El tribunal oral que lleva adelante el juicio por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz comenzará a resolver este martes las recusaciones presentadas hasta ahora por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y anunciadas por otros cinco imputados contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

Las recusaciones fueron fundamentadas en la aparición de una serie de fotografías en las que se ve a ambos integrando un equipo de fútbol que, según la vicepresidenta, participó en un partido disputado en la quinta personal del ex presidente Mauricio Macri.

La recusación se extenderá mañana también al fiscal ayudante de Luciani, Sergio Mola, ya que al menos una de las defensas –la del ex ministro Julio De Vido, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi- lo incluirá en su pedido de apartamiento.

Esta mañana, antes de que se iniciara la cuarta audiencia de alegatos, el abogado Carlos Alberto Beraldi, quien defiende a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito de 20 páginas con la recusación para Luciani y Giménez Uriburu.

“¿Luciani podía desconocer que ir a jugar al fútbol a la quinta de Macri lo colocaba en una situación inequívoca de falta de objetividad para desempeñarse como acusador contra nuestra asistida?”, se preguntó el abogado Beraldi.

“A los ojos de quienes resultan ser los adversarios políticos de nuestra representada, todos estos jugadores integran un verdadero equipo de primera”, disparó el abogado, con una chicana futbolística.

Además, se preguntó: “¿Qué hubiese sucedido de conocerse fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con quienes están siendo juzgados en este proceso?”.

Al menos otros cinco imputados anunciaron que entre la última hora de hoy y la primera de mañana, antes de que se reanuden los alegatos de la fiscalía, también recusarían al fiscal y al juez.

Además de la vicepresidenta, también anunciaron la presentación de recusaciones las defensas de Lázaro Báez, Julio De Vido, Nelson Periotti, Héctor Garro y Raúl Santibáñez.

Los recusantes deberán presentar los fundamentos de sus pedidos de apartamiento por escrito, en tanto que al menos el fiscal Luciani anunció que responderá a los planteos (“puedo hacerlo hoy mismo si quieren”, dijo aún sin conocer los fundamentos del resto) de  manera oral.

Giménez Uriburu no anunció de qué manera responderá a los cuestionamientos y se exhibió en cambio con un mate con un escudo con los colores del equipo de fútbol que integra y que le valió la recusación presentada hoy.

La situación de ambos recusados no se definirá mañana: el tribunal debe “correr traslado” de los argumentos de las defensas y éstas, a su vez, disponen de un lapso para replicarlas.

El abogado Mariano Fragueiro Frías, quien  defiende al ex titular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y, de momento,  no anunció recusación alguna, consideró  no obstante que para resolver las recusaciones debería designarse a un tribunal nuevo, según lo establecido por un fallo de la Cámara de Casación, firmado por el juez Gustavo Hornos.

Pero el planteo fue desoído y la decisión la tomarán los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso, compañeros de Giménez Uriburu en el tribunal que celebra actualmente el juicio.

Cualquiera sea la decisión, es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El tribunal resolvió tramitar las recusaciones por “vía incidental”, es decir como una cuestión paralela que deben resolver los jueces que no fueron recusados por el momento, mientras el juicio oral continúa con su desarrollo.

De hecho, el fiscal Luciani inició su exposición de hoy embistiendo contra los contratos adjudicados a empresas de Báez para la “remediación de canteras”, por las que –sostuvo- se pagaron más de 200 millones de dólares por obras que consideró que no eran prioritarias.

Luciani, al igual que en todas las audiencias anteriores, repitió una y otra vez que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, y sobreactuó su “sorpresa” por lo que consideró una “matriz de corrupción”.

Tras una exposición inicial de Luciani, tomó la posta su colega Sergio Mola, quien insistió con la falta de controles en los procesos licitatorios para la adjudicación de obra pública para darle una pátina de legalidad a lo que definió como “una ficción”.

Los organismos que, según el fiscal coadyuvante, debían controlar el proceso licitatorio, “seguían una orden superior que era direccionar la obra pública a las empresas de Lázaro Báez”, afirmó Mola.

Luciani, por su parte, acusó a Lázaro Báez de haber “mentido” para simular una capacidad operativa que sus empresas no tenían y, de esa manera, como parte del supuesto “plan delictivo”, quedarse con contratos de obra pública a los que –consideró- no hubiera podido acceder.

En ese sentido describió los supuestos engaños en que habría incursionado Báez para ocultar la incapacidad que –según su criterio- tenía para cumplir con las tareas a las que se comprometía.

El alegato se reanudará mañana, a las 8.30, con la quinta jornada de las nueve previstas para la exposición de los fiscales.