"Este tema se viene haciendo muy largo, y la realidad nos pasa por arriba. Hay que tomar decisiones y ocuparse de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la vocación de resolver problemas y hacen falta medidas más simples que apunten a objetivos claros y realizables", dijo la concejala, y agregó que el proyecto presentado tiene como objetivo sacar a los choferes de la clandestinidad, darle seguridad a los usuarios y que la empresa pague los tributos locales como cualquier comercio.

En ese sentido, la iniciativa busca superar el estancamiento en el que entró el tema, asumiendo que el uso de las aplicaciones es una realidad que se da sin ningún tipo de regulación, aumentando los riesgos para los usuarios y generando mayor precariedad para los trabajadores. Asimismo, plantea como objetivo que las nuevas modalidades de transporte entre privados cumplan condiciones de seguridad e higiene como las de taxis y remises.

Al respecto, la edila sostuvo: “Lo que tenemos actualmente es el peor de los mundos posibles. No solo es competencia desleal, sino que es clandestinidad y descontrol. Es necesario avanzar en una legislación actualizada que regule el servicio de intermediación entre unidades de transporte privado a través de plataformas electrónicas y usuarios para mejorar la movilidad urbana de Rosario. Esto es lo que se conoce habitualmente como ‘tema Uber’, pero va mucho más allá”.

“Con esto también hacemos una contribución al sistema de taxis y remises. El gobierno local tiene que ocuparse de mejorar ese servicio y generar condiciones para que la movilidad sea mucho más que una consigna. Ordenar y regularizar la situación es el punto de partida. Esto implica desde el pago del DREI por parte de las plataformas hasta la exigencia de condiciones técnicas y sanitarias a los vehículos, además de la licencia profesional para los choferes”, remarcó.

Luego agregó: “Las plataformas prestan un servicio por el que cobran. Ese servicio es el de vincular a personas que necesitan trasladarse con choferes que registran sus vehículos. Esa actividad formalmente hoy no existe en Rosario. Estamos proponiendo crear esa categoría y exigir que las plataformas declaren un domicilio y una facturación para que tributen a nivel municipal como cualquier otro negocio”.

En el proyecto se define al Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas como aquellos servicios que utilizan el sistema de posicionamiento global y permiten conectar a usuarios con conductores registrados, celebrando así un contrato de transporte en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

“El objetivo no es crear una regulación excesiva que avance sobre aspectos que no corresponden y termine por entorpecer y agravar aún más la situación. Por eso, ponemos el foco en el ámbito de competencia municipal. Negando la realidad lo único que se logra es que todos estemos peor”, finalizó.

Propuesta legislativa

Se plantea la modificación de la Ordenanza General Impositiva creando la categoría de Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas, en el marco del artículo 1 del decreto 1818/2014, que comprenderá la intermediación entre unidades de transporte privado y usuarios para la prestación de servicios de traslado en vehículos automóviles, utilitarios, camionetas y/o motovehículos.

La actividad de Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas tendrá una alícuota diferencial del 9% en concepto de DREI, lo que representa 3 puntos más que la alícuota asignada al Transporte colectivo de pasajeros, de carga y encomiendas, que actualmente está en 6%.

En concreto, esto implica que las plataformas que presten este servicio de intermediación deberán declarar un domicilio fiscal en la ciudad y pagar el DREI como cualquier otra actividad comercial, industrial o de servicio.

A su vez, para poder registrarse en las aplicaciones, los vehículos deberán tener pagas las tasas correspondientes a la revisión técnica y desinfección vehicular, tal como lo hacen los prestadores del servicio público. En cuanto a los choferes, deberán contar con licencia de conducir profesional.

La autoridad de aplicación será la Dirección de Habilitaciones, Comercio y Servicios dependiente de la Secretaría de Gobierno, que deberá llevar un registro de las plataformas electrónicas que presten el servicio de intermediación entre choferes y usuarios para efectuar traslados.

Recaudación

El proyecto indica que la recaudación surgida de la alícuota establecida para el Servicio de Transporte Privado de Interés Público a través de Plataformas Electrónicas se destinará al financiamiento de los costos de reparación y mantenimiento de las unidades afectadas al sistema de taxis y remises de la ciudad, así como a la adquisición de equipamiento para dotarlas de mayor seguridad.