Por Daniel Casas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrenta este domingo una amplia y trascendental elección, vital para continuar con las reformas estructurales que encaró desde el inicio de su mandato, a las que se oponen en bloque los partidos políticos tradicionales.

En 2018, AMLO, como llaman los mexicanos al líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue electo con más del 52% de los votos, pero el sistema mixto con que se eligen por trienio los 500 miembros de la Cámara de Diputados -300 por mayoría y 200 por proporcionalidad- lo dotó de una mayoría calificada de 338 legisladores.

Con ese respaldo, que ningún presidente tuvo en los últimos 20 años, AMLO asumió el primero de diciembre de ese año y encaró una reforma estructural del Estado que, desde la misma elección del nombre, "Cuarta Transformación", escaldó a los partidos tradicionales.

Las otras transformaciones son la Guerra de la Independencia; la Guerra de la Reforma, con la que se pasó del Estado colonial al Estado nacional, y la Revolución Mexicana, que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y habilitó el marco institucional que todavía rige.

Para poner en contexto la llegada de López Obrador al Gobierno, en su tercer intento, estuvo precedida por escándalos de corrupción como el de las coimas de la multinacional brasileña Odebrech, que salpicaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional-PRI) y a su antecesor, Felipe Calderón (Partido Acción Nacional –PAN), así como el crecimiento sin pausa del poder de los carteles del narcotráfico, lo que le sumó a sus votantes de izquierda a parte de la clase media mexicana.

Ese desprestigio de las fuerzas tradicionales le permitió al candidato de Juntos Haremos Historia, (coalición de Morena, los partidos Del Trabajo, Encuentro Social, Verde y cinco independientes) asumir con el suficiente respaldo parlamentario para impulsar y aprobar ocho reformas a la Constitución y 59 enmiendas a leyes, códigos y reglamentos.

Entre las reformas constitucionales, no exentas de polémica, se anotan la extinción de dominio (que le permite al Estado utilizar los recursos incautados a la delincuencia organizada), la prisión preventiva oficiosa para crímenes de corrupción y otros, la creación de la Guardia Nacional, una reforma educativa, la paridad de género en cargos públicos, el acotamiento al fuero del presidente de la república, el reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos y la que establece el carácter vinculante de la consulta popular y la revocatoria del mandato presidencial. Entre las más polémicas enmiendas se anotan la Ley de Seguridad Interior, la que pone tope a los sueldos de los altos funcionarios, la prohibición de la condonación de impuestos, la corrupción, el robo de combustible, las reformas laborales en cuanto a la libertad sindical y la Ley de Austeridad Republicana, para regular el gasto excesivo en las dependencias estatales.

La divisoria de aguas que marcaron estas iniciativas alcanzó también al mundo académico. El analista Juan Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien anticipa que "a pesar de que están desprestigiados" votará por los partidos tradicionales "como una forma de defender la democracia", coincide con que la clave de esta elección es la posibilidad de que el oficialismo pierda su mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

"Sin esa mayoría, a López Obrador se le complicará su política de incrementar el estatismo", porque "con mayoría simple no podrá ni siquiera cambiar leyes secundarias", dijo Crespo a Télam.

Uno de los elementos que más cuestiona el analista de CIDE es la decisión de "subordinar o eliminar a los organismos descentralizados que ejercen de contralor de las decisiones del Ejecutivo".

Sin embargo, para Lucio Olivier, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y declarado votante del oficialismo, la decisión de avanzar en reformas mitigando o eliminando el poder de esos organismos descentralizados "es clave porque fueron creados para favorecer la acumulación del gran capital nacional privado" y "un sistema político de privilegios".

La gente, que votó mayoritariamente a López Obrador, "está muy decepcionada", aseguró Crespo, que, de todos modos, admitió que los respaldos que están volviendo hacia los partidos tradicionales son de sectores con más acceso a la educación, mayoritariamente ubicados en el norte del país, en los estados más industrializados, mientras que en el sur, donde no abunda el trabajo y campea la pobreza, las políticas del Gobierno tiene mejor recepción.

Olivier analizó también el voto de clase media y destacó que, "así como hubo un voto de respaldo a AMLO como una muestra de hartazgo frente a la corrupción y los privilegios, ese apoyo mermó cuando lo que se puso en cuestión fueron sus privilegios".

Para Olivier, el objetivo de los partidos tradicionales, con el respaldo incluso del Partido Demócrata de Estados Unidos, es "frenar los cambios impuestos por el Gobierno", y destacó que el Ejecutivo mexicano planteó una queja formal para que el Departamento de Estado "deje de financiar a ONGs que trabajan políticamente en su contra".

Esta puja tiene de fondo unas variables económicas y sociales alarmantes.

México es uno de los países más desiguales de América Latina, la pobreza es enorme, tanto como la corrupción, y la violencia -proveniente mayoritariamente del narcotráfico- está enraizada en el país desde hace décadas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó en febrero de este año que la crisis generada por la pandemia de coronavirus agregó entre 8,9 y 9,8 millones de mexicanos a los índices de pobreza.

El Coneval explicó entonces que los 61 millones de mexicanos que en 2018, cuando fue electo López Obrador, vivían con un ingreso inferior a la línea de la pobreza, en la pandemia se incrementaron hasta llegar a unos 70 millones de pobres, sobre algo más de 130 millones de habitantes.