El 17 de diciembre la ciudadanía chilena deberá votar a favor o en contra del texto redactado por el Consejo Constitucional, dominado por partidos de derecha, que busca reemplazar la Carta Magna elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Cuatro años turbulentos

Este segundo intento por reemplazar el texto constitucional heredado del pinochetismo se sitúa en el marco de los últimos cuatro años, caracterizados por fuertes reclamos sociales y una marcada  polarización política e ideológica.

En octubre de 2019, las masivas e iracundas manifestaciones sociales que se tradujeron en violencia, muertos y heridos, forzaron a la dirigencia política tradicional encabezada por el gobierno conservador de Sebastián Piñera, a buscar una salida institucional a la crisis. Mediante el “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución” se propuso el cambio del texto constitucional de la dictadura por otro que brindara una mirada más moderna e inclusiva. El acuerdo se sometió a la decisión popular y en octubre de 2020, el 78 por ciento del electorado votó a favor de la confección de una nueva Constitución.

La Convención Constitucional creada al efecto en 2021, fue novedosa dentro y fuera de Chile. Contempló la paridad de género, la participación de los pueblos originarios, y estuvo integrada mayoritariamente por convencionales independientes, es decir, que no procedían de las expresiones políticas habituales. Solamente el 36 por ciento militaba en alguna fuerza política tradicional.

Pero el proceso de elaboración del texto constitucional estuvo atravesado por la polémica, dado que proponía una transformación muy profunda de la institucionalidad chilena, que incluía la eliminación del Senado y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Esa propuesta de cambio radical asustó a un sector significativo de la población y provocó un miedo al cambio que fue hábilmente explotado por los sectores más conservadores de la vida política y económica chilena. En septiembre de 2022, mediante referéndum, el 62 por ciento del electorado rechazó la Constitución propuesta.

Semejante revés supuso un duro golpe para el gobierno progresista de Gabriel Boric, quien había comenzado su mandato sólo seis meses antes y había apostado a un triunfo del texto. La misma noche de la derrota, el presidente expresó su intención de convocar a un nuevo proceso de reforma constitucional, aunque también acusó recibo de la derrota y debió emprender un veloz y profundo cambio de gabinete, sacrificando buena parte de su círculo íntimo para integrar representantes de sectores moderados en el comité político, donde se adoptan las principales decisiones.

Con el impulso presidencial, a finales de 2022 el Congreso acordó iniciar un segundo proceso constitucional pero, en virtud de la experiencia fallida, se trazó una ruta muy diferente, con un conjunto de reglas y limites orientados a impedir una propuesta “fundacional”. Se establecieron 12 puntos básicos de acuerdo transversal sobre los que trabajaría un Comité Experto elegido por la Cámara de Diputados y el Senado. Posteriormente, un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos mediante sufragio popular, trabajaría sobre el borrador elaborado por los especialistas.

Ya en mayo de este año, el Partido Republicano, formación de extrema derecha que originalmente no quería cambiar la Constitución de la dictadura, alcanzó el 35 por ciento de los votos en la elección de consejeros constitucionales y logró 22 de los 50 escaños en disputa. La derecha tradicional obtuvo 11 y el progresismo en su conjunto consiguió sólo 17. Además de convertirse en la primera fuerza política chilena, la formación ultraderechista de José Antonio Kast obtuvo el poder de veto y, junto a la derecha conservadora tradicional, la capacidad de proponer, aprobar y modificar el nuevo texto, porque superaban los tres quintos del quorum, sin necesidad de contar con los votos progresistas.

Los 24 expertos habían redactado un borrador marcado por la moderación y los acuerdos políticos transversales, que incluían desde la extrema derecha a la izquierda más dura. La principal modificación que presentaron fue la consagración de que Chile se organizaría como un “Estado social y democrático de derecho”, una lucha impulsada desde hacía años por todo el arco político progresista. El texto propuesto reconocía, por primera vez en la historia, a los pueblos originarios como parte de la Nación chilena. También incorporaba el derecho a la vivienda adecuada, al trabajo decente y velaba por la protección del medioambiente, entre otros puntos. Pero pasaron cosas.

Polémica

El borrador fue sometido al Consejo Constitucional, dominado por las expresiones de derecha, que procedió a efectuar en el texto cambios sustantivos. Pese a que se conservó la consagración de un Estado social y democrático de derecho, la crítica progresista señala que otros artículos vacían de contenido la definición, porque queda limitado o restringido por las propias normas de los derechos sociales como salud, educación y pensiones.

Pero las críticas incluyen otros aspectos polémicos que resulta prudente señalar. El sistema político profundizará el presidencialismo vigente otorgándole mayores facultades al mandatario. Se incorpora la protección de “la vida de quien está por nacer” y que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. Los críticos plantean que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto vigente. El texto también plantea la expulsión “en el menor tiempo posible” de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”. Además, que las personas condenadas a una pena de cárcel podrán solicitar al tribunal la reclusión domiciliaria “siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. Los críticos señalan que esto último podría beneficiar a los 134 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, dado que la mayoría de ellos supera los 70 años.

Otra aspecto polémico consiste en la creación de unos 20 nuevos organismos estatales, la mayoría de los cuales son contrapesos o contralores de los ya existentes. Sólo permanecen libres de supervisión dos órganos unipersonales, el Presidente de la República y el Contralor. Específicamente se evita la creación de la Defensoría del Pueblo, organismo de raigambre legislativa cuya misión es velar por el cumplimiento de los derechos humanos y controlar a la Administración Pública. Chile y Brasil son los dos únicos países de Sudamérica que no cuentan con Defensoría del Pueblo.

Es por estas razones que el arco político está tenso y polarizado entre el progresismo que rechaza el texto constitucional propuesto y la derecha que lo acepta y el debate en torno a él será fuertemente discutido antes del referéndum previsto para el 17 de diciembre.

No obstante ello, hay algunos aspectos que podrían considerarse aproximaciones o coincidencias de los sectores en pugna. El progresismo reconoce que la consagración del Estado Social -aunque limitado-, los avances en materia de modernización del Estado y en algunos aspectos del sistema electoral, y ciertos avances en materia de descentralización, supondrían una mejoría respecto de la situación actual.

La extrema derecha representada por Kast pasó de no acordar con el cambio de la Constitución pinochetista hasta hace poco tiempo, a alentar ahora este cambio en virtud de la posibilidad que tuvo de moldear el nuevo texto.

Sin embargo, hay dos coincidencias implícitas más importantes. La primera es que, de aprobarse en diciembre, la nueva Constitución cerraría el proceso turbulento abierto en 2019, al menos en su variante política, dejando atrás un cúmulo de incertidumbres y divisiones. La segunda, es que sepultaría de una vez y para siempre el texto legado por la dictadura.

Los sondeos de opinión revelan que la intención de voto en contra de la propuesta constitucional es significativamente mayor que la de votar a favor, con alrededor de un 15 por ciento de indecisión. Sin embargo, la tendencia registrada en las últimas semanas revela que la intención de apoyar la propuesta tiende a crecer sostenida aunque lentamente.

En el caso de que el 17 de diciembre la nueva propuesta fuera rechazada, el gobierno de Boric ha prácticamente descartado la posibilidad de enfrentar un nuevo proceso constitucional durante esta gestión. El desgaste político sería excesivo. Definirá la ciudadanía.