La legisladora santafesina Mónica Peralta presentó un proyecto en la Cámara Baja solicitando al gobierno provincial que informe sobre el estado del "Plan de remediación de pasivos ambientales" y el "Plan de cierre" de la Petroquímica Bermúdez S.A. ex Electroclor, entre otros aspectos vinculados a la firma mencionada.  

La olla a presión en la que se convirtió el caso Serjal sigue abriendo ramificaciones. En ese sentido se inscribe el impacto de los casos de presunta corrupción en la causa que envuelve a la Petroquímica Bermúdez S.A., una planta situada sobre el río Paraná, a cinco kilómetros del límite con Rosario que el propio fiscal Luis Schiappa Pietra definió como una “bomba ambiental”. De acuerdo con la investigación todavía en curso, el ex fiscal regional había frenado el avance de una causa que apuntaba al desempeño medioambiental de esa empresa.

“Desde hace tiempo los pobladores de la zona reclaman a las autoridades que intervengan en el riesgo ambiental que ese pasivo representa. La afectación a la salud por las sustancias presentes detectadas representa un peligro para las personas”, indicó Mónica Peralta.

Ya se había detectado en el predio de Petroquímica Bermúdez S.A. la presencia de productos químicos peligrosos que ameritaban acciones para evitar una emergencia ambiental con afectación a la población. Pero más tarde, a la luz de nuevas revelaciones, se conoció que en su predio se presume la presencia de sustancias que pueden constituirse en Residuos Peligrosos como Cloro, Amianto, Benceno, Clorobenceno, Ácido Sulfúrico y Amoníaco, entre otros. 

En ese sentido y ante la gravedad de las denuncias, la diputada santafesina contó: “Le solicité al gobierno que investigue el lugar donde se dispusieron las más de ochocientas bombonas de cloro y tanques de tolueno que se declararon presentes en el predio, la forma de tratamiento y el lugar de disposición final del amianto. Pedimos los resultados de los muestreos de contaminantes o sustancias de interés presentes en las napas subterráneas”.

El empresario Sergio Tasselli, dueño de Petroquímica Bermúdez S.A. que se encuentra fuera de funcionamiento, fue procesado en la causa de los “cuadernos de las coimas”. Adquirió la planta en 1998 a Duperial y Celulosa Argentina tras cinco años cerrada. Y veinte años más tarde siguió la misma suerte. Tras dicha maniobra desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica según el acta 197 del Ministerio de Medio Ambiente que consta en la causa. 

“Imaginemos la evacuación de las poblaciones de ciudades como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y buena parte de Rosario. Ese escenario es posible ante el escape de gas de sólo uno de esos 850 tambores de los que se desconocen su procedencia. Provocaría un desastre ambiental. Otra demostración más de que la corrupción mata”, opinó Peralta. 

Hace tiempo, mediante una resolución, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe rechazó el Informe Ambiental de Cumplimiento presentado por la firma por poseer instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas. Ante el incumplimiento, requirió a la Fiscalía de Estado el inicio de actuaciones y se realizó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación.

Recientemente la Cámara Penal de Rosario ordenó la realización de una audiencia imputativa para el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal por impartir órdenes escritas a fin de que no se persiguiera penalmente, es decir que no se investigue, a la petroquímica del Cordón Industrial a la que se le detectaron alarmantes niveles de contaminación por el manejo negligente o doloso de sustancias altamente tóxicas.

“Por todo esto es imperioso que se efectúen las medidas correspondientes y del mismo modo se proceda a realizar la remediación de los pasivos ambientales presentes en el predio”, concluyó la legisladora quien es integrante de la Comisión de Medioambiente y recursos naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados.