El destituido fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y el empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini sumaron otra imputación penal, ahora por asociación ilícita, en el marco de la resonante investigación que empezó por indagar en el crimen de un apostador en el casino City Center y derivó en un escándalo de sospechas sobre corrupción en la política y en el Poder Judicial. Serjal continuará recluido e prisión preventiva, y Ugolini seguirá en libertad por resolución judicial, aunque los fiscales habían pedido prisión también para él.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra añadieron, en el caso de Serjal, la acusación de haber sido un organizador de la banda, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público, omisión de persecución  peculado de servicios. Tecnicismos que apuntan a que Serjal hizo todo lo contrario a lo que se esperaba de él como fiscal regional de Rosario, con docenas de fiscales a su cargo.

A Ugolini le endilgaron los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, en carácter de autor, en concurso real con Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario.

La banda que describen los fiscales la componían un ex colega, Gustavo Ponce Asahad, el capitalista de juego Leonardo Peiti y el ya fallecido secretario legislativo del Senado provincial, David Paulichenco, y Maximiliano Díaz, un secuaz de Los Monos que está preso, entre otros. Schiappa Pietra y Edery sospechan también del senador Armando Traferri, pero no lo pueden investigar porque el Senado rechazó por mayoría el desafuero del legislador sanlorencino.


"El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos", estipula el acta de imputación firmada por la jueza Eleonora Verón. 

"Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Armando T. y Leonardo P.) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el Dr. Rossini (abogado) y el Sr. Gustavo P.A.). Se desplegó en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, siendo el centro de sus decisiones y negocios la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores". 

El parte oficial del MPA apunta que la gavilla "tuvo tres organizadores: el senador Armando T., Leonardo P., y el ex Fiscal Regional Patricio S.". Concluyen en que Serjal aportó cobertura judicial "abusando de su cargo al dar directivas a Ponce Asahad sobre medidas tendientes a asegurar impunidad para Peiti en causas vinculadas a juego ilegal".

En cuanto a Traferri, los fiscales dicen que "le aseguraba a Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos".

Peiti, en tanto, "tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal. Se valió para ello de la participación de Armando T. quien aprovechando sus influencias se encargó de vincular a Leonardo P. con el ex Fiscal Regional Patricio S. y el ex Fiscal Gustavo P.A. para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal", dice el documento de la imputación penal que prologará un juicio oral y público.

Serjal –sostienen los acusadores– "le brindó a Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función, a cambio de dinero que éste le entregaba periódicamente. Para ello se valió del ex fiscal Ponce Asahad quien se contactaba con Peiti, recibía dinero y cumplía con las indicaciones que Serjal le daba a los fines de evitar que prosperen investigaciones penales en contra de Peiti"

En otro tramo, el acta dice que Serjal "se reunió con Armando T. en fecha 24 de abril de 2017 luego de lo cual le solicitó a Gustavo P.A. que se involucre en las causas sobre juego ilegal que tengan a Peiti y su familia como sospechoso, a los fines de asegurar favores ilícitos para la continuación de esa organización. Patricio S. a sabiendas de una investigación por juego clandestino que tramitaba en la unidad de Delitos Económicos y Complejos el día 5 de diciembre de 2018 permitió que Nelson U. creara, por fuera de la reglamentación vigente, un legajo que se le asigne a Gustavo P.A. con el fin de interferir así en la causa que tenía por objeto la investigación e inmiscuirse en los allanamientos a realizarse por el Fiscal Matías Merlo, de Melincué". 

Luego detallan cómo Serjal "se comunicó con el Fiscal Regional de la ciudad de Venado Tuerto, Dr. Sinópoli, para darle cuenta que quería reunirse con él porque en su Fiscalía Regional se estaban llevando adelante investigaciones por la misma figura delictiva y debían conversar para no entorpecer ni pisarse las investigaciones, formando parte todo ello de una maniobra para interferir en la investigación que estaba llevando adelante el Dr. Matías Merlo en la localidad de Melincué.

Otro de los hechos considerados como probados es una reunión de Serjal con Peiti y Ponce Asahad en un bar de Dorrego al 1100 el 15 de julio de 2019 para hablar de un apriete mafioso que el capitalista de juego sufría a manos de Maximiliano Díaz, quien le exigía dinero a cambio de no dañarlo.

En esa reunión, los tres "acordaron la continuación de entrega de dinero a cambio de dar cobertura judicial ilícita a la actividad de juego ilegal desplegada por la asociación. Patricio S. se reunió en fecha 14 de noviembre de 2019 en el hotel Etoile de Bs. As. con el Leonardo P. a los fines antes señalados. El viaje lo realizó en un vehículo Toyota Corolla,  conducido por chofer oficial, y solicitó a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos en dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923 pesos, lo cual fue aceptado, emitiéndose un cheque a su nombre".

"Patricio S. concurrió al Organismo de Investigaciones del MPA en fecha 16 de junio de 2020 y allí pudo observar una investigación penal en contra Leonardo P. Al otro día volvió a concurrir ahora acompañado por Gustavo P.A. y en fecha 6 de julio de 2020 Leonardo P. deja de utilizar la línea de teléfono, la cual a esa fecha se encontraba intervenida en esa investigación, información transmitida a Leonardo P. por Nelson U. y Aníbal P"

En cuanto a Ugolini, los fiscales lo acusan de aprovecharse de su empleo y su relación laboral con Ponce Asahad, su superior. "Tenía como tareas asignadas dentro de la organización, transmitir información reservada y necesaria para garantizar, desde la Fiscalía Regional, el normal funcionamiento y la continuidad del negocio del juego clandestino montado".

"Así informaba a Leonardo P. sobre las causas en las que él figuraba como sospechoso por juego clandestino y en las que estaban involucrados miembros de su negocio ilícito y sobre allanamientos en domicilios donde existían salas de juego clandestino, y en el momento en que se desempeñaba como empleado en la Oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal” de la Fiscalía Regional.