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Santiago de Chile. La crisis abierta entre el Partido Socialista (PS) y el Gobierno chileno tras declaraciones de la vocera presidencial sobre supuestos vínculos entre esa formación y el narcotráfico, escaló luego de que el arco opositor cerrara filas con los socialistas y el presidente Sebastián Piñera respaldara los dichos de su portavoz, que aseguró que no pedirá disculpas.

Tras el primer rechazo expresado el martes por los referentes socialistas, la arremetida de La Moneda produjo el efecto de aglutinar a la hasta ahora dispersa oposición, que decidió salir en defensa del PS. 

"Yo creo que Cecilia Pérez hizo una pregunta muy simple", dijo Piñera en defensa de su ministra secretaria general de Gobierno, que el lunes señaló que todos los chilenos deseaban saber qué relación tiene el PS con el narcotráfico.

"Lo que corresponde, más que amenazas, es una respuesta muy clara", sentenció el jefe del Estado.

El primer efecto de la embestida gubernamental fue la decisión transversal del arco opositor de negar el ingreso de los subsecretarios -representantes del Ejecutivo-, a las comisiones del Senado.

La oposición decidió además un eventual apoyo a los socialistas en la anunciada acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por "notable abandono de deberes".

Las llaves de las comisiones legislativas están en manos de la oposición, cuyos miembros presiden a casi todas gracias a un pacto que responde a su condición de mayoría en el Senado.

La acusación a Cubillos, que gatilló el conflicto actual, surgió en medio de cuestionamientos a la gestión de la ministra, por el paro de profesores y la aplicación de la polémica norma "Aula Segura", que en medio de rebrote del movimiento estudiantil permite a los directores expulsar de forma inmediata a los alumnos que se vean involucrados en protestas.

Un segundo efecto, que aparece como el de mayor peligro para el Gobierno, fue el respaldo de la centrista Democracia Cristiana a sus históricos aliados socialistas y la advertencia de que el lenguaje utilizado por la vocera "pone en riesgo la política de acuerdos que ha impulsado esa colectividad".

La traducción en clave política es que un eventual bloqueo parlamentario del conglomerado opositor obstaculizará el avance en reformas claves en la agenda de Piñera, la tributaria y la previsional.

El jefe del grupo de diputados democristianos, Gabriel Ascencio, consideró que la acusación de Pérez al PS es un "ataque deleznable", mientras el Partido por la Democracia (PPD) emitió una declaración pública en la que acusa a la vocera de "enlodar la trayectoria democrática de un partido que ha sido parte de la historia y del presente de Chile". 

Para el timonel del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), Carlos Maldonado, la "política de descalificación, odio, calumnia y división no puede ser parte de comunicaciones de un Gobierno".

Dirigentes de la coalición oficialista "Chile Vamos" salieron a respaldar la postura del Gobierno al subrayar que pedir a los socialistas que aclaren su presunto vínculo con el narcotráfico vale más que "un par de votos" en el Congreso.

Paralelamente, el oficialismo solicitó una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar la penetración del narcotráfico en instituciones públicas y sus efectos, mientras que los senadores de la oposición decidieron acudir al Ministerio Público para obligar a Pérez a fundamentar sus dichos contra el PS.

"En un contexto de desaceleración económica y con una discusión sobre la rebaja a 40 horas laborales que está perdiendo por paliza, el Gobierno no encontró mejor manera de torcer la agenda que encarar al PS vinculándolo con el narcotráfico", señaló el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, citado por el diario El Mercurio en su versión online.