Este miércoles se conoció que el gobierno nacional convocó para febrero a sesiones extraordinarias en el Congreso, y en el temario figura el proyecto de Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial.

La iniciativa ya recibió el visto bueno del Senado a mediados de 2021, y se esperaba que reciba tratamiento a fin de año en Diputados, pero eso no sucedió. En medio de las elecciones legislativas y el recambio de legisladores, el proyecto quedó en suspenso y ahora deberá volver a Comisiones para ser debatido nuevamente en la Cámara Baja.

El detalle

El texto aclara que el objetivo es establecer un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal.

De esta manera, propone un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una "serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica" como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas.

Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

SI bien en el Senado tuvo un tratamiento sin mayores obstáculos, el problema surgió para su debate en Diputados, no precisamente por la falta de voluntades, sino más bien por los imponderables del año electoral. La renovación del recinto obligará a un nuevo giro a Comisiones para su posterior tratamiento.

La agencia reguladora

Uno de los aspectos básicos del proyecto, es la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria Cannábica (ARICCAME), estableciendo a la misma como la autoridad de aplicación de la normativa. La Agencia será dirigida por un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, mientras que la presidencia será propuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la vicepresidencia por el Ministerio de Salud.

Los demás miembros serán propuestos por los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia,Tecnología e Innovación; y Seguridad, respectivamente.

Las prerrogativas de ARICCAME, indican en su artículo cuarto que:

Tendrá autarquía técnica, funcional, financiera y jurisdicción en todo el territorio nacional. Será el organismo competente para reglamentar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.

Su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título. Su domicilio se constituirá en la Capital Federal de la República Argentina, su personal se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificatorias, y el control externo será realizado por la Auditoria General de la nación.

La agencia tendrá como función regular y reglamentar la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de Cannabis, del Cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

En caso de aprobarse en la Cámara de Diputados y convertirse en ley, la normativa en cuestión establece que el aprovisionamiento de insumos y derivados para tales fines será cubierto con la oferta generada por aquellos productores debidamente autorizados por ARICCAME, al mismo tiempo que las autorizaciones para la importación deberán ser emitidas por la agencia.

En cuanto a las autorizaciones para el acceso al cannabis con fines medicinales mediante el autocultivo de la planta de cannabis establecido a partir de la creación del REPROCANN, las mismas seguirán estando bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, conforme lo expresan los decretos reglamentarios de la ley 27.350.

En definitiva, el marco normativo busca desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminar con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad. A su vez, promete convertir al cannabis en otro commoditie de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.