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El destituido presidente catalán Carles Puigdemont y sus ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se entregaron este domingo a la Policía en Bruselas, acompañados por sus abogados, cuando pesa sobre ellos una orden de captura de la Justicia española por "rebelión, sedición y malversación".

Una vez que los cinco funcionarios catalanes destituidos ingresaron a una comisaria de policía comenzó a regir un plazo de 24 horas para que comparezcan ante el juez de instrucción designado para decidir cómo la Justicia belga responderá a la orden de captura y entrega emitida por la magistrada de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela. 

Un vocero de la Fiscalía general belga informó en conferencia de prensa que la audiencia y la decisión del juez se podría conocer el lunes a la mañana, según la cadena pública de noticias británica BBC.

Las opciones son que el juez acepte la orden de la jueza española y apruebe la detención preventiva y la futura deportación de los cinco funcionarios catalanes destituidos, que dicte medidas cautelares intermedias sólo para evitar el riesgo de fuga o rechazar completamente la orden de captura. 

El diario El Español ya adelantó que si, como se espera, Puigdemont y sus funcionarios apelan todas las instancias belgas y la Justicia de ese país no rechaza de entrada la orden de captura y entrega de los líderes independentistas, el proceso se podría extender hasta un máximo de 90 días. 

Este plazo, sin embargo, entra en conflicto con el incipiente proceso electoral que abrió la intervención de la región autónoma de Cataluña ordenada por el gobierno de Mariano Rajoy y ratificada por el Senado español para frenar el proceso independentista liderado por Puigdemont.

La semana próxima vence el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del próximo 21 de diciembre que convocó Rajoy para renovar el parlamento regional y con la esperanza de obtener una nueva mayoría legislativa que no impulse nuevamente la independencia de la región.