Legisladores reprochan a Lifschitz que no contesta los pedidos de informe
La Legislatura pregunta pero no obtiene respuestas. Ni siquiera son atendidos los reclamos del PS, que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 realizó seis pedidos y por ninguno obtuvo contestación. Afirman que solo el 15% de los pedidos ha sido respondidos
Desde que cambiaron las figuritas en la Legislatura provincial, en diciembre de 2015, se elevaron al Poder Ejecutivo más de 300 pedidos de informe de los cuales apenas un 15% recibió respuesta. Un relevamiento realizado por el Frente Social y Popular (FSyP), representado en Diputados por Carlos del Frade y Mercedes Meier, permitió conocer que solamente fueron atendidas 47 de esas requisitorias.
Los pedidos de informe son la herramienta con la que cuentan los legisladores para obtener datos por parte de distintos organismos del Estado provincial, especialmente aquellos que no son de acceso público. Según la Ley 11.312, de 1995, el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días prorrogables por otros 30 para responder los pedidos.
Más allá de que la Ley nació con el espíritu de brindar soluciones a diputados y senadores, con el correr de los años se dieron algunas situaciones al menos llamativas. Y una de ellas roza lo cómico: este año el diputado Julio Eggimann realizó un pedido de informes para conocer por qué no son contestados los pedidos de informes.
El relevamiento permitió saber qué bloques realizaron mayor cantidad de pedidos y cuántos de ellos tuvieron una respuesta. El bloque del Frente Social y Popular lidera el ranking con 34 requisitorias, de las cuales 13 fueron respondidas. Más atrás aparece el sub bloque del Frente Justicialista para la Victoria con siete pedidos atendidos sobre 23 presentados.
El socialismo también preguntó, generalmente sobre temas vinculados a la administración nacional. Pero los legisladores del PS tampoco tuvieron mucha suerte: de los seis pedidos de informes aprobados, ninguno obtuvo respuesta.
“La falta de respuesta a los pedidos de informe no es solo una cuestión administrativa, lesiona una de las facultades que tienen los legisladores y por consiguiente el derecho de sus representados”, subrayaron desde el FSyP.
El informe citó como ejemplo al caso Monticas y recordó que “hubo varios pedidos de informe sobre el mal funcionamiento del servicio, incluido uno de la diputada Mercedes Meier que dos semanas antes del accidente advertía que era necesario conocer los controles antes de que suceda una fatalidad”.
“No hay transparencia, ni responsabilidad institucional, ni acceso a la información, ni democracia, si los ejecutivos provinciales no responden los pedidos de informes. El pensamiento crítico es inherente a la libertad. Negar las respuestas es achatar la democracia y vaciar de contenidos palabras que alguna vez expresaban algo profundo como república, independencia de poderes e información pública”, criticó por su parte Carlos del Frade.