En una de las esquinas de las avenidas Francia y Pellegrini crece la preocupación del vecindario junto a las tumbas del cementerio El Salvador. Es que hay luz verde municipal para que una empresa constructora encare un proyecto de tal envergadura que afectaría la calidad de vida del entorno, en concreto, de la habitabilidad de las viviendas de la zona.

Concejales del bloque Frente de Todos - PJ recogieron la inquietud de los vecinos, y lo encuadraron en la ordenanza que el Ejecutivo promovió y consiguió el año pasado en el Concejo y que eliminó el tope de 19 metros de altura como máximo a construir en la parcela situada entre el cementerio y las calles Francia, Pellegrini y Suipacha. Según conjeturan, todo se debe a un lobby de una empresa constructora que encontró el eco necesario en el Palacio de los Leones. Y lo demás, corrió por cuenta del esquema de alianzas que el intendente Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck han sabido construir en el parlamento local. 

Este es el planteo que los vecinos llevaron este lunes a la reunión de la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal.

La beneficiaria de esta modificación en el tope de altura edificable que promovió el Ejecutivo municipal es la empresa GLM S.A., una firma constituida en 2016 a partir de la familia Linari Micheletti. Esta compañía es la propietaria del predio apuntado por el vecindario, y es allí donde por ahora tiene la facultad de erigir una torre de hasta 36 metros de altura, para lo cual estaría tramitando el permiso.

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Tweet de Eduardo Toniolli 🇦🇷

En 2018, ante una propuesta del Ejecutivo municipal de elevar la altura permitida en las construcciones, un grupo de vecinos que ya se veían perjudicados por la cercanía con el cementerio El Salvador, donde los malos olores son moneda corriente, protestaron la medida y lograron que el cuerpo de ediles y edilas sancionara una ordenanza que impedía edificar más allá de los 19 metros de altura en la manzana comprendida por la avenida Pellegrini entre Suipacha, avenida Francia y el mencionado cementerio, explicó la concejala Alejandra Gómez Sáenz.

Pero la situación cambió en noviembre del año pasado, cuando el Ejecutivo volvió a intentar elevar la altura de edificación en esa zona. Esta vez, ya con Javkin en la intendencia, el propósito oficialista fue por la derogación total de la normativa que limitaba la altura edificable. Lo consiguió en el recinto con el voto de la mayoría que tiene el oficialismo, más los aliados con los que cuenta en el cuerpo legislativo local. ⁣⁣

“El Ejecutivo se basa en un informe de impacto ambiental confeccionado a medida por la propia empresa constructora, pero no tuvo en cuenta el que presentaron los vecinos, que da cuenta de manera contundente de la realidad que padecerían en caso de que se permitan los 36 metros de edificación”, señalaron desde el bloque integrado por Norma López, Eduardo Toniolli y Alejandra Gómez Sáenz, coautora junto a Carlos Cardozo (Juntos por el Cambio) del proyecto que busca encontrar una solución que beneficie a los habitantes del lugar. 

“Nos opusimos en su momento, cuando se votó en el Concejo la derogación de la norma conseguida por los vecinos, nos reunimos con ellos y estamos convencidos de que lo más importante es que una edificación de altura en esa manzana la dejaría encajonada, reduciría la ventilación, impediría el ingreso de luz y generaría inconvenientes a nivel salud para quienes viven allí”, argumentaron.

“Lo que esperamos es que el Ejecutivo asuma la responsabilidad, porque hasta ahora lo que hizo es dejar todo en manos del Concejo, como si no tuviera posibilidad de intervención, cuando la norma fue enviada por ellos”, coincidieron los ediles justicialistas, y concluyeron: “En definitiva, que se les dé la voz protagónica a las y los vecinos que son quienes se ven perjudicados en sus condiciones de vida y afectados en su salud”.