En la sesión de este jueves, la Legislatura santafesina sancionó un proyecto de ley que impide el remate de viviendas adquiridas a través de las líneas de crédito UVA que se impulsó la gestión del presidente Mauricio Macri. El proyecto tuvo media sanción en Diputados, a instancias del diputado Leandro Busatto, del Frente de Todos. Y se unificó con otro que recibió media sanción en el Senado, impulsado por el radical Lisandro Enrico.  

"Esta ley suspende todos los juicios hipotecarios que tengan como destino rematar una vivienda en todos los casos de los créditos UVA, UVI e hipotecarios que tengan dos o tres características fundamentales: que sean viviendas únicas, familiares, hayan sido adquiridos por esta modalidad y tengan ocupación por los propietarios", explicó Busatto, jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados.

En ese sentido adujo que lo mínimo que se puede hacer desde la Legislatura es impulsar una norma que al menos por un año genere la certeza de que no van a perder su vivienda y, mientras tanto, evitar que esto suceda para que en Nación se termine de generar una ley que termine de resolver el problema de fondo.

En los fundamentos, la ley sostiene que el objetivo es "proteger a quienes han accedido a las operaciones de crédito para vivienda de capital actualizable, otorgados por entidades financieras en aplicación de las leyes 25.827 (UVA) y 27 .271 (UVI) y Decreto 902/2012, que se vieron atraídos por una inflación en baja prometida por el Gobierno de Juntos por el Cambio y expectativas de crecimiento que no fueron tales".

Dentro de los detalles establecidos en su artículo 2 se describe que la medida alcanza a las viviendas únicas, familiar y de ocupación permanente; a las que el origen del crédito hipotecario obtenido provenga de los programas financieros UVA, UVI y PROCREAR, o de cualquier otro programa o acto que previere un mecanismo de ajuste de dicho crédito sujeto a variación inflacionaria, para la adquisición, construcción, mejora y/o ampliación de vivienda. También exige que la vivienda sea habitada por el deudor, lo que deberá justificar mediante una declaración jurada.

La semana pasada las Familias damnificadas volvieron a movilizarse en todo el país. En  la ciudad de Santa Fe se concentraron frente a casa de Gobierno con carteles y panfletos. Bajo la consigna "Basta de usura UVA", miles de argentinos pidieron por una solución ante los intereses del crédito que no paran de subir.

Pablo Madrid, uno de los damnificados, dijo que “el monto siguió creciendo, no hubo políticas a favor, y nos llenamos de promesas”. Con la marcha quisieron poder visibilizar lo que están pasando “es un derecho el poder manifestaron, mostrarnos, que se sepa que las promesas no fueron cumplidas, y aún hay una solución pendiente.”

Recordó además, que en su caso pagaba en junio de 2018 una cuota de $13.000 y que en apenas tres años ya pagan $44.000, “estamos desesperados, la deuda es exponencial y va a seguir creciendo”.