El PRO resucitó a Miguel Del Sel y lo tiró a la cancha en lo que parece ser una operación para agitar la arena electoral. El Midachi se mantenía al margen de la política luego de ser embajador en Panamá y de dos derrotas por pocos votos en la categoría gobernador en Santa Fe, y también tras el escándalo de los irregulares fondos partidarios que lo inhabilitó para  ser candidato. 

Fue el diputado provincial mandato cumplido Raúl "Oreja" Fernández quien deslizó el nombre en una entrevista con Raúl Bigote Acosta en  Cadena OH !: "Si Macri lo llama, es como si lo llamara el presidente de Unión. Seguro se sentará a charlar con la parte que dirige el PRO para ver que es lo que decide o lo que piensa ".

Lo llamativo es que Del Sel estaba totalmente cor tado de la política, ocupado en sus campos y la ganadería, y de repente se agita como candidato. En el momento en que el rompecabezas electoral santafesino empieza a armarse, parece ser una marcada de cancha al socialista Miguel Lifschitz quien analiza ser candidato a senador nacional.

El otro factor es que se está gestando la formación de un Frente Amplio  que incluye al radicalismo, a l PRO y al socialismo. Puntualmente se busca el potencial electoral de Lifschitz. Y ahora, quizás a modo de influir en la decisión, se mencionó a Del Sel como  el candidato de ese frente amplio en una elección que será totalmente polarizada entre Juntos por el cambio y el peronismo, algo que podría restarle oportunidades a Lifschitz. ¿Presión o qué?

Al margen de esta elucubración política, Del Se vuelve a ser mencionado tras la confirmación en 2019 de la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis meses a raíz de que no pudo justificar sus gastos electorales en la campaña para gobernar Santa Fe en  2011.  

También inhabilitó a quien en ese momento era tesorero del PRO y luego fue intendente de Funes, Diego León Barreto. El fallo en primera instancia fue dictado por el juez de Santa Fe Reinaldo Rodríguez,  le aplicó la pena mínima: 6 meses de inhabilitación, por un delito electoral que puede tener una pena de hasta 10 años. Si la operación se convierte en candidatura, ¿rendirá transparencia en sus fondos?