El fiscal Diego Luciani solicitó este lunes al Tribunal que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los exfuncionarios imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que ademas pidio 12 años de carcel para la vicepresidenta.

El fiscal hizo su requerimiento el marco del final de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra publica vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En esta etapa del juicio, Luciani y su par Sergio Mola, detallaron cuáles fueron los roles que habría ocupado cada uno de los imputados, para después incurrir en el pedido de condena por Asociación Ilícita para cada uno de ellos, además de endilgarles fraude contra la administración pública e incumplimiento en sus deberes de funcionario público.   

En la audiencia, Luciani habló de beneficios indebidos, violaciones flagrantes al principio de contratación, modificaciones del alcance de los contratos y las ampliaciones de plazos injustificados como parte de las irregularidades que consideró probados. Dijo en tanto que “solo puede arribar a una conclusión: Báez utilizó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra se haya concretado”. Y agregó que “Báez manejaba sus propios expedientes en el Distrito 23” y “tenía línea directa con el secretario de obras públicas y, por su interregno, con la presidenta de la Nación”.

Más allá de los tres peritajes oficiales que contaron con diferencias metodológicas y diferencias en sus conclusiones, los fiscales sostienen a capa y espada su teoría y hablaron de sobreprecios en 5 de las 51 obras investigadas con un rango de entre un 20 y 50 por ciento dependiendo el caso.  

Sin embargo, Mola reconoció que en cuarenta obras no hubo sobreprecios, pero aseguró que hubo cartelización para adjudicárselas a Báez. También mencionó 17 obras abandonadas o “con partes que hoy no sirven para nada”.

Las explicaciones de los fiscales para pedir condenas 

Parte de las endebles pruebas de Mola y Luciani están basadas en programas periodísticos, sumadas a las denuncias de Elisa Carrió. También aseguraron que es contundente como prueba la declaración de José López como imputado colaborador en la causa Cuadernos, que luego, en el juicio que lo condenó por enriquecimiento ilícito, quedó demostrado que había sido mentira. 

En aquella oportunidad como arrepentido, López buscó vincular a Cristina Kirchner con el origen de los nueve millones de dólares que quiso esconder en un convento de General Rodríguez. Con ese objetivo, había dicho que el dinero se lo había dado un secretario de Cristina. Pero se demostró en el debate oral que Fabián Gutiérrez no estaba en Buenos Aires al momento de los hechos y que la plata había estado escondida durante un período extenso de tiempo en un altillo de la casa de López, con humedad acumulada por haber estado al lado de un tanque de agua.

Alegatos de las defensas

Mientras tanto, el TOF2 deberá decidir si hace lugar o no al pedido de CFK de ampliar su indagatoria en esta etapa, en medio de los alegatos, algo no habitual en los debates orales. La solicitud de la vicepresidenta es declarar este martes 23 de agosto.

Lo que definió en esta jornada el Tribunal presidido por Rodrigo Giménez Uriburu es que los alegatos de las defensas comenzarán dentro de diez días, el próximo 5 de septiembre a las 8:30. También hizo lugar a un pedido de prórroga de la defensa de Báez, a cargo de Juan Villanueva, por lo que se alteró el orden de las exposiciones. “Este Tribunal habrá de disponer que en lo sucesivo las defensas efectúen sus alegatos en el siguiente orden: 1. Garro 2. Collareda 3. Daruich 4. De Vido 5. Fatala 6. Fernández de Kirchner 7. Báez 8. Kirchner 9. López 10. Pavesi 11. Periotti 12. Santibáñez 13. Villafañe”, detalló la resolución.