El gobierno santafesino presentó el proyecto de presupuesto para el año 2023 con el objetivo de sostener la “solvencia fiscal” y a la vez asignar recursos a programas de impacto socioeconómico como Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito o Plan Incluir. Mientras tanto permanecerán sin modificaciones las alícuotas por el cobro de impuestos a grandes empresas cerealeras (entre otras) que pagan un porcentaje reducido de Ingresos Brutos.

Actualmente en la provincia, y a partir de una suba que posibilitó la Legislatura en 2020, esos sectores pagan el 2% (pagaban 0,2% y 0,25%), siendo que la alícuota básica que establece el Código de la provincia es del 4,5%. De acuerdo a las estimaciones elaboradas en un anexo del presupuesto, en el que se calcula lo que se deja de recaudar producto de esas alícuotas promocionales, tanto en beneficio de este como de otros sectores económicos, la provincia está dejando de percibir más de diez mil millones de pesos.  

Desde la Legislatura provincial, empezaron a escucharse las primeras objeciones en referencia a la hoja de ruta económica para el año que viene. El diputado por el Frente Social y popular, Carlos Del Frade, manifestó: “La llamada solvencia fiscal significa, en buen romance, que las mayores cargas impositivas serán mochilas sobre las espaldas de las familias santafesinas mientras que las grandes exportadoras, una vez más, estarán exentas de pagar ingresos brutos aunque facturen millones de pesos por minuto”.

Más allá del cobro de Ingresos Brutos por operaciones dentro de la provincia, el legislador reclama desde hace tiempo una reforma impositiva para que Santa Fe le cobre impuestos a las empresas agroexportadoras.

En diálogo con Rosarioplus.com, Del Frade explicó: Esto no se menciona en el presupuesto porque se encuentra en el artículo 126, todavía vigente en la Constitución Nacional, que le prohíbe a las provincias cobrar derechos a las exportadoras. Eso se hizo en medio de la guerra del Paraguay, que terminó hace muchísimo tiempo y hoy las necesidades de las provincias están por encima de las nacionales”.

Si bien las exportaciones no pagan impuestos provinciales, las grandes empresas agroexportadoras rinden un mínimo porcentaje de Ingresos Brutos por sus operaciones dentro del país, que se conoce como alícuota diferencial. Aquellas cerealeras con ingresos anuales inferiores a 200 millones de pesos, pagan el 0,20%, mientras que las que superan los 200 millones, pagan el 0,25%.

Más allá de ese cobro efectivo, sigue estando dentro de un esquema de cobro promocional. De hecho, el gobierno provincial calcula lo que deja de percibir por aplicar esa alícuota promocional. Entre ese diferencial sobre Ingresos Brutos para grandes cerealeras, y otros rubros que gozan de beneficios similares en relación a ese impuesto, el Estado provincial dejaría de percibir $10.477.584.691 en el año 2023.

Pero no solo hay cobro diferencial para el concepto Ingresos Brutos. El Impuesto Inmobiliario, Patente, e impuesto al sello también cuentan con exenciones o alícuotas promocionales. De acuerdo al proyecto de presupuesto, con motivo de esos diferenciales, la provincia dejaría de recaudar $42.568.673.556 el año que viene.

De hecho, lo que se conoce como gasto tributario, es decir aquello que el Estado deja de recaudar con el objetivo de ofrecer incentivos a ciertos sectores, creció de un año a otro. Según el presupuesto 2022, lo que dejó de recaudar el Estado representaba un 2,09% de los recursos totales, mientras que para el año que viene, pasaría a representar un 2,26% de esos recursos totales.

Recursos por sector

El proyecto enviado por el ministro de Economía, Walter Agosto, fue acompañado por la Ley Impositiva 2023, que prevé actualizaciones de tributos como la Patente Única sobre Vehículos (con un tope de 50%), y una reducción del impuesto de sellos, que pasará de 0,75% a 0,5%.

Con relación al programa de transferencias corrientes “se destacan los fondos asignados a programas que dan cobertura a vastos sectores de la población, como

Billetera Santa Fe ($ 41.000 millones)

Aportes alimentarios y comedores escolares ($ 20.000 millones)

Boleto Educativo Gratuito ($ 7.732 millones).

Por último, de acuerdo al informe, el programa de inversión pública asciende a $ 293.260 millones, equivalente al 16% del gasto total, con una inversión real directa de $ 240.083 millones y transferencias de capital de $ 46.320 millones a municipios.