Llegó el día. Los sindicatos, organizaciones sociales, multisectoriales, entre otros, saldrán este miércoles a la calle con un objetivo claro: decirle que no al DNU y la ley Ómnibus de Javier Milei. La jornada será también una primera forma de medir fuerzas frente a un gobierno que se paró en la vereda de enfrente de las y los trabajadores. Los actos y movilizaciones serán en todo el país, con epicentro en la Capital Federal. En Rosario, habrá un acto a las 13 en el Monumento a la Bandera, con movilizaciones y concentraciones previas en distintos puntos de la ciudad.

Las y los trabajadores se unifican este miércoles bajo una consigna: “La patria no se vende”. La jornada de lucha fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) luego de conocerse los puntos tanto del mega DNU como de la ley Ómnibus, impulsadas en el primer mes de presidencia de Javier Milei. Las dos iniciativas apuntan sobre todo a retroceder en derechos adquiridos para los laburantes, y, lejos de impulsar el debate de reformas necesarias, van por todo.    

El paro busca, en ese sentido, marcar la cancha a las y los diputados de todo el país que el jueves comenzarán a debatir la ley Ómnibus de Javier Milei. La incógnita será cuánto mueve la estantería de la política nacional y qué precedentes van a sentarse de cara a las luchas que se vengan, que, salta a la luz, no serán pocas. 

Si bien el epicentro de la movilización y el acto está, como siempre, puesto en la Capital Federal, los gremios apuntaron a que cada ciudad tenga su acto, su marcha, su modalidad de hacerse sentir. Así, en Rosario habrá un acto unificado al mediodía en el Monumento a la Bandera. Las columnas llegarán desde al menos dos puntos de concentración importantes: Corrientes y Pellegrini, desde donde saldrán los recolectores y el Movimiento Obrero Rosarin, y la Plaza 25 de Mayo, donde concentrará la CTA y el Movimiento Sindical Rosario, entre otros. 

La estrategia de Nación es similar a la utilizada el miércoles 20 de diciembre de 2023: habilitar líneas de denuncias contra organizaciones o sindicatos por supuestas extorsiones para adherir o movilizarse. También se insta a las patronales a denunciar si sus actividades se ven afectadas. De la puesta en marcha de un protocolo antipiquetes no se hizo tanta parafernalia.