiembre, alumnos de la escuela técnica nocturna nº 477 "Combate de San Lorenzo" fueron perseguidos y asaltados por una pandilla cuando habían salido de clase y regresaban a pie hasta Puerto San Martín, para no esperar un colectivo esporádico que, encima, nunca paraba.
La línea que transita por allí es explotada por la empresa Rosario Bus. Los vecinos afirman que después de las 23, el servicio se interrumpe.
En aquel asalto, uno de los chicos fue apuñalado, y cuando la familia radicó denuncia y se activó la investigación penal, el fiscal Carlos Ortigoza se encontró con que las cámara del sistema municipal de videovigilancia instaladas en San Martín y Gelvez podrían haber detectado el ataque, pero ninguna funcionaba.
El concejal Remondino, del bloque San Lorenzo en Común, contó a RosarioPlus que hubo reuniones y pedido de explicaciones al municipio. "Fue en vano, la mayoría oficialista cubre al Ejecutivo y nunca se siente obligado a informar sobre lo que hace o deja de hacer. Uno dijo que no funcionan porque les roban los cables. Pero si funcionan con wi fi, no usan cable", dijo.
A partir de esa situación, el edil sanlorencino averiguó que el municipio licitó la compra de 103 videocámaras, y que resultó adjudicataria una compañía, Gabbeé, que atravesaba una crisis, dijo. Sin embargo, aseguró Remondino, en la ciudad hay instaladas 78 cámaras. "¿Dónde están las 25 que faltan?", inquirió.
De allí que salió a la luz la forma irregular en la que el municipio conectó las cámaras a la red eléctrica para que funcionen. Sin notificar a la EPE, y con conexión directa, como cualquiera de esas que abundan en ciertas zonas urbanas de periferia, donde los usuarios sin acceso al servicio ni recursos procede a hurtar la energía.
"Hice un recorrido y encontré 78 cámaras, es importante que sepamos la cantidad que hay fehacientemente. Es menester que este Concejo tenga acceso al expediente licitatorio", insistió Remondino.
En esta situación, desde la EPE confirmaron la existencia del conflicto al advertir que faltaba la notificación oficial de la Municipalidad y el trámite correspondiente para proceder a la conexión de las videcámaras. Por esa razón, la empresa provincial prepara una facturación estimativa en base a un cálculo de consumo que estaría generando el sistema de videovigilancia municipal.
Días atrás, un funcionario de la EPE reconocía que las cámaras estaban conectadas de manera directa, sin medición y, por lo tanto, sin abonar la energía que consumen. En buen romance, era un hurto.
En los últimos días, el Ejecutivo normalizó la situación, al menos en parte. Declaró a la EPE que el sistema consta de 50 cámaras y tramitó la facturación por el consumo eléctrico.
La EPE también hizo el mismo planteo al Ministerio de Seguridad, que procedió también a la normalización de las cámaras de su propio sistema de monitoreo.
El asunto hizo ruido en la agenda política de la Ciudad Histórica. Remondino concluyó: "A la vecina que se engancha de la luz porque no llega a fin de mes se le hace una denuncia penal por hurto de energía y se le cobran todos los meses juntos. La Municipalidad debería dar el ejemplo y ellos mismos deberían denunciarse por hurto de energía", reprochó.